La maquinaria represiva de los Ortega Murillo se vuelve contra sus propias filas

La maquinaria represiva que Daniel Ortega y Rosario Murillo construyeron para perseguir a sus adversarios se está volviendo también contra sus propias filas. Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado el pasado 7 de septiembre le pone por primera vez una cifra al fenómeno.

De las 243 personas cuya detención arbitraria fue reportada por organizaciones de la sociedad civil entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026, al menos 55 eran partidarias del Gobierno o del FSLN, o funcionarias del Estado. Casi uno de cada cuatro detenidos registrados durante ese período procedía, por tanto, del mismo sistema político que ejecutaba las detenciones.

La ONU encontró además que las violaciones al debido proceso denunciadas durante años por opositores se producen “cada vez más” en procedimientos contra miembros del partido gobernante y empresarios acusados de corrupción o lavado de dinero. Detenciones sin orden judicial, desconocimiento de los cargos, negación del derecho a escoger abogado, audiencias cerradas y procesos sin garantías empiezan a alcanzar también a quienes estaban al otro lado de la represión.

El “club” de los intocables

Entre los afectados aparecen militantes y funcionarios de distintos niveles, pero también hombres que parecían intocables por su historia revolucionaria, por los secretos que conocían, por el poder económico que acumularon o, sobre todo, por la protección personal de Daniel Ortega.

El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), utilizó la referencia del mítico dios Saturno devorando a sus propios hijos para definir como “antropofagia política” la ofensiva interna del régimen.

La diferencia es que los hombres que están cayendo no son hijos políticos de Rosario Murillo. En buena medida son hombres de Ortega, cuadros formados durante décadas bajo su liderazgo y algunos con poder propio dentro del sandinismo, mientras la copresidenta concentra cada vez más atribuciones y se prepara para asegurar la continuidad familiar del régimen.

El caso más simbólico es el de Bayardo Arce Castaño. Fue uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional que gobernó Nicaragua en los años ochenta y el último de aquel grupo que continuaba al lado de Ortega.

Desde el regreso del FSLN al poder en 2007 fue asesor presidencial para asuntos económicos y financieros, actuó como interlocutor con el gran empresariado y acumuló una extensa red de negocios y relaciones. Durante décadas sobrevivió a las rupturas, expulsiones y purgas que fueron dejando fuera del partido a otros dirigentes históricos.

El 30 de julio de 2025, un fuerte dispositivo policial llegó de madrugada a su residencia en Managua y se lo llevó. Horas antes, la Procuraduría había informado que investigaba “transacciones al margen del Estado” y afirmado que Arce no había atendido dos citaciones.

Permaneció durante meses recluido y prácticamente incomunicado hasta que, en enero de 2026, las autoridades anunciaron que había sido declarado culpable de lavado de activos y defraudación al Estado. La investigación oficial le atribuyó una estructura de decenas de sociedades, testaferros, préstamos considerados ficticios y operaciones por USD 2.713 millones y C$82.344 millones.

Cuatro días antes de que se conociera la condena, la familia de Arce contó al diario español El País que el antiguo comandante había intentado comunicarse insistentemente con Ortega y Murillo cuando comenzaron los allanamientos contra su entorno, pero nunca obtuvo respuesta.

Sus familiares denunciaron que permanecía aislado, sin defensa efectiva y con su salud deteriorada. El hombre que durante décadas había sido uno de los operadores más confiables de Ortega terminó sometido a procedimientos similares a los que organizaciones de derechos humanos habían denunciado durante años contra los adversarios del Gobierno.

Vieja guardia sandinista

Antes había caído el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, otro hombre de la vieja guardia sandinista. Combatió como guerrillero en el Frente Norte durante la insurrección de 1979, hizo carrera en el Ejército Popular Sandinista y después pasó a ocupar importantes cargos civiles, entre ellos la dirección de zonas francas y responsabilidades relacionadas con inversiones. No era un disidente ni había hecho públicas críticas contra Ortega cuando agentes policiales llegaron el 14 de mayo de 2025 a su finca en Matagalpa y se lo llevaron detenido.

Menos de un mes después, Baltodano fue condenado a 20 años de prisión por “traición a la patria” en un juicio realizado por videoconferencia desde La Modelo. La persecución alcanzó después a su hijo Álvaro Baltodano Monroy, detenido en julio y acusado bajo la misma figura. Un general que había combatido por la revolución y servido durante décadas al sistema terminó condenado por traición por ese mismo sistema.

Otro de los alcanzados fue Néstor Moncada Lau, quizás uno de los casos que mejor ilustra cómo el aparato represivo puede terminar devorando a quienes ayudaron a manejarlo. Antiguo oficial de la Seguridad del Estado, Moncada Lau llegó a convertirse en uno de los operadores más discretos y poderosos alrededor de Ortega y Murillo. Confidencial lo ha descrito como el “custodio de los secretos de El Carmen” y uno de los principales operadores del Estado policial establecido después de las protestas de 2018.

El 14 de agosto de 2025 fue detenido en su vivienda y trasladado a El Chipote. Regresó brevemente a su casa bajo vigilancia y dos días después fue llevado a La Modelo.

Fuentes vinculadas a la Policía dijeron a la plataforma Confidencial que la orden había procedido de Murillo. Durante semanas no hubo explicación oficial sobre las razones de su encarcelamiento. Una fuente del FSLN resumió entonces el ambiente interno con cuatro palabras: “Todo mundo anda muy preocupado”.

La ofensiva alcanzó igualmente el entorno del coronel en retiro Lenín Cerna, antiguo jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado y compañero de prisión de Ortega durante la dictadura somocista. Fue presentado inicialmente por distintos medios como prófugo después de versiones sobre un supuesto allanamiento de su vivienda.

Sin embargo, esa información no se confirmó. Confidencial reportó que el 10 de agosto de 2025 fue visto circulando por Managua en un Mercedes Benz conducido por un policía y escoltado por otro vehículo policial, y fuentes policiales aseguraron que permanecía en su casa.

Sin embargo, hombres de su círculo sí fueron golpeados por la purga. Rodolfo Castillo, conocido como “Payín”, antiguo segundo jefe de la Seguridad del Estado y colaborador de Cerna durante décadas, fue detenido el 1 de agosto y enviado a La Modelo.

También había sido encarcelada Nadezna Obando Cerna, sobrina del antiguo jefe de inteligencia. El propio Cerna ya había perdido en 2011 la Secretaría de Organización del FSLN por decisión de Murillo, y Moncada Lau ocupó posteriormente buena parte del espacio de seguridad que él había controlado.

En mayo de 2026 cayó Francisco “Chico” López Centeno, otro personaje que parecía protegido por su conocimiento de una de las zonas más sensibles del poder: el dinero.

Durante años fue tesorero del FSLN, vicepresidente de Albanisa y operador de los recursos procedentes de la cooperación petrolera venezolana. Había sido apartado de la tesorería en enero y fue detenido el 14 de mayo. Dos de sus hijos habían sido encarcelados antes.

Una investigación de la plataforma Divergentes contabilizó 111 altos funcionarios sandinistas removidos en 21 meses, entre asesores presidenciales, ministros, viceministros, magistrados, diplomáticos, rectores, mandos policiales, gerentes de empresas públicas y alcaldes.

Barridas silenciosas

Entre enero de 2023 y octubre de 2025 fueron destituidos además al menos 33 alcaldes y cinco vicealcaldes de 28 municipios. Muchos simplemente desaparecieron de sus puestos y fueron sustituidos sin que el Gobierno ofreciera explicaciones públicas.

La cifra de Naciones Unidas permite comprender que detrás de esa sucesión de casos existe un fenómeno más extenso. Los 55 partidarios del Gobierno, militantes sandinistas o funcionarios detenidos arbitrariamente no pueden ser considerados automáticamente presos políticos ni víctimas de una misma purga.

Tampoco existe información pública suficiente para establecer las razones de cada detención. Lo que la ONU sí establece es que las violaciones al debido proceso están alcanzando crecientemente al interior del oficialismo y que ocurren dentro de un sistema judicial cuya independencia se encuentra severamente comprometida.

El World Justice Project situó a Nicaragua en 2025 en el puesto 139 de 143 países de su índice de Estado de derecho y en el último lugar en el indicador que mide si la justicia penal está libre de influencia indebida del Gobierno.

En al menos nueve casos examinados por el Alto Comisionado, los únicos testigos presentados por la acusación fueron policías. El problema, por tanto, no consiste en determinar desde fuera si antiguos funcionarios pudieron cometer actos de corrupción, sino en que las acusaciones son procesadas por instituciones que no ofrecen garantías suficientes para establecerlo de manera independiente.

Durante décadas Bayardo Arce acumuló poder político y económico a la vista de un Gobierno del que era parte esencial. Solamente después de caer en desgracia el Estado comenzó a describirlo como cabeza de una estructura financiera multimillonaria.

La posibilidad de que hayan existido irregularidades no puede descartarse, pero tampoco puede separarse del hecho de que el proceso se produjo cuando había perdido la protección política de la que disfrutó durante años.

El caso de El Cachorro

La persecución de sandinistas tampoco comenzó con la actual oleada. Marvin Vargas Herrera, “el Cachorro”, excombatiente del Servicio Militar Patriótico, lleva preso desde mayo de 2011 después de organizar a veteranos que reclamaban beneficios prometidos por el Gobierno.

Cuando terminó su primera condena y una jueza ordenó liberarlo, permaneció encarcelado y posteriormente fue acusado de tráfico de drogas dentro de la prisión. En mayo de 2026 cumplió 15 años preso y su actual condena se extendería hasta 2029.

Tampoco el vínculo familiar con Ortega ha garantizado inmunidad. Su hermano Humberto, fundador del Ejército Popular Sandinista y jefe de las Fuerzas Armadas hasta 1995, quedó bajo vigilancia policial en mayo de 2024 después de declarar a Infobae que el poder de Daniel Ortega no tenía sucesores y plantear la necesidad de elecciones tras su ausencia.

Ortega lo llamó después “traidor a la patria”. Antes de morir el 30 de septiembre de 2024, Humberto logró grabar clandestinamente un mensaje en el que se definió como “un prisionero político”.

La intensidad de la ofensiva coincide con el crecimiento del poder institucional de Rosario Murillo. La reforma constitucional aprobada definitivamente en 2025 creó la copresidencia, amplió las atribuciones del Ejecutivo y profundizó la subordinación de otras instituciones.

La ONU revisó 185 votaciones de la Asamblea Nacional celebradas entre junio de 2025 y mayo de 2026 y no encontró un solo voto en contra ni una abstención, incluidos los diputados de partidos formalmente distintos al FSLN.

Muchos de los caídos pertenecían al viejo círculo de Ortega y poseían algo que los funcionarios ascendidos recientemente no tienen: historia propia dentro del FSLN, relaciones acumuladas durante décadas, conocimiento de los secretos del poder y, en algunos casos, redes políticas, económicas o de seguridad independientes.

Es ahí donde vale la metáfora de Saturno. El aparato no está devorando solamente a adversarios que intentaron destruirlo, sino también a personas que participaron en su construcción o funcionamiento.

Moncada Lau operó dentro del sistema de seguridad; Arce fue uno de los principales articuladores políticos y económicos; Chico López administró recursos fundamentales para el partido; Baltodano sirvió a la revolución, al Ejército y después al Gobierno. Algunos de ellos fueron parte del engranaje que durante años dejó sin garantías a los adversarios del régimen.

La ONU advierte, además, que sus cifras pueden subestimar la magnitud real de las violaciones debido a las dificultades para obtener información dentro del país, el temor de víctimas y familiares a denunciar y la imposibilidad de su oficina de trabajar sobre el terreno desde 2018.

Los 55 oficialistas o funcionarios registrados entre los 243 detenidos arbitrariamente son, por tanto, los casos que pudieron ser documentados, no necesariamente todos los existentes.