Nicaragua registra al menos 161 desapariciones forzadas desde abril de 2018

Las desapariciones forzadas dejaron de ser hechos aislados o de corta duración para consolidarse como una práctica represiva prolongada, selectiva y sistemática en Nicaragua, según los hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Desde abril de 2018, el organismo ha verificado 161 casos de personas detenidas cuyo paradero o situación fue ocultado por el Estado durante días, meses e incluso años.

La cifra, sin embargo, podría ser mayor. El Grupo advierte que existe un subregistro debido al temor de las familias a sufrir represalias y al desmantelamiento de organizaciones independientes de derechos humanos dentro del país. Al 31 de agosto de 2026, al menos 29 personas permanecían desaparecidas de forma forzada.

“Lo que comenzó como desapariciones de corta duración, utilizadas para castigar a las personas detenidas e intimidar a sus familiares, ha evolucionado desde 2023 hacia una práctica estratégica y recurrente de desapariciones prolongadas”, sostiene el informe denominado “Anatomía de la crueldad estatal. Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, que fue facilitado a Infobae.

La duración de las desapariciones ha variado desde algunos días hasta varios años. Pero desde 2023, el Grupo identificó un incremento de los casos en los que las víctimas permanecen ocultas durante meses o períodos mucho más prolongados.

La práctica, según el informe, está dirigida contra un universo cada vez más amplio de personas: dirigentes religiosos, activistas políticos, periodistas, líderes indígenas, militares retirados, exfuncionarios públicos, disidentes sandinistas, familiares de opositores y personas vinculadas con organizaciones sociales.

El patrón documentado comienza generalmente con una captura sin orden judicial. Las detenciones ocurren en viviendas, lugares de trabajo, calles, iglesias o durante operativos policiales simultáneos. En algunos casos, intervienen policías uniformados junto a civiles armados, personas encapuchadas o vehículos sin placas oficiales.

Después de la aprehensión, las autoridades niegan que la persona se encuentre detenida o se abstienen de revelar dónde está recluida. Los familiares y abogados recorren delegaciones policiales, cárceles, oficinas del Ministerio Público y otras dependencias estatales sin obtener respuestas. En numerosas ocasiones reciben información contradictoria, son enviados de una institución a otra o se les dice que no existen registros de la detención.

“La ausencia de órdenes judiciales, identificación oficial, motivos legales para la detención y notificación del lugar de reclusión obstaculizó la localización inmediata de las víctimas”, concluye el Grupo de Expertos.

La desaparición forzada no solo priva a la víctima de libertad. También la deja fuera de la protección de la ley, sin acceso a defensa, comunicación familiar, supervisión médica o control judicial. El informe indica que estas condiciones exponen a las personas detenidas a tortura, malos tratos, aislamiento prolongado, alimentación deficiente, falta de agua potable y ausencia de atención médica.

Los familiares también son víctimas del daño. La incertidumbre sobre si la persona está viva, dónde se encuentra y en qué condiciones permanece genera angustia y sufrimiento prolongado. Naciones Unidas recuerda que la desaparición forzada puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante no solo para quien desaparece, sino también para sus parientes.

Entre los casos documentados está el del periodista Víctor Ticay, detenido en abril de 2023 tras cubrir una procesión religiosa en Nandaime. Permaneció desaparecido durante 67 días. El profesor universitario Freddy Quezada estuvo desaparecido 282 días; el pastor Walner Blandón, 270 días; su esposa, Marisela Mejía, 265 días; y el joven poeta y activista católico Carlos Bojorge, 248 días. Todos fueron posteriormente liberados y expulsados de Nicaragua en septiembre de 2024.

Otros casos continúan abiertos. El coronel retirado Víctor Boitano Coleman llevaba 861 días desaparecido al cierre del período analizado. Eddie González Valdivia acumulaba 779 días; el líder indígena Steadman Fagoth Müller, al menos 80 días desde su última prueba pública de vida; José Danilo Jirón, 541 días; y Elvia Junieth Flores Castillo y sus dos hijas menores, 528 días.

El informe destaca que las denominadas desapariciones “de corta duración” también constituyen desaparición forzada. No existe un tiempo mínimo para que se configure este crimen: basta con que haya privación de libertad, participación o tolerancia estatal y negativa a reconocer la detención o informar sobre el paradero de la víctima.

Para el Grupo de Expertos, la práctica tiene un propósito político: neutralizar voces críticas y extender el temor a la población. “Cada día que se desconoce la suerte o el paradero de una persona desaparecida en Nicaragua se renueva el crimen”, advierte el documento.

Las desapariciones prolongadas, de varios meses o años, constituyen además, prima facie, el crimen de lesa humanidad de otros actos inhumanos, dentro de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que, según Naciones Unidas, comenzó en 2018 y continúa vigente.