Por qué la explosión de juicios laborales perjudica al trabajador argentino

Me gusta pensar que los abogados intervenimos en los conflictos cuando el diferendo resulta insuperable para las partes involucradas y para colaborar en una justa solución. Por eso, apuro siempre la aclaración de que los abogados no vivimos de tramitar pleitos, sino de resolverlos.

Escucho, entonces, con aflicción, pero no menos decepción, las declaraciones de distintos colegios de abogados que salieron al choque de las recientes y duras palabras del presidente Mauricio Macri. Esperaba otra cosa de ustedes, señores miembros directivos de las distintas instituciones. La realidad no se puede negar y mandarlo al Presidente a denunciar e investigar es cobarde.

Las palabras de nuestro primer mandatario hacia los colegas fueron duras, muy duras, pero más dura es la realidad, aunque parezca una frase dicha. Quienes caminamos los pasillos del fuero laboral sabemos que más de cien mil sorteos al año en la Ciudad de Buenos Aires que se distribuyen en 80 juzgados, donde un tercio de los cuales tienen jueces subrogantes, es mucho más de lo que una repartición puede recibir.

Algo anda mal. No sólo con las palabras o el ámbito utilizado por el Presidente para poner en el tapete una verdad que se rumorea en los pasillos de los tribunales del trabajo, pero que todos callan. Algo anda mal si negamos, si callamos, si nos mantenemos obstinados en defender la actuación de colegas, con la connivencia de magistrados, que resienten la administración de justicia. Peor aún, que denigran nuestra querida profesión, alimentando el inconsciente colectivo de que el abogado es ese ser "pendenciero, conflictivo, ventajero o mafioso", como lo afirmó el soliloquio en cuestión.

Los actores del derecho no podemos eludir la responsabilidad social que involucra nuestra tarea; sean los jueces en sus decisiones, los abogados en sus escritos y actuación judicial, o los legisladores y los políticos definiendo las leyes que regirán la actuación ciudadana. No podemos asistir paralizados, o más bien, agazapados a la espera de la asunción de responsabilidad por parte de otros, a la inaceptable demora en la tramitación de los litigios, agravada por el descomunal volumen de causas, o bien a las inexplicables resoluciones que premian a reclamos inescrupulosos, para mantener o engrosar la estadística de aceptación de demandas que ciertos juzgados exhiben cual cucardas.

Debemos ser conscientes de las nefastas consecuencias que ello apareja no sólo en relación con la correcta administración de justicia, sino y principalmente, respecto al mercado laboral en general. El contexto económico en el cual vivimos, sumado a la imposibilidad de las empresas de medir riesgos de la actividad en términos precisos, debido a la inmanejable inseguridad jurídica generada por vaivenes judiciales producto de la inadecuada politización del fuero, hace que la actividad laboral se mantenga en recesión y que la lluvia de inversiones esperada por todos no llegue.

En suma, convencida de que la verdadera protección de los trabajadores radica en un mercado laboral sano, con reglas del juego claras para las empresas y los emprendedores, con puestos de trabajo disponibles que les ofrezcan a los dependientes la posibilidad de promoverse en sus empleos, entiendo que debemos impulsar el demorado y, muchas veces, silenciado debate sobre la crisis actual del fuero laboral. Ello, con la esperanza de que, junto con otras medidas importantes y necesarias, como la creación de estímulos a las empresas, fortalecerá el crecimiento del empleo y, fundamentalmente, la salud del sistema de administración de justicia.

La autora es miembro del Departamento Laboral Aguirre Saravia & Gebhardt Abogados