La maquila Rocedes, vinculada al general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo, fue intervenida esta semana por autoridades del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, una medida que dejó a 1,800 trabajadores enviados de vacaciones y sin certezas sobre el pago de salarios y liquidaciones. La toma ocurrió en medio de reclamos por presuntas deudas con la seguridad social, empresas eléctricas y exempleados.
La ocupación de las instalaciones se produjo después de que el régimen ordenara devolver al menos nueve casas de playa que habían sido confiscadas a jubilados de Estados Unidos. El episodio generó incertidumbre entre las empresas instaladas en zona franca.
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La planta funciona en el parque industrial Las Mercedes, en el kilómetro 12,5 de la Carretera Norte. La intervención fue atribuida a la Procuraduría General de Justicia, que asumió el control del predio, según informó LA PRENSA.
Los salarios y las prendas bajo control del interventor
Los empleados fueron enviados de vacaciones tras la toma de la fábrica, pero no recibieron precisiones sobre sus indemnizaciones. Fuentes vinculadas con la compañía señalaron que la medida también puso en riesgo el pago salarial previsto para ese fin de semana.
La situación alcanza a 400 extrabajadores que esperaban el pago de sus indemnizaciones. Las obligaciones pendientes incluirían aportes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, facturas de electricidad con Disnorte y Dissur, además de reclamos laborales.
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Los trabajadores advirtieron que otras empresas entregaban encargos a Rocedes y que esas prendas permanecieron dentro de la planta. “El problema es que hay otras empresas que le daban trabajo a Rocedes y las prendas quedarán en poder del interventor y se crearía un conflicto con las marcas en vista de que la Comisión de Zona Franca no dejó sacar las prendas que no son de Rocedes”, explicaron.
La compañía arrastraba antecedentes de conflictos por pagos de salarios y liquidaciones. En diciembre de 2025, empleados denunciaron retrasos en el depósito de sus aguinaldos y algunos presentaron demandas laborales.
En esos expedientes figuraba como apoderado general de administración Carlos Joaquín Cuadra González, hijo mayor del exjefe del Ejército. Cuadra Lacayo fue una figura de la cúpula militar sandinista hasta que respaldó públicamente las protestas sociales de 2018.
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La participación de capital estadounidense y la falta de una explicación oficial
Además de los intereses de Cuadra Lacayo y su familia, Rocedes tendría capital estadounidense. Agencias de empleo la describían como una empresa de propiedad y gestión estadounidense, con gerentes angloparlantes en áreas como atención al cliente, control de calidad de corte, producción, cumplimiento comercial e importación y exportación.
La firma era miembro de American Apparel Producers Network y de la Asociación de Prendas de Vestir de Nicaragua. El exjefe militar no respondió una llamada realizada para conocer su posición sobre la intervención.
Las autoridades no se pronunciaron sobre la toma de las instalaciones ni informaron el monto de las deudas que la empresa mantendría con el INSS, las distribuidoras eléctricas y los trabajadores que iniciaron acciones judiciales.
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En mayo de 2025, funcionarios del Ministerio del Trabajo visitaron la planta para abordar la restitución de derechos laborales, la armonía en el lugar de trabajo y las condiciones de higiene, seguridad y prevención de accidentes.
Para entonces, Rocedes tenía capacidad para producir 400 mil piezas mensuales y empleaba de forma permanente a 2.535 personas: 1.304 mujeres y 1.231 hombres.
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