Novedad tributaria: el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono

Días atrás, el gobierno nacional dio a conocer las principales coordenadas del proyecto de reforma tributaria que será enviado al Congreso para su tratamiento. Este paquete de medidas, que procura modernizar y racionalizar el esquema tributario nacional, trae una novedad significativa: propone un impuesto a los combustibles fósiles que estará vinculado con la emisión de dióxido de carbono. De aprobarse, el impuesto, que será un monto fijo, se aplicará inicialmente a los combustibles líquidos para luego, en el año 2020, extenderse al gas, GLP y carbón.

El dióxido de carbono (CO₂) es el principal gas de efecto invernadero, cuyo aumento en la concentración en la atmósfera provoca lo que conocemos como calentamiento global. La principal fuente de generación de CO₂ es la quema de combustibles fósiles —petróleo, gas y carbón.

El 30 de octubre pasado, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció que los niveles de gases de efecto invernadero acumulados en la atmósfera llegaron a su punto más alto en 800 mil años. La comunidad científica no duda de que ese incremento se debe a la actividad humana, y que, de no mermar las emisiones de manera drástica y acelerada, los impactos negativos sobre nuestros ecosistemas, de los cuales depende nuestra subsistencia, serán muy graves.

En virtud de ello, la transformación que está viviendo el mundo en materia energética, si bien tardía en relación con la urgencia climática, se está acelerando. Lo vemos con el avance de las energías renovables —solar y eólica principalmente— en todo el mundo, y en los últimos dos años en nuestro país. Las renovables constituyen las tecnologías más dinámicas dentro de la actividad energética global. También, la reciente irrupción de la movilidad eléctrica, una realidad ya en varios países, promete un avance vertiginoso e imparable.

Para que el avance de las energías limpias se acelere y profundice, y para que la transición energética se produzca a la velocidad que la respuesta al cambio climático requiere, hace falta introducir en la economía algunas señales muy claras. La aplicación de instrumentos que penalicen y pongan un valor económico a las emisiones de carbono es uno de los caminos para ello.

Entre los tipos principales de fijación del precio del carbono, el impuesto a las emisiones de CO₂, tal como lo plantea el proyecto de reforma tributaria, es el enfoque más simple. Se establece directamente un precio del carbono mediante la definición de una tasa impositiva sobre las emisiones, o más comúnmente sobre el contenido de carbono de los combustibles fósiles. La aplicación de este tipo de impuesto busca enmendar una distorsión: la de las externalidades negativas que caracterizan a este tipo de combustibles —emisiones de CO₂— que no han sido internalizadas en la ecuación económica de los hidrocarburos.

Los precios del carbono tienen el objetivo de enviar la señal correcta, tanto para las inversiones como en las conductas de los consumidores. La necesidad cada vez más acuciante de desalentar el consumo de combustibles fósiles hasta su abandono y de su reemplazo por tecnologías sin emisiones hará que, en los próximos años, este precio vaya en aumento. Por otro lado, la evolución de las negociaciones internacionales en materia de cambio climático hará que cada vez más países adopten medidas similares. De esta forma, la competencia con las nuevas tecnologías será más leal, tanto al eliminarse progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles como al explicitarse sus verdaderos costos económicos y ambientales.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal), hacia 2014 Venezuela, México, Ecuador, Argentina y Colombia eran los países latinoamericanos con mayores distorsiones en los mercados de combustibles, debido a la existencia de subsidios a la nafta y el diesel. Este tipo de subsidios, al no reflejar las externalidades negativas, producen el aumento de la demanda de los derivados del petróleo e impiden el desarrollo de alternativas, como la movilidad eléctrica, y fomentan el uso del transporte privado por sobre el transporte público, por ejemplo.

A nivel internacional, países como Gran Bretaña (desde 2013), Francia (desde 2014), Portugal (2015) o Sudáfrica (2017) ya cuentan con impuesto a las emisiones. En la región, Chile y Colombia han establecido su propio impuesto este año y México viene avanzado desde 2014.

Por otro lado, y en comparación con los países miembros de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), que cuentan en promedio con impuestos relacionados a la protección ambiental del 1,6% del PBI, Argentina estaría alcanzando un 1,1 por ciento.

Este pequeño pero significativo paso es el comienzo de una reforma fiscal que deberá irse realizando en los próximos años de modo que la economía brinde señales virtuosas en lo referente a la lucha contra el cambio climático, con el objetivo de alcanzar las metas económicas, sociales y ambientales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nuestro país ha asumido ante las Naciones Unidas.

El autor es diputado nacional, Cambiemos.