En un movimiento clave para la política exterior paraguaya y el posicionamiento regional en defensa de la democracia, la Cámara de Diputados de la República del Paraguay aprobó una declaración mediante la cual condena de manera categórica al régimen dictatorial de Nicaragua.
El pronunciamiento, presentado e impulsado por el diputado nacional Luis Federico Franco (PLRA-Central), fue tratado “Sobre Tablas” durante la sesión ordinaria celebrada este jueves 17 de septiembre.
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A través de esta iniciativa parlamentaria, la Cámara Baja insta formalmente al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) a retirar la concurrencia diplomática que el Estado paraguayo mantiene ante Nicaragua desde su sede embajadora en Panamá.
La resolución responde al progresivo deterioro institucional y a la consolidación de un sistema unipartidista impulsado por el Poder Ejecutivo nicaragüense. La propuesta impulsada por el legislador Luis Federico Franco fundamenta su postura en la reciente serie de maniobras normativas dictadas por el régimen de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Estas reformas constitucionales, aprobadas de manera unilateral, alteraron de forma sustancial el calendario electoral y la propia estructura orgánica del Estado nicaragüense con el fin directo de asegurar la continuidad del régimen en el poder.
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De acuerdo con las previsiones originales del marco legal nicaragüense, las elecciones presidenciales debían llevarse a cabo en noviembre del año 2026. Sin embargo, el esquema fue modificado a través de dos reformas sucesivas:
- Primera reforma: Extendió de manera inmediata el mandato vigente por un año adicional, fijando su término en el año 2027.
- Segunda reforma: Postergó la convocatoria a los comicios presidenciales hasta el mes de noviembre de 2028, añadiendo otro año de extensión automática.
Por lo que, el diputado Franco expuso ante el pleno parlamentario que estas reformas carecen de legitimidad democrática y responden a una estratagema calculada para perpetuar la hegemonía de la pareja presidencial, suprimiendo las garantías de alternancia y vaciando de contenido la fiscalización electoral.
Un proceso sistemático de desmantelamiento democrático
El texto de la declaración aprobada subraya que la suspensión de las garantías institucionales en Nicaragua no constituye un evento aislado, sino la culminación de un proceso prolongado de concentración del poder. “La democracia en Nicaragua no fue destruida de golpe, sino que poco a poco, de forma sistemática”, enfatiza la exposición de motivos de la propuesta.
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En su argumentación, el parlamentario paraguayo enfatizó que la administración de Ortega y Murillo ha utilizado los recursos e instituciones del Estado para clausurar el debate público y cancelar personería jurídica a organizaciones políticas opositoras. Estas acciones han dejado al país centroamericano sin espacios reales para la competencia libre e igualitaria en los procesos de votación.
Para fundamentar la posición del Poder Legislativo, el proyecto cita los dictámenes e informes elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas.
Dichos organismos internacionales han documentado reiteradas violaciones a las libertades fundamentales, persecución a disidentes, despojo de nacionalidad a líderes opositores y el quiebre de la separación de poderes en el territorio nicaragüense.
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La aprobación de esta declaración por la Cámara de Diputados fija una postura política de condena internacional ante las violaciones del orden constitucional en la región. Sin embargo, la aplicación efectiva de la medida diplomática queda bajo el resorte exclusivo del Poder Ejecutivo nacional, ente facultado por la Constitución de la República para la dirección de las relaciones exteriores.
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