Quién era Juan Francisco Solórzano Foppa, el exfiscal que ayudó a destapar el caso La Línea y murió en un ataque armado en Guatemala

Juan Francisco Solórzano Foppa murió este sábado 17 de octubre a los 43 años durante un ataque armado en el Campo Marte, en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. El exfiscal del Ministerio Público y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria fue una figura de las investigaciones contra la corrupción y enfrentaba procesos judiciales tras su salida de la función pública.

El ataque dejó una segunda víctima fatal: Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 54 años, alcanzado por una bala perdida, según las autoridades. El Cuerpo de Bomberos Municipales recibió llamados a la línea de emergencias 123 y halló a ambos hombres sin signos vitales al llegar al lugar.

Los investigadores todavía no establecieron la identidad de los atacantes ni el posible móvil del hecho. También trascendió la captura de dos personas presuntamente vinculadas al ataque, aunque esa información permanecía pendiente de confirmación oficial.

Doce años en el Ministerio Público y el caso “La Línea”

Solórzano Foppa era abogado y notario graduado de la Universidad Rafael Landívar, tenía una maestría en Derecho Procesal y estudios en criminalística. Desarrolló una carrera de 12 años en el Ministerio Público, donde integró la Fiscalía de Delitos contra la Vida y luego la Unidad de Análisis.

En 2013 asumió la Dirección de Análisis Criminal. Desde esa dependencia elaboró los organigramas que permitieron destapar el caso “La Línea”, una red de defraudación aduanera que en 2015 llevó a la renuncia y el encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Su participación en esa pesquisa lo convirtió en una de las figuras visibles de las investigaciones que impactaron a la clase política guatemalteca. Un año después, el 9 de marzo de 2016, asumió como superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria durante el gobierno de Jimmy Morales.

La entidad recaudadora superó su meta de ingresos tributarios en su primer año al frente de la SAT, después de varios ejercicios consecutivos sin cumplir ese objetivo. Su gestión también promovió investigaciones contra evasores fiscales.

Una de ellas involucró a Aceros de Guatemala, empresa que pagó una multa de 783 millones de quetzales —unos USD 100 millones— tras ser señalada junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por evasión sistemática. El Directorio de la SAT lo destituyó el 17 de enero de 2018, luego de que la institución quedara por debajo de la meta de recaudación de 2017 con un déficit de 0,3%.

La incursión electoral y las condenas judiciales

Tras dejar la SAT, Solórzano Foppa intentó competir por la alcaldía de la Ciudad de Guatemala en 2019 mediante el comité cívico “Mi Barrio”. El Tribunal Supremo Electoral rechazó su inscripción, un episodio que derivó en el primero de los procesos penales que enfrentó.

El 19 de mayo de 2021 fue detenido junto con otras 14 personas en el caso Política y Falsedad, impulsado por la Fiscalía de Sección contra Delitos Electorales del Ministerio Público. La causa investigaba presuntas irregularidades en documentos presentados en 2020 para constituir el Partido Ambientalista Guatemalteco.

Solórzano Foppa sostuvo entonces que el expediente carecía de sustento. “Esta fue una investigación burda”, declaró a la agencia EFE, y denunció que su detención era parte de una “criminalización” promovida desde el Estado.

El 28 de junio de 2023 recibió una condena de dos años de prisión conmutables por falsedad ideológica con agravación electoral. Dos meses antes, el 20 de abril de ese año, había sido capturado junto con el abogado Justino Brito Torres en otra causa relacionada con la defensa del periodista José Rubén Zamora.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad los acusó de obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel. Ambos aceptaron cargos en junio de 2023 y fueron condenados a dos años de prisión conmutables; además, Solórzano Foppa quedó inhabilitado durante cinco años para ejercer la abogacía en Guatemala.

Un tercer proceso surgió de una denuncia por violencia contra la mujer, vinculada con una publicación que hizo en redes sociales en 2017, cuando dirigía la SAT. En ese mensaje había señalado la situación tributaria de una comunicadora afín al oficialismo.

Pese a la inhabilitación, continuó activo en tribunales y redes sociales, donde analizaba asuntos judiciales y políticos. En las últimas semanas actuaba como defensor de Miriam Salazar, exdirectora administrativa del Ministerio Público, en el proceso por la compra de un edificio institucional, y figuraba como abogado de la exfiscal general Thelma Aldana en ese expediente.

El 23 de septiembre compareció ante un juzgado en representación de Salazar. Dos días antes había publicado un video sobre la matanza registrada en Huité, uno de los últimos contenidos que difundió antes del ataque en el que murió.