Albert Ramdin llamó a la unidad hemisférica para defender la democracia un día después de que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) publicara un informe que acumula 4,796 detenciones arbitrarias por razones políticas en Nicaragua desde 2018, según informó La Prensa.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) respaldó el documento de Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y calificó de “absolutamente inaceptable” que sectores opositores queden excluidos de los próximos comicios en el país centroamericano, señalo la publicación del diario nicaragüense.
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La OEA propone una reunión de cancilleres antes de fin de mes
Ramdin fue más allá del respaldo retórico. Según La Prensa, el funcionario propuso convocar una reunión extraordinaria de cancilleres del hemisferio tras la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para finales de septiembre, con el objetivo de acordar una posición conjunta que combine presión diplomática con una posible vía de diálogo con Managua.
La convocatoria respondería a la exclusión legal de la oposición nicaragüense de los comicios: la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó una disposición que impide postularse a quienes el régimen considera “traidores a la patria”.
El informe de la ONU documenta un desmantelamiento sistemático
El texto de la Acnudh, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, cubre el período comprendido entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026. Describe lo que la propia oficina define como un “desmantelamiento progresivo” de las instituciones democráticas y del Estado de derecho del país centroamericano.
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Las 4,796 detenciones por motivos políticos registradas desde 2018 incluyen 3,861 hombres y 935 mujeres, entre ellas 13 mujeres trans. Al cierre del período analizado, organizaciones de la sociedad civil contabilizaban al menos 46 personas aún privadas de libertad.
El documento también registró ocho casos de desaparición forzada sin resolver y cuatro muertes bajo custodia estatal durante el último año. La propia Acnudh advirtió que esas cifras podrían ser más elevadas, dado que las autoridades nicaragüenses se niegan a cooperar con los investigadores y que las víctimas y testigos temen represalias.
Türk: “Ya casi no queda nada que cerrar”
Türk presentó el informe con una advertencia que resumía el estado del espacio cívico en Nicaragua: “Ya casi no queda nada que cerrar”.
La frase aludía al cierre de otras cuatro organizaciones de la sociedad civil durante el último año, con lo que el total de entidades disueltas arbitrariamente desde 2018 ascendió a 5,539. En el mismo período, el régimen clausuró un nuevo medio de comunicación, y el acumulado desde 2018 llegó a 56 medios cerrados.
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El alto comisionado exigió la liberación inmediata de todos los detenidos de forma arbitraria y pidió al Estado que revierta las medidas que restringen las libertades públicas. También instó a Nicaragua a retomar la cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, de los que el régimen de Daniel Ortega se ha alejado progresivamente.
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