El año pasado fue complejo para la economía argentina. La administración Macri evitó un escenario cambiario disruptivo (pese a no contar con reservas internacionales, la salida del cepo fue exitosa) y logró reinsertar comercial y financieramente a nuestro país (eliminación de las DJAI y acuerdo con los holdouts, respectivamente).
Sin embargo, las principales variables económicas mostraron un deterioro significativo en 2016: la inflación se aceleró (rozando 40%), la actividad cayó más de 2% y, pese a los recursos adicionales por las multas del blanqueo y el recorte de subsidios a los servicios públicos, el Gobierno no pudo reducir el déficit fiscal (aunque sí bajó la presión impositiva).
Para este año las perspectivas son algo más alentadoras: la inflación tiende a moderarse, la actividad podría recuperar el terreno cedido en 2016 y es probable que haya una leve reducción del déficit primario del sector público nacional. Puede parecer poco para un año electoral, pero el Ejecutivo podría mostrar simultáneamente mayor actividad con menor inflación y déficit.
Sin embargo, las metas pautadas por el Gobierno para 2017 son más ambiciosas: déficit primario del sector público nacional de 4,2% del PBI; inflación entre el 12% y el 17% anual; y crecimiento del PBI de 3,5 por ciento. A esta altura del año cumplir con estos tres objetivos luce casi imposible, por lo que la pregunta clave a dilucidar es cuál va a priorizar el Gobierno.
En primer lugar, no hay margen para corregir nuevamente la meta del déficit. A principios del año pasado, el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, anunció un sendero de reducción del rojo fiscal para alcanzar el equilibrio primario en 2019. Pero a fines del año pasado se aprobó el presupuesto 2017 con una meta de déficit primario más elevada (pasó de 3,3% a 4,2% del PBI). A principios de este año, el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aplicó aún más gradualismo al sendero de reducción del déficit en los próximos dos años, por lo que el bache fiscal alcanzaría 2,2% del PBI en 2019.
Un nuevo cambio en las metas fiscales sería letal para la confianza de los inversores que están financiando al Gobierno. Como en la historia de "Pedro y el lobo", un nuevo relajamiento de las metas fiscales haría perder credibilidad respecto de la reducción del déficit fiscal en nuestro país. Es por ello que el Ministerio de Hacienda hará lo imposible para alcanzar la meta pautada, apelando a la contabilidad creativa de ser necesario (en el primer trimestre de 2017 se computaron pagos con bonos de la multa del blanqueo como ingresos tributarios).
En cuanto a la meta de inflación, el arranque del año muestra un desvío importante respecto de lo pautado por el Banco Central (BCRA). Pese al dólar planchado y que las principales paritarias aún no han cerrado, la suba del IPC-GBA-Indec acumuló 6,3% en el primer trimestre. A esta altura, cabe preguntarse por qué el Central se autoimpuso una meta tan exigente. La hipótesis más plausible es un error de cálculo: la autoridad monetaria subestimó el impacto del alza de tarifas (efecto indirecto y sus implicancias por el lado de las expectativas y la puja distributiva) o fue sorprendida por la magnitud del ajuste de las tarifas (lo que demostraría un serio problema de coordinación o falta de una hoja de ruta del equipo económico).
El BCRA ha decido enfrentar el dilema autogenerado con una suba significativa de la tasa de interés. Lamentablemente, una política monetaria contractiva no garantiza el cumplimiento de la meta de inflación. A diferencia de otros países de la región, el impacto del alza de la tasa de interés sobre la suba de precios es acotado, ya que el actual proceso inflacionario no responde tanto a una inflación de demanda, sino al alza de costos y una elevada inercia. Y para lidiar con estos dos factores, se necesitan otras herramientas de política económica.
En el corto plazo la suba de tasas de interés puede acotar algo la inflación, pero tensiona el tercer objetivo oficial: crecimiento de 3,5% del PBI. En defensa del presidente del BCRA, la pauta de crecimiento para 2017 lucía de difícil cumplimiento antes del reciente endurecimiento de la política monetaria. Debido al nulo arrastre estadístico que dejó el PBI del cuarto trimestre de 2016, para crecer en promedio 3,5% este año, el PBI debería trepar, en términos desestacionalizados, a un ritmo trimestral de casi 1,5 por ciento. Esto implica un crecimiento entre puntas (cuarto trimestre de 2016 y fines de este año) cercano al 6%, tasa "china" que luce demasiado optimista en el actual contexto.
Ahora bien, a diferencia de lo que mencionan las autoridades económicas, la desaceleración de la inflación no es reactivante en el corto plazo. El impacto de la suba de tasas en el crédito y en el incentivo a la apuesta financiera por sobre lo productivo afecta decisiones de producción e inversión. Incluso, la mejora del poder adquisitivo en moneda dura (producto de un dólar planchado) no repercutirá significativamente en la actividad interna, puesto que estimula principalmente el consumo de bienes y servicios dolarizados (importaciones, turismo en el exterior, compras en países limítrofes, etcétera).
En síntesis, es probable que en 2017 la economía argentina crezca, reduzca su tasa de inflación y modere el rojo fiscal. Sin embargo, difícilmente logre cumplir las metas cuantitativas que se planteó el oficialismo. La subestimación de los problemas económicos o la sobreestimación de las posibilidades de revertirlos están llevando al Gobierno a no cumplir con las expectativas generadas por segundo año consecutivo.
Este error sistemático tiene costos en materia de credibilidad y no le permite al Gobierno capitalizar la mejoría de la economía (aunque esta sea acotada). Asimismo, desnuda la falta de consistencia en las pautas oficiales: ya sea por un diagnóstico equivocado o por problemas de coordinación, el equipo económico no está trazando metas plausibles.
Por último, el rumbo económico comienza a mostrar señales de fragilidad: se necesita encauzar los desequilibrios macroeconómicos que aún persisten en Argentina. Ojalá que el Gobierno tenga la visión y la fortaleza política para rectificar el rumbo tras las elecciones legislativas.
El autor es economista jefe de Ecolatina. Es licenciado en Economía y magíster en Economía (Universidad Torcuato Di Tella).
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