La ONU denunció una situación “completamente indefendible” por la concentración de poder en Nicaragua

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el miércoles el desmantelamiento progresivo de las instituciones democráticas en Nicaragua y advirtió que “la situación es completamente indefendible”, en momentos en que el país centroamericano enfrenta crecientes críticas internacionales por los intentos de limitar las elecciones.

“El poder está cada vez más concentrado en manos del Ejecutivo y del partido gobernante”, afirmó Türk al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que abarca el período entre junio de 2025 y junio de 2026. El texto documenta “la captura casi total de las instituciones estatales” por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido que gobierna desde 2007 bajo el dictador Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Una mayoría absoluta sin votos en contra

Según el informe, el FSLN cuenta actualmente con mayoría absoluta en el poder legislativo, en los 153 municipios del país y en ambos consejos regionales de la Costa Caribe. Un análisis de las 185 votaciones plenarias registradas en el sitio oficial de la Asamblea Nacional entre junio de 2025 y mayo de 2026 no encontró ni un solo voto en contra ni abstenciones, ni siquiera entre los 15 diputados de partidos que no integran formalmente la coalición de gobierno.

A principios de septiembre, la Asamblea aprobó por unanimidad, en primera de las dos legislaturas necesarias, una reforma constitucional que impide participar en las elecciones a quienes sean considerados “traidores a la patria” o “golpistas”, y que además extiende el mandato presidencial de seis a siete años. La reforma entrará en vigor si se aprueba en una segunda legislatura en 2027, y pospone las elecciones hasta 2028. Ortega había anticipado la medida al declarar que “no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno”.

Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

El informe también señala las detenciones arbitrarias como la principal herramienta de represión utilizada por las autoridades, y registró al menos ocho casos de desaparición forzada y cuatro muertes bajo custodia atribuidas al Estado. Los autores advirtieron que estas cifras podrían ser más altas de lo documentado, debido a la falta de acceso al país, la negativa de las autoridades a cooperar y el temor a represalias entre víctimas y testigos.

Durante el último año, cuatro nuevas organizaciones de la sociedad civil se vieron obligadas a cerrar, con lo que el total de entidades disueltas arbitrariamente en los últimos ocho años llegó a 5.539. Las autoridades también ordenaron el cierre de un nuevo medio de comunicación, elevando a al menos 56 el número de medios clausurados en el mismo período.

“Casi no queda nada por cerrar”, lamentó Türk. El Alto Comisionado había mencionado en agosto de 2018 las protestas contra el gobierno de Ortega, que dejaron al menos 300 muertos según cifras de la ONU y marcaron un punto de inflexión en el endurecimiento del régimen.