Cuatro detenidos por lanzar trozos de adoquines contra el acuartelamiento de la Guardia Civil de Ciempozuelos, Madrid, y subirlo a redes sociales

Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo la detención de 4 personas, a quienes se les atribuyen los delitos de daños y atentado a agentes de la autoridad, ya que durante varios días consecutivos lanzaron fragmentos de adoquines hacia el interior del acuartelamiento de Ciempozuelos.

Las detenciones se han podido llevar a cabo tras lograr identificarlos plenamente por dos vías: las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad y porque los propios jóvenes subieron vídeos de los hechos a sus redes sociales.

Los detenidos, además, han protagonizado otros actos delictivos y se les atribuye un delito contra la seguridad vial por conducir de forma temeraria por las calles de la localidad y otro de daños al fracturar un espejo retrovisor de un vehículo oficial de la Guardia Civil que se encontraba estacionado en vía pública. Así mismo, se ha podido demostrar que son autores de un delito de daños contra un vehículo de la Policía Local del municipio, y de la quema de varios sacos de caucho propiedad de una empresa.

El delito de atentado a agentes de la autoridad

El delito de atentado contra agentes de la autoridad está regulado en el artículo 550 del Código Penal y forma parte de los delitos contra el orden público. Este tipo penal se comete cuando una persona agrede, intimida gravemente o emplea violencia contra una autoridad, sus agentes o funcionarios públicos, o bien opone una resistencia activa y grave mientras estos se encuentran en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas .

La legislación establece que no es necesario que exista un resultado lesivo para que se considere delito: basta con el acometimiento o la conducta violenta o intimidatoria dirigida contra el agente. Además, el bien jurídico protegido no es solo la integridad física del funcionario, sino el principio de autoridad y el correcto funcionamiento de los servicios públicos .

En cuanto a las penas, el Código Penal prevé castigos que oscilan entre los seis meses y los cuatro años de prisión —además de multas— dependiendo de si el delito se comete contra un agente o contra una autoridad, pudiendo agravarse en determinados supuestos, como cuando la víctima ocupa altos cargos institucionales .

Para que este delito se configure, la jurisprudencia exige, entre otros elementos, que exista una acción de fuerza, intimidación o resistencia grave, que el sujeto pasivo sea autoridad o agente en ejercicio de sus funciones y que el autor actúe con la intención de menoscabar o desafiar el principio de autoridad.