Verde, amarillo o rojo: así se decidirá el futuro de las casas dañadas por el terremoto en Panamá

El Gobierno de Panamá pondrá en marcha un sistema de identificación de viviendas afectadas por el terremoto del 9 de octubre, mediante etiquetas de colores que permitirán establecer cuáles edificaciones pueden utilizarse, cuáles presentan restricciones y cuáles deben permanecer desocupadas por razones de seguridad, como parte del proceso de evaluación y recuperación de las comunidades damnificadas.

La iniciativa contempla tres categorías de señalización: verde, amarilla y roja, siguiendo los criterios de la guía técnica ATC-20 (Applied Technology Council 20), utilizada para evaluar edificaciones después de un terremoto.

La clasificación estará a cargo de profesionales competentes, quienes determinarán las condiciones de las estructuras y las medidas necesarias para proteger a sus ocupantes.

Las edificaciones identificadas con etiquetas verdes podrán utilizarse bajo las condiciones establecidas por los evaluadores, aunque esto no significa necesariamente que estén libres de daños. Las amarillas tendrán restricciones de acceso o utilización, mientras que las viviendas señalizadas con rojo deberán permanecer desocupadas hasta que una evaluación competente determine que existen condiciones seguras.

El director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith Gallardo, explicó que la aplicación de este procedimiento requiere evaluaciones realizadas por profesionales idóneos, debido a que las decisiones sobre habitabilidad y seguridad estructural corresponden a las entidades competentes.

Sinaproc participará en la coordinación institucional, la identificación de riesgos y la orientación de las familias afectadas.

Las autoridades advirtieron que la señalización deberá interpretarse conforme a las indicaciones del personal técnico responsable, especialmente cuando existan daños que no resulten evidentes a simple vista.

Una etiqueta verde no constituye una garantía absoluta de seguridad, mientras que las restricciones establecidas mediante señalizaciones amarillas o rojas deberán respetarse hasta que se determine la posibilidad de utilizar nuevamente las edificaciones.

El anuncio forma parte de las medidas de atención a las familias afectadas por el movimiento sísmico, que provocó daños en viviendas e infraestructura de distintas comunidades del país. La información fue presentada durante una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencias, con la participación del ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza.

Como parte del balance institucional, Sinaproc informó que sus equipos mantienen recorridos por las comunidades afectadas, mediante labores de identificación de riesgos y recopilación de información sobre los daños reportados.

Estas acciones permitirán establecer las necesidades prioritarias de las familias y fortalecer la coordinación con las instituciones responsables de la atención y recuperación.

Los resultados de las inspecciones también servirán para orientar las decisiones sobre rehabilitación y reconstrucción de viviendas, así como para identificar las condiciones habitacionales de las comunidades perjudicadas.

El proceso se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y otras entidades competentes, de acuerdo con sus respectivas atribuciones.

Las autoridades señalaron que la recuperación temprana dependerá de las evaluaciones técnicas realizadas en las estructuras, así como de la identificación de familias que requieren atención prioritaria.

Estas verificaciones permitirán planificar medidas dirigidas a restablecer progresivamente las condiciones de vida de quienes sufrieron daños en sus propiedades.

Durante la presentación también se dieron a conocer los avances de Panamá Conecta, una plataforma digital vinculada al sitio web institucional, diseñada para facilitar el acceso de la ciudadanía a información sobre la emergencia.

La subdirectora general de Sinaproc, Maltizie Rivera, explicó que la herramienta permitirá consultar los avances de las acciones institucionales dirigidas a las comunidades afectadas.

La plataforma se desarrolla junto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), con el propósito de fortalecer la comunicación pública y facilitar el seguimiento de las medidas adoptadas.

Según las autoridades, la iniciativa busca mejorar la transparencia y coordinación durante las distintas etapas de atención a las familias damnificadas.

El Gobierno sostuvo que la identificación de daños, las evaluaciones estructurales y el acceso a información institucional serán componentes del proceso de recuperación posterior al terremoto. Sin embargo, el comunicado no precisa cuántas viviendas han sido inspeccionadas ni establece un calendario para completar la clasificación de las edificaciones afectadas.

Como parte del último balance de la emergencia, las autoridades mantienen las evaluaciones de viviendas e infraestructura afectadas por el terremoto, principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

Los reportes preliminares habían identificado más de 1,200 viviendas con daños, mientras continúan las inspecciones para determinar la magnitud de las afectaciones y las necesidades de las familias damnificadas.

En materia de infraestructura pública, el terremoto también provocó afectaciones en 619 centros educativos y nueve puentes, de acuerdo con los reportes divulgados durante los primeros días de la emergencia. Las autoridades han concentrado parte de sus esfuerzos en verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones, con el propósito de establecer cuáles requieren reparaciones y cuáles pueden continuar funcionando.

Para atender las consecuencias del desastre, el Gobierno declaró el estado de emergencia y habilitó un fondo de 100 millones de dólares, destinado a financiar las acciones de respuesta y recuperación.

El Ministerio de Economía y Finanzas había señalado que los recursos disponibles serían suficientes para cubrir las necesidades inicialmente identificadas, aunque las evaluaciones técnicas permitirán precisar el alcance de los daños.

El terremoto de magnitud 7,5 se registró el 9 de octubre de 2026, a las 12:56 del mediodía, con epicentro localizado a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y una profundidad aproximada de cuatro kilómetros.

El movimiento sísmico provocó daños en viviendas, carreteras, instalaciones públicas y otros componentes de infraestructura, además de una secuencia de réplicas que mantuvo la vigilancia de las autoridades y la preocupación entre los habitantes de las zonas afectadas.