Costa Rica expresó su apoyo a seis organizaciones juveniles y estudiantiles de Nicaragua que denunciaron la crisis de derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una señal de respaldo diplomático a los sectores que reclaman la recuperación de las libertades civiles y políticas en el país centroamericano.
La representación permanente costarricense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) envió el 21 de octubre una comunicación a los grupos, que habían dirigido una carta el 24 de septiembre a la entonces ministra interina de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Indiana Trejos Gallo.
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Según informó Artículo 66, la misión de Costa Rica señaló que las preocupaciones planteadas por las organizaciones fueron recogidas en la resolución aprobada el 2 de octubre durante la 31ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. El texto regional reclama medidas para frenar el deterioro institucional en Nicaragua y restablecer derechos suspendidos o restringidos.
La carta estuvo dirigida a la Alianza Universitaria Nicaragüense, la Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses, el Movimiento UNA 19 de Abril, el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, AVANZA-Acción Universitaria y la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua. La diplomacia costarricense reconoció el aporte de esas agrupaciones y destacó el papel de los jóvenes en la búsqueda de una salida democrática.
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La resolución de la OEA plantea la liberación incondicional de las personas detenidas por razones políticas y la divulgación del paradero y la situación de quienes permanecen desaparecidos de forma forzada. También pide la restitución de la nacionalidad y de los derechos civiles y políticos a quienes fueron privados de ellos.
El documento reclama el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión, además de garantías para el funcionamiento de organizaciones civiles, medios de comunicación independientes, universidades y asociaciones empresariales. También solicita la devolución o compensación de bienes confiscados.
En el plano institucional, la OEA instó a recuperar la independencia de los poderes públicos, la separación de poderes y las condiciones para elecciones libres, justas, inclusivas y con observación internacional creíble. La resolución prevé un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, que debía comenzar sus labores dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del texto y presentar recomendaciones en un plazo de 60 días.
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Costa Rica reafirmó, de acuerdo con la información publicada por Artículo 66, su compromiso con los derechos humanos del pueblo nicaragüense y con una solución pacífica y democrática. El país también planteó ante la OEA la necesidad de que la respuesta regional no se limite a declaraciones de preocupación.
La presión internacional combina reclamos diplomáticos y sanciones selectivas
La iniciativa regional se suma a otras medidas y pronunciamientos contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Reuters indicó que República Dominicana anunció el retiro de su embajada en Nicaragua durante la reunión de cancilleres. Managua abandonó formalmente la OEA en 2023, pero el organismo sostiene que Nicaragua mantiene obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Estados Unidos, por su parte, mantiene sanciones contra funcionarios, familiares del matrimonio gobernante y entidades vinculadas al Estado nicaragüense. La Oficina del Representante Comercial estadounidense anunció además un arancel gradual para importaciones nicaragüenses que no estén cubiertas por el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos: la tasa será de 0% en 2026, subirá a 10% el 1 de enero de 2027 y llegará a 15% en 2028.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas documentó 199 detenciones por motivos políticos entre abril de 2025 y mediados de enero de 2026, de acuerdo con un reporte citado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. La nueva instancia de seguimiento de la OEA deberá evaluar si Managua atiende las exigencias regionales y proponer medidas diplomáticas y jurídicas no militares.
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