El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua acusó al régimen que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo de estar detrás del atentado a balazos contra Reinaldo Picado Miranda, un exmiembro de la Contra nicaragüense conocido como “comandante Omar”, ocurrido el lunes en San José, Costa Rica.
Picado Miranda, de 53 años, recibió tres disparos cuando hacía trabajos de remodelación en una propiedad de la capital costarricense. Tras el ataque, fue trasladado a un hospital de San José, donde permanece bajo vigilancia de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN).
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La acusación fue formulada este martes por el abogado nicaragüense exiliado Salvador Marenco, representante del colectivo. “El caso de Reinaldo Picado es un hecho de represión transnacional, no es un caso aislado”, afirmó en un audio enviado a medios.
Marenco sostuvo que el opositor, que vive en Costa Rica como refugiado, ha sufrido persecución por parte de las autoridades nicaragüenses. También recordó que Managua solicitó su extradición por un caso en el que se le atribuye la muerte de una agente policial y de un civil.
El ataque, mientras trabajaba en una propiedad
De acuerdo con el relato de la UEN, dos hombres llegaron en un vehículo hasta el inmueble donde trabajaba Picado Miranda. Los sospechosos intentaron acceder a la propiedad, pero no lo lograron. Luego dispararon desde el corredor e impactaron al exconcejal al menos en tres ocasiones.
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El atentado ocurrió menos de tres meses después de que el “comandante Omar” denunciara otro ataque en su contra. El 27 de junio, Picado Miranda informó que había sido víctima de un atentado en la provincia costarricense de Cartago.
La organización de exiliados indicó que el hombre recibe atención médica y que las autoridades costarricenses asumieron la custodia de su caso. Hasta el momento, no se informó sobre detenciones ni sobre la identidad de los atacantes.
Picado Miranda cuenta con medidas cautelares de la CIDH, un mecanismo de protección que se concede ante situaciones de riesgo grave y urgente.
El pedido de mayor protección para los refugiados nicaragüenses
Marenco afirmó que la organización ha registrado más de 200 casos de represión transnacional contra ciudadanos nicaragüenses en los últimos años. A partir de esa documentación, pidió a Costa Rica que refuerce las medidas de seguridad para las personas refugiadas procedentes de Nicaragua.
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“El régimen de Ortega y Murillo sigue representando un peligro para la seguridad de la región”, advirtió el abogado. Además, reclamó justicia para las víctimas y solicitó a la comunidad internacional medidas contra el Gobierno nicaragüense.
El colectivo no presentó pruebas públicas que vinculen de forma directa a la dictadura nicaragüense con los autores materiales del ataque. La denuncia se basa, según expuso Marenco, en los antecedentes de persecución contra opositores que han abandonado Nicaragua.
La extradición pedida por Nicaragua por el ataque de 2022 en Río San Juan
El exmiembro de la Contra fue concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en Kukra Hill, municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua. Las autoridades de Managua lo requieren por un proceso penal relacionado con un asalto armado ocurrido el 1° de octubre de 2022 en El Castillo, departamento de Río San Juan.
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Según la Policía de Nicaragua, 10 hombres armados interceptaron a trabajadores de la empresa Agro Industrial del Río, que se desplazaban en una camioneta para pagar una nómina. El grupo utilizó fusiles, escopetas y pistolas durante el robo, de acuerdo con la versión oficial.
La Fiscalía nicaragüense también solicitó la extradición de Douglas Gamaliel Pérez Centeno, quien ya fue enviado a Nicaragua, y de Pedro Javier Fernández Sandoval, refugiado en Costa Rica cuya entrega fue frenada por las autoridades costarricenses. Los tres fueron acusados por las muertes de la oficial Aracelly Marisol Díaz Salinas y del civil Pedro Pablo Chavarría Rivas.
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