El debate sobre la despenalización del aborto en la Argentina ya fracasó – independientemente de su resultado. Fracasó porque el clivaje penalizadores/despenalizadores quedó desdibujado por otros dos clivajes, que no deberían existir: honestos/tramposos y civilización/barbarie. El debate fracasó en el momento en el que uno siente rechazo tanto por quienes defienden la penalización como por quienes se oponen a ella.

Tramposos: Convencer, cueste lo que cueste

Lamentablemente, son muchos los que participan en el debate desde la mala fe, buscando convencer al otro bando apelando a cualquier cosa menos a argumentos sensatos y razonables. Hubo médicos que "debatieron" (con comillas bien grandes) mostrando elementos quirúrgicos que se usan para practicar un aborto, e incluso imágenes de un aborto de un feto de más de tres meses de gestación. Las imágenes son escalofriantes, lo cual "demuestra" que despenalizar el aborto es una bestialidad. Fin de la "argumentación". Uno se pregunta cuántas intervenciones quirúrgicas deberían ser penalizadas si se siguiera esta misma "línea argumentativa" – desde la liposucción hasta el trasplante a corazón abierto, todas muy desagradables a la vista. Esto es hacer trampa, y en nada contribuye al debate público.

También hacen trampa quienes pretenden enmarcar el debate como una cuestión de salud pública que nada tiene que ver con la (in)moralidad del aborto. La protección de la vida humana – la prohibición del homicidio – tiene un fundamento inherentemente moral. El aborto es la terminación voluntaria de una vida humana en gestación. Su prohibición o legalización es una cuestión ineluctablemente moral. Es tramposo plantear lo contrario para simplificar el debate y lograr un (falso) consenso. En ese marco, muchos despenalizadores argumentan que hay que apoyar la despenalización del aborto aunque esté mal abortar. La penalización del aborto, dicen, genera efectos muy nocivos para la mujer relacionados con la clandestinidad del aborto, y no genera el efecto buscado (evitar abortos). Sea legal o no, cuando una mujer quiere abortar, aborta. Por lo tanto, argumentan, dado que la penalización no puede proteger al feto, despenalicemos para proteger, al menos, a las mujeres que van a abortar. El argumento es engañoso. Que se practiquen 500.000 abortos por año en un país de 12 millones de mujeres de entre 15 y 59 años, expone a las claras una aceptación cultural del aborto como solución a un embarazo no deseado, y sugiere fallas graves en materia de educación sexual. Pero además de una cultura abortista y de una mala educación sexual, el número demuestra que el aborto es un servicio de fácil acceso en la Argentina – aunque la ley lo prohíba. Los despenalizadores sugieren, implícita y tramposamente, que la ineficacia de la penalización es inevitable. Esto es falso – la penalización no reduce el número de abortos, pero podría hacerlo. En la Argentina la penalización no es eficaz porque el Estado nunca se tomó el trabajo de aplicar la ley. ¡Pero podría hacerlo! Si para una mujer embarazada que decide abortar es tan fácil dar con alguien que le practique el aborto buscado (como lo sugieren las estadísticas), ¡cuánto más fácil será para el Estado dar con esas clínicas clandestinas y eliminarlas! Si la ley vigente no evita abortos, esto no es culpa de la ley sino de las autoridades encargadas de hacerla valer.

Barbarie: Se debate una ley mientras se desprecia el derecho

Además de la mala fe, se hizo presente en el debate un mal endémico en la Argentina: el desprecio por el estado de derecho. Esto es curioso, dado que lo que se está debatiendo es, precisamente, una ley. Quienes participan en el debate legislativo a favor de la despenalización están dando su apoyo a uno (o varios) de los proyectos de ley presentados. Poco parece interesarles la inconstitucionalidad de esos proyectos despenalizadores, que varios juristas de renombre, como María Angélica Gelli, se han cansado de resaltar. Legalizar el aborto implica desposeer al embrión/feto del derecho a la vida. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que el derecho a la vida se adquiere en la concepción (Art. 4.1). Este tratado tiene rango constitucional en la Argentina (Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), con lo cual en nuestro orden jurídico vigente el embrión tiene el mismo derecho a la vida que la mujer que lo lleva en su vientre. Súmese a esto la Convención sobre los Derechos del Niño, que en el caso argentino (no así en otros) ha sido incorporada a la Constitución bajo la explícita interpretación de que "se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción" (Art. 2º de la Ley 23.849). Por ello, todos los proyectos de despenalización del aborto son inconstitucionales. Si se quiere despenalizar, se debe antes denunciar estos dos tratados, o al menos incorporar una reserva a los incisos pertinentes, lo cual sólo puede hacer el Poder Ejecutivo con la aprobación de dos tercios de cada una de las Cámaras. Los despenalizadores parecen querer despenalizar a como dé lugar, como si nada les importara la Constitución o la coherencia normativa del orden jurídico. Pues si no les importa la Constitución, ¿por qué les importa tanto una ley? La aprobación de alguno de los proyectos despenalizadores sólo puede tener dos resultados posibles: o los jueces anulan la ley por inconstitucional (como debería ocurrir), o aplican la ley a pesar de su inconstitucionalidad (lo cual muchos jueces ya hacen en casos de violación). Ambos resultados son nefastos para el estado de derecho.

Igualmente inquietante es la comodidad de muchos de los penalizadores con el statu quo. Hace décadas que el aborto está penalizado en la Argentina (tal como ellos quieren), pero se estima que se practican medio millón de abortos (ilegales) al año. Según la ley vigente, cientos de miles de personas – médicos abortistas, mujeres que abortan, etc. – deberían ser castigadas año tras año por participar de abortos ilegales. Nada de esto ocurre. Los penalizadores, que ahora se muestran tan movilizados e indignados por el proyecto de despenalización, nunca movieron un dedo para hacer valer la penalización que hoy defienden tan fervorosamente. Si realmente les preocupa tanto la protección de la vida del "niño por nacer", ¿por qué están tan cómodos frente a una desprotección efectiva tan evidente? ¿Por qué les importa tanto la ley, y tan poco su aplicación efectiva?

En la regulación del aborto hay muchas vidas en juego. Es un tema serio que merece un debate serio. Los tramposos que buscan ensuciar las aguas del debate merecen el peor de los repudios. También es despreciable la hipocresía de quienes se desgarran las vestiduras por una ley, pero poco les preocupa la aplicación efectiva de esa ley o de la Constitución. Nadie debe estar cómodo con la regulación efectiva del aborto en la actualidad. Quienes buscan la protección de la vida humana por nacer deben exigirle al Estado que, de una vez por todas, haga valer la penalización del aborto. Quienes buscan expandir el derecho de las mujeres a terminar un embarazo no deseado deben exigir los cambios constitucionales necesarios para que la despenalización del aborto no atente contra el estado de derecho – del cual dependen todos nuestros derechos, incluyendo los de las mujeres. El compromiso con el estado de derecho es innegociable en una democracia. La (des)penalización del aborto inevitablemente involucra los derechos de la mujer y del embrión/feto. El debate, por lo tanto, no puede darse a espaldas del orden jurídico que define y regula esos derechos.

El autor es profesor de Ciencia Política de la Universidad McGill en Montreal, Canadá.