Maldita efedrina

Blanca y radiante, la pseudoefedrina emergió cual un tesoro escondido del fondo de la oscuridad. Diez barriles, a 25 kilos por cada uno, lo que da unos suculentos 250 del codiciado precursor químico olvidados en los intramuros del insondable depósito aduanero de Ezeiza.

Lejos de aportar transparencia y claridad el mediático hallazgo, hundió al Gobierno en un enredo de desenlace todavía impredecible.

El demorado trámite de pasar a rezago para su destrucción del cargamento que aguardaba un destino desde 2011 se complicó mal cuando Juan José Gómez Centurión, el suspendido e investigado jefe de la Aduana, presentó a la Justicia la información de la existencia y la precisa localización de los bultos de la maldita sustancia. Dijo haber recibido una denuncia anónima y la llevó a la Justicia.

Un gesto ponderable, si la mismísima Patricia Bullrich no lo hubiera cruzado de inmediato asegurando en los medios que el desplazado funcionario sabía desde mayo de la existencia de los barriles y que nada hizo al respecto hasta verse acorralado por las circunstancias que hoy lo fatigan y tomar conocimiento de que la novedad estaba en letra de molde en el boletín oficial.

"No tengo ninguna interna con Gómez Centurión", aclaró la ministra, la misma que hace apenas unos días llevó a Mauricio Macri los audios que comprometen al ex militar, y lo dejaron afuera del Gobierno y dentro de los tribunales.

La seguidilla dejó a la intemperie recelos, desconfianzas y enfrentamientos.

Los forcejeos previos a este correveidile incluyen diferencias con la Administración Federal de los Ingresos Públicos (AFIP). Hay documentos oficiales que aseguran que ya había orden de destruir la droga.

Con la firmeza que lo caracteriza, Alberto Abad, titular de la AFIP, venía resistiendo los requerimientos de ampliar las competencias administrativas del ex carapintada.

Las tensiones que explotaron con el asunto de los barriles vienen de atrás e incluyen la resistencia de Gómez Centurión a dar entrada a las fuerzas federales de seguridad en la Aduana para investigar narcotráfico y contrabando. Para Patricia Bullrich, el funcionario prefería "cortarse solo" en este y otros tantos asuntos.

Acorralado en la Justicia, pero respaldado por Macri, quien asegura que lo repondrá en su cargo si es sobreseído. El funcionario sugiere que detrás del anuncio de la quema de la mercadería criminal hay un intento de hacer desaparecer la documentación y borrar la trazabilidad del despacho narco. Que cada uno interprete lo que quiera.

En el vértigo de la refriega mediática pasó a segundo plano quién y para qué gestionó la importación de la sustancia y por qué nadie reclamó el cargamento que ahora se sabe que se facturó en 16.250 dólares, cuando en el mercado negro mexicano cotizaba en torno al millón de la moneda norteamericana.

El dato de que la mercadería estaba en tránsito era de un conocido laboratorio y que la factura fue emitida por la sucursal suiza de la firma Chemo y que el supuesto comprador era la paraguaya Comfar S. A.; para ser destinada a la producción de un antigripal, se supo por medios periodísticos y aún no consta en la causa que tramita por ante la jueza María Romilda Servini de Cubría.

Tampoco tiene respuesta otra pregunta maldita. ¿Por qué durante más de cinco años la efedrina durmió en los reductos oficiales sin despertar revuelo ni sospecha?

@monigps

La autora es periodista. Trabajó en radio y TV, y recibió múltiples reconocimientos, como los premios Konex y Martín Fierro, y la distinción Alicia Moreau de Justo.