Empresarios nicaragüenses denuncian que auditorías fiscales ponen en riesgo la continuidad de sus negocios

El aumento de la recaudación pública en Nicaragua coincide con una reducción sostenida de la proporción de empleadores, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo citados por el economista Enrique Sáenz, citado por El Confidencial. Digital. Para el especialista, esa combinación indica una mayor presión tributaria sobre las empresas que continúan en actividad.

Tres empresarios nicaragüenses afirmaron que auditorías de la Dirección General de Ingresos (DGI) derivaron en reparos fiscales que comprometen la continuidad de sus negocios. Los propietarios sostienen que las sanciones pueden conducirlos a la quiebra o limitar sus actividades a la supervivencia.

Los testimonios corresponden a Eugenio, Felipe y Juan, nombres utilizados para identificar a empresarios medianos de distintos sectores. Los tres describieron al medio las actuaciones de la DGI como una presión fiscal y cuestionaron los mecanismos disponibles para recurrir las resoluciones.

Sáenz relacionó esas experiencias con la evolución de los ingresos estatales. Según indicó, la economía nicaragüense crece entre 3.5% y 5.0% anual, mientras la recaudación aumenta a un ritmo mayor.

Eugenio recibió un reparo por varias decenas de millones de córdobas

Eugenio dirige una empresa que importa productos de mercados internacionales y los distribuye en plazas comerciales de Nicaragua. El empresario afirmó a El Confidencial. Digital que había evitado problemas en las aduanas hasta que recibió una auditoría de la DGI.

La revisión terminó con un reparo de varias decenas de millones de córdobas. Según su versión, la autoridad tributaria cuestionó una presunta subfacturación de ingresos y la inclusión de gastos que consideró improcedentes.

El empresario sostuvo que los inspectores recalcularon los ingresos de la compañía sin explicarle cómo alcanzaron el resultado final. También afirmó que la auditoría examinó períodos que, a su juicio, estaban prescritos.

“No sé qué hacer para salir de este problema”, dijo Eugenio a Confidencial.Digital. El propietario manifestó que espera una eventual negociación y teme que no exista una salida financiera que le permita evitar el cierre.

En su relato, Eugenio indicó que la DGI hizo cálculos retroactivos que elevaron las utilidades atribuidas a la empresa. Sobre esa base, afirmó, se determinó la multa.

Felipe pactó cuotas mensuales después de una sanción superior a 20 millones de córdobas

Felipe, propietario de una compañía dedicada a la comercialización de repuestos para vehículos, afirmó que recibió una multa de más de 20 millones de córdobas (más de USD 543,988.80). El empresario sostuvo que la auditoría comenzó sin una notificación previa que le permitiera prever el procedimiento.

La empresa había atravesado una revisión tributaria tres años antes debido a problemas en declaraciones anteriores. Felipe consideró que aquella inspección tenía justificación, pero aseguró que la nueva auditoría se produjo cuando los registros estaban en orden.

El dueño de la firma sostuvo que utilizaba un sistema contable previamente aprobado por la DGI. Pese a ello, la autoridad emitió la resolución que estableció el reparo fiscal.

Felipe buscó mecanismos legales para dejar sin efecto la multa, aunque finalmente acordó un plan de pagos mensuales. Sus abogados le recomendaron no recurrir al Tribunal Administrativo Tributario Aduanero (TATA), ya que, según le indicaron, esos reclamos no suelen tener un resultado favorable.

El empresario relató ante el medio digital que recibió propuestas informales para cancelar una parte de la obligación. Esas personas le plantearon entregar al fisco el 25% de la multa y pagarles otro 25%, con la promesa de reducir la deuda a la mitad.

Felipe decidió no avanzar con esa alternativa. Sus asesores legales le advirtieron que podía tratarse de una estafa.

Juan eligió pagar en cuotas para sostener su actividad

Juan es propietario de una compañía dedicada a equipos de seguridad industrial. Según contó, no había tenido inconvenientes de consideración con la administración tributaria antes de 2026.

Hace algunos meses, recibió una notificación por supuestas inconsistencias en sus reportes. La sanción fue cercana a un millón de córdobas (unos USD 27,199.44).

El empresario pidió un acuerdo de pagos en cuotas después de conocer la experiencia de otros dueños de negocios. Según explicó, algunos apelaron las multas, afrontaron gastos legales y finalmente debieron pagar las sanciones.

“Aunque me indigna esa injusticia, no puedo cerrar e irme del país”, afirmó Juan a la publicación. El propietario señaló que su intención es mantener abierta la empresa y esperar que no surjan nuevos cuestionamientos.

Un gerente mencionó casos de empresas grandes y competencia de capital chino

Marcial, gerente de una empresa del sector alimentario que solicitó reserva de identidad, afirmó que las compañías nicaragüenses enfrentan reparos fiscales y cuestionamientos aduaneros que dificultan su competencia. También sostuvo que los negocios de capital chino disponen de ventajas frente a los operadores locales.

El ejecutivo indicó que algunas empresas pueden cerrar y trasladar su actividad a otro país. Otras compañías, añadió, dependen exclusivamente del mercado nicaragüense y no cuentan con esa posibilidad.

Entre los antecedentes mencionó a la Compañía Recicladora de Nicaragua, que recibió un reparo equivalente a USD 79.2 millones. Según Marcial, la empresa terminó en quiebra y una firma de capital chino resultó beneficiada.

El gerente también aludió a las sanciones aplicadas a Hemco y Equinox Gold, antes Calibre Mining. Los montos que mencionó fueron de USD 39.5 millones y USD 36,6 millones, respectivamente.

Más tarde, se informó que Hemco debía pagar USD 49.5 millones. Marcial agregó el caso de CISA Exportadora, cuya casa matriz, Mercon Coffee Group, fue declarada en quiebra.

Según el gerente, Mercon Coffee Group pudo capitalizar filiales ubicadas en Brasil, Vietnam, México y otros países, pero no logró hacerlo con su operación en Nicaragua. Afirmó que la DGI impuso a CISA Exportadora una deuda tributaria de USD 35 millones.

Marcial sostuvo que el Estado tomó activos, beneficios y fincas vinculados a esa compañía. De acuerdo con su versión, esos bienes permanecen abandonados.

Los testimonios plantean dudas sobre las vías administrativas y judiciales

Los empresarios entrevistados por Confidencial.Digital coincidieron en sus reparos respecto de las instancias de apelación. Aunque el TATA existe como órgano administrativo, los consultados afirmaron que acudir a ese tribunal implica gastos legales sin expectativas de modificar la resolución.

Marcial sostuvo que quienes se consideran afectados por decisiones de entidades recaudadoras tampoco disponen de una vía efectiva para demandar al Estado en la jurisdicción contencioso-administrativa. El gerente atribuyó esa situación a la falta de independencia entre los poderes públicos.

También afirmó que la Procuraduría puede ordenar al Registro eliminar una hipoteca y transferirla al Estado. Según explicó, una decisión de ese tipo puede dejar sin garantía al acreedor, que suele ser una entidad bancaria.

Los casos relatados reflejan la preocupación de varios empresarios por el impacto económico de las auditorías, los plazos de pago y las posibilidades de revisión. Los entrevistados sostuvieron que, ante esos escenarios, priorizan la continuidad de sus negocios por encima de una disputa administrativa o judicial.