Hacia las reformas estructurales

Se estará desarrollando un proceso de mejora de nuestra competitividad estructural cuando notemos que podemos ir mejorando nuestro "ecosistema competitivo", de manera de permitir incrementalmente a las empresas y los emprendedores competir globalmente, generar utilidades, inversión, empleo e innovación en un marco de respeto a las normas del comercio internacional. De esta manera propenderemos al progreso social, imbuido en los objetivos iniciales planteados por la gestión actual.

Las actuales propuestas de reformas en lo fiscal, laboral, previsional y del mercado de capitales no son concepciones nuevas, aunque a veces la opinión pública y algunos especialistas olvidan lo planteado no hace mucho tiempo.

Recordemos que ya en los albores de su gestión el Gobierno propuso un tránsito gradual hacia una racionalidad en el manejo macroeconómico, una mejora de la competitividad global y sectorial que priorizara las inversiones y las exportaciones. En septiembre de 2016 presentó el Plan Productivo Nacional, que constaba de ocho ejes coordinados para impulsar el crecimiento de la economía y solucionar el problema estructural del empleo: reducción del costo de capital, trabajo de calidad y productividad laboral; infraestructura y energía; innovación, procesos y tecnología; equidad y eficiencia fiscal; defensa de la competencia y transparencia en los mercados; desregulación y facilitación burocrática e integración inteligente al mundo.

Hoy, en línea con los objetivos planteados en el plan y como consecuencia de las medidas gubernamentales inherentes al proceso de "reforma permanente" luego de su consolidación política resultado de las últimas elecciones legislativas, nos encontramos recorriendo un proceso casi inédito de estabilización macroeconómica, y de reformas estructurales a favor de la productividad y la competitividad de carácter simultáneo. Esta simultaneidad adquiere características de mayor desafío.

Todo ello debería llevarnos a una senda de crecimiento sostenible, si continuamos con las bases que en el mundo se encuentran generalmente aceptadas ya hace años, tantos años como los que nuestro país se ocupó de no seguirlas.

En el trabajo "The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development", producido por los premios Nobel de Economía Robert Solow y Michael Spence, se analizaron los factores que posibilitaron que, desde 1950, 13 países crecieran a una tasa promedio de 7% o más durante un período de por lo menos 25 años. La comisión determinó que esos países tenían algunos factores en común: mantuvieron la estabilidad macroeconómica; lograron altos niveles de ahorro e inversión; dejaron que el mercado asignara los recursos; tuvieron gobiernos comprometidos, creíbles y capaces; y mantuvieron un marco institucional en el cual los contratos pudieran ser cumplidos y la protección del derecho de propiedad, establecida.

Es lo que el Gobierno está tratando de ordenar. La comisión, asimismo, advirtió: "Cada país tiene sus características específicas y sus experiencias históricas, que deben ser reflejadas en sus estrategias de crecimiento (…) el impacto de una modificación en las políticas y en las reformas es difícil de predecir; los gobiernos deberían algunas veces ir paso a paso y evitar los cambios bruscos cuando los riesgos potenciales superan a los beneficios; esto limitará el daño potencial de posibles errores y hará más fácil que el gobierno y la economía encuentren la solución".

La sumultaneidad a la que me refería más arriba implica naturalmente estar sujetos a tensiones entre las medidas macro y micro que requieren de los hacedores de políticas la mesura y el timing para gestionarlas adecuadamente.

Son relevantes en este sentido: el desequilibrio externo, la persistencia de la inflación, la tendencia a la apreciación del tipo de cambio, el incremento de la deuda pública y la incertidumbre respecto de la viabilidad de algunos sectores de nuestras manufacturas. Casi todos efectos que son manejables, si se perdura en el esfuerzo y se cuenta con el apoyo político que les otorgue legitimidad a las reformas.

El Gobierno parece bien orientado en lo que hace a lograr legitimidad vía acuerdos. Pero no debe perderse de vista que las reformas pueden percibirse como no perdurables si la macroeconomía no termina de estabilizarse. Es por ello que el enfoque gradual, dándose los tiempos que requiere una sociedad que necesita un cambio cultural y que, en esta etapa, no aprecia los cambios bruscos, es lo más adecuado, como Solow y Spence parecen recomendarnos.