Caso Báez-Fornasari: un mentiroso sistema de seguridad policial y judicial

Estaba recordando, querido amigo lector, aquellos años de nuestra infancia. Teníamos a nuestros famosos superhéroes, Batman, Superman, el Zorro. También teníamos una suerte de trilogía invocada invariablemente por nuestros padres cuando, en una suerte de anticipo a la recomendación del papa Francisco, hacíamos lío.

Allá lejos y hace tiempo, seguramente en una actitud muy reprochable con los cánones de estos tiempos en que debemos cuidarnos de no caer en discriminación, estigmatización o alguna otra actitud censurable, los viejos tenían siempre tres ases bajo la manga para llamarnos al orden: el cuco, el hombre de la bolsa y el inefable policía de la esquina. Es que ese señor era la autoridad, nos asustaban con la frase: "Si no tomás la sopa, llamo al vigilante", aunque también nos recomendaban que si estábamos solos en la calle y teníamos el menor problema, buscáramos entre la gente a un vigilante.

El uniforme azul era, en aquellos años, el símbolo del respeto, del orden, de la legalidad. En muchas ocasiones la policía hasta zanjaba disputas entre vecinos, peleas de matrimonio y hacían las veces de celadores que nos reprendían si nos mandábamos alguna macana.

Luego vinieron aquellos años locos en los que la violencia política de los "jóvenes idealistas" encendió una mecha que llevó a muchos de esos representantes de la ley a comenzar a incumplirla. A veces invocando razones de servicio y algunas otras en beneficio propio. Y si bien siempre hubo buenos y malos policías, también siempre hubo buenos y malos médicos, arquitectos, sacerdotes, tal como lo manda inexorablemente la condición humana. Y no por eso hemos prescindido de ninguno.

Llegaron los ochenta y ya éramos mayorcitos, la democracia se propuso poner la casa en orden y mostrarles a los uniformados de toda clase que no sólo no eran más que los que vestían de paisano sino que tal vez hasta eran un poquito menos.

Entonces confundimos la sanción a los que abusaron del poder que la patria les había delegado con el castigo terminal a las instituciones a las que pertenecían. Destruimos a las Fuerzas Armadas como pena accesoria a las sanciones impuestas a un puñado de militares que no llega ni al 0,5% del total de los cuadros activos en los años de plomo.

Las fuerzas de seguridad no fueron la excepción. Primero, se eliminaron los edictos policiales, luego, la posibilidad de interrogar a un sospechoso, ni que hablar de pedirle documentos a un transeúnte y mucho cuidado con pegarle un grito a un ciudadano para que se detenga. Aún tengo fresco el recuerdo de una participación personal en un allanamiento como testigo civil donde terminé siendo más maltratado yo que el presunto delincuente. Al menos a él no lo obligaron a decir en voz alta y frente a mí, domicilio, número de documento y teléfono. A mí, por negarme a dar mis coordenadas frente a un presunto criminal, me amenazaron con esposarme por desacato.

En fin, lo cierto es que la autoridad policial severamente recortada transformó a los miembros de las fuerzas de seguridad en los meros ojos de fiscales y jueces a los que ante el menor ilícito deben recurrir a efectos de darles parte y solicitarles instrucciones. Estos nobles miembros del Poder Judicial de la Nación son obviamente letrados expertos en obligaciones policiales y derechos ciudadanos, manejan el Código Penal con solvencia y gracias a su proverbial sabiduría impiden, para fortuna de todos (de todos los delincuentes), que algún salvaje cabo, sargento o incluso comisario cometa un exceso. Aleluya.

Ahora bien, hace pocos días, un joven oficial de la (casi desguazada) Policía Federal le propinó una formidable cachetada a todo un mentiroso sistema de seguridad policial y judicial en el que hace años estamos envueltos y cuyos resultados están a nuestra vista cada mañana, cuando recibimos, a través de radio, televisión y demás medios de comunicación, la trágica lista de muertos víctimas de la inseguridad.

El oficial ayudante Báez actuó con inteligencia policial, impertinencia juvenil y osadía procesal. Se tomó el atrevimiento de molestar al funcionario judicial en turno para reportar que el personal a su cargo había encontrado algo sospechoso, había actuado y mientras logró aprender a un individuo con sustancias ilegales en su poder, otro presunto delincuente había huido en su vehículo "a la veloz carrera" (qué frasecita).

La conversación es rica en terminología policial, rigurosamente aprendida en la escuela de cadetes por este joven servidor público que aún huele a cadete. Masculino, NN, personal de facción, actitud sospechosa, y otras. La conversación es rica en insultos, maltrato, desprecio, arrogancia y una total falta de consideración por parte de su interlocutor, el hoy suspendido secretario penal Fornasari.

La situación es patética por donde se la mire y debe necesariamente llamar a una profunda revisión de los tan mentados protocolos en vigor para estas ocasiones. Este oficial podría haber hecho infinidad de cosas. La más fácil seguramente, no haber hecho nada, total, para Fornasari el hecho era una insignificancia.

Podría Báez ser un buen policía, a lo Fornasari y hacer todo por su cuenta para no molestar a "su majestad" y llamarlo en un horario más de caballeros. Pero a lo mejor Fornasari venía de pasar una mala noche y lo procesaba por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tal como pasó con muchos de los prefectos a los que el país formó para cuidar las aguas y luego envió a cuidar a jóvenes danzantes en una fiesta electrónica.

Pero Báez eligió hacer lo que el protocolo dice y ello le valió el insulto más vil que un subordinado puede recibir de un superior. Fornasari insultó a su madre. Antirreglamentariamente, Báez, al igual que están haciendo casi todos los efectivos policiales por estos días, grabó la conversación. Esto le va a valer un dolor de cabeza, pero a Fornasari le va a doler todo el cuerpo, máxime cuando si —como es de esperar— sale eyectado de Tribunales para regresar a Comodoro Py sólo como procesado.

Muy rápido de reflejos, el jefe de Fornasari, el juez federal Julián Ercolini, le quitó al fiscal dormilón y mal hablado su papel de enlace con las fuerzas de seguridad. Para echarlo, el trámite es más complicado, aunque si algo de honor le queda a ese nefasto personaje, tal vez renuncie.

Uno no puede dejar de preguntarse, ¿Ercolini? ¿El mismo juez que metió preso a Ricardo Jaime? ¿El mismo que tenía la causa Papel Prensa? ¿El mismísimo del tema Hotesur? ¿Ese señor importante de la Justicia federal nacional es el mismo que tiene que entender en el problemita que le generó al sistema judicial el niño Báez? Pues sí, es él en persona, porque, aunque parezca increíble, la estructura judicial en vigencia hace que el mismo juez que investiga causas que pueden dar vuelta el futuro político del país se ocupe de ver qué correctivo le pone a un vago que maltrató a un poli que no había apresado a Pablo Escobar Gaviria sino a un dealer de barrio.

Algo está mal. Algo bastante más pesado que el irresponsable doctor Fornasari. Si resulta imposible a esta altura de nuestra evolución filosofal en materia de derechos humanos y asistencia al delincuente dejar que un "cana" haga su trabajo, desarrollemos al menos una instancia judicial que pueda darse el lujo de tener a un tipo en pijamas en su casa, pero con ganas de atender el teléfono y que no se enoje por ser molestado por una nimiedad. La próxima víctima de la droga, por citar este caso, podría ser su hijo, el mío o el del propio Fornasari.