Ortega y Murillo reforman la Constitución y borran la figura del vicepresidente en Nicaragua

Ortega y Murillo eliminaron la figura histórica del vicepresidente en Nicaragua. En su lugar, la Asamblea Nacional creó este jueves el cargo de “designados presidenciales”, según informó La Prensa.

El cambio llega después de más de 20 meses sin que el régimen nombrara a ningún vicepresidente, pese a que las reformas de 2025 ya habilitaban esa figura.

La última persona en ocupar el cargo de vicepresidenta fue Rosario Murillo, antes de ser ascendida a “copresidenta” en las reformas de 2025.

Con ese movimiento, la maquinaria orteguista había dejado abierta la posibilidad de que no fuera una sola persona, sino varias, las que pudieran ocupar vicepresidencias.

Qué cambia el artículo 126 de la Constitución

La reforma aprobada este jueves modifica el artículo 126 de la Constitución Política. El texto anterior establecía que “la Presidencia podrá nombrar las y los vicepresidentes que desempeñarán las funciones que les asignen, los que gozarán de inmunidad”.

La nueva redacción elimina esa mención y la reemplaza: “la Presidencia podrá nombrar Designados Presidenciales, quienes desempeñarán las funciones que esta les asigne”, según el texto citado por La Prensa.

La reforma entrará en vigencia tras su aprobación en segunda legislatura y su publicación en La Gaceta.

El cambio se produce en un contexto regional en el que otros países, como Honduras, mantienen la figura de tres designados presidenciales en lugar de un vicepresidente único, un modelo que podría haber inspirado el ajuste nicaragüense.

La hipótesis sobre la salud de Ortega

Para el exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, coordinador del partido Ciudadanos por la Libertad en el Exilio (CxL), la decisión de eliminar la figura de vicepresidente podría estar relacionada con la salud del dictador Daniel Ortega y con la designación, por la vía constitucional, de su hijo Laureano Ortega Murillo para temas específicos de política exterior.

“Eso podría también ser una movida de parte de Ortega con esta designación y finalmente también una explicación desde el punto de vista de imagen a su propia militancia de que no es lo mismo un designado que un vicepresidente, aunque tenga las mismas funciones y la forma de selección sea la misma, pero ya el concepto, el nombre es diferente”, expuso Chamorro ante La Prensa.

Al coordinador de CxL le llamó la atención que esta nueva reforma se haya tramitado de carácter individual. El pasado 1 de septiembre, la Asamblea Nacional ya había aprobado en primera legislatura otra modificación a la Carta Magna que elimina la participación de la oposición en las elecciones y extiende el período de gobierno de seis a siete años.

“Que sea una reforma de carácter individual, estando en medio de reformas constitucionales, indica que algo efectivamente está motivando el cambio”, señaló Chamorro al diario.

Información reciente de otros medios nicaragüenses aporta contexto adicional a esa hipótesis. Según un reportaje de Nicaragua Investiga basado en un informe del Hudson Institute, centro de análisis político con sede en Washington, Ortega, de 80 años, solo registró ocho apariciones públicas en lo que va de 2026 y las menciones a su nombre en el discurso oficial cayeron al 39%, el nivel más bajo desde que gobierna.

Un nuevo reparto de poder para la Procuraduría

El mismo jueves, los diputados aprobaron “por unanimidad” otra norma: la Ley de Adiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de Reforma al Decreto Ejecutivo número 31-2002, que regula La Gaceta, Diario Oficial.

Con este cambio, la Secretaría Jurídica de la Presidencia pasará a llamarse solo “Secretaría Jurídica” y quedará adscrita, junto con La Gaceta, a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

De acuerdo con una publicación del oficialista Canal 8, citada por La Prensa, la Secretaría Jurídica mantendrá entre sus funciones la formulación y modificación de propuestas legales, la elaboración de acuerdos presidenciales de nombramientos, destituciones y traslados, la redacción de iniciativas de ley presentadas por la Presidencia y la tramitación de recursos de apelación administrativa.

La PGJ, encabezada por la procuradora general de justicia Wendy Morales, supervisará además los informes mensuales de gestión de La Gaceta, resolverá asuntos sobre la gratuidad y prioridad de publicaciones y autorizará el tiraje, el número de páginas y las impresiones extraordinarias.

La entidad también asumirá la administración, custodia y uso de todos los bienes patrimoniales, financieros, sistemas informáticos y acervo documental pertenecientes a ambas instancias.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) será el facultado para realizar los ajustes presupuestarios y financieros que exige el traspaso.

Una reforma que se suma a meses de cambios institucionales

El rediseño del artículo 126 no ocurre de forma aislada. Según detalló la agencia estatal Prensa Latina, la Asamblea Nacional llevó adelante este año un proceso de consulta sobre otras reformas constitucionales en el que participaron más de 500 mil nicaragüenses, según cifras oficiales difundidas por la vicepresidenta del Parlamento, Arling Alonso.

Esas reformas paralelas, aprobadas en primera legislatura tras 36 días de consultas, establecen que ninguna ley de otro Estado u organismo internacional tendrá efectos jurídicos en Nicaragua y fijan en siete años los períodos de los cargos de elección popular, además de los correspondientes a las jefaturas del Ejército y la Policía.

Su discusión final en segunda legislatura está prevista para enero de 2027.

La sucesión de cambios constitucionales se produce mientras crece la presión internacional sobre el régimen. La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el 2 de octubre una resolución con 32 votos a favor que exige, entre otros puntos, la liberación de presos y la derogación de las reformas impulsadas por Ortega y Murillo en los últimos años.