Al menos 20 expresos políticos nicaragüenses siguen en Guatemala sin reasentamiento dos años después de su expulsión

Al menos 20 expresos políticos nicaragüenses permanecen en Guatemala sin conseguir su reasentamiento en un tercer país, dos años después de haber sido expulsados de Nicaragua. Según Confidencial.digital, los expedientes judiciales emitidos en su contra durante el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo figuran entre los factores que dificultan sus trámites migratorios.

La mayoría de los 135 expresos políticos enviados a Guatemala en septiembre de 2024 logró reubicarse en Estados Unidos, Canadá o España. Quienes siguen en ese país viven sin documentos locales ni permiso de trabajo, en una situación que limita sus ingresos y prolonga la separación de sus familias.

Los afectados sostienen que las acusaciones incorporadas en sus expedientes condicionan las evaluaciones para obtener asilo o reasentamiento. Aunque fueron declarados apátridas y perdieron sus derechos en Nicaragua, sus antecedentes judiciales continúan presentes en los procesos que deben atravesar ante otros Estados.

Los expedientes incluyen acusaciones por terrorismo, drogas y lavado de dinero

De acuerdo con los testimonios recogidos por Confidencial.digital, los cargos atribuidos a integrantes del grupo incluyen terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero y pornografía infantil. Los expresos consideran que esas imputaciones dificultan que otros países acepten sus solicitudes de traslado.

Isaías Ruiz, de 59 años, integra el grupo que permanece en Guatemala. La publicación informó que la persecución política afectó su carrera como docente en Nicaragua y que, antes de su encarcelamiento, vendía pan en un triciclo por las calles de Managua.

Ruiz fue detenido en octubre de 2023. Tras su salida de prisión, fue incluido entre las personas expulsadas y trasladadas a Guatemala.

“El delito que a mí me imputaron fue pornografía infantil. Son delitos que si tú vas a otro país y te muestran un expediente, ese país no te quisiera tener”, dijo Ruiz a Confidencial.digital.

El expreso aseguró que no cometió el delito que le atribuyeron. “Pero yo tengo mi frente en alto, me siento digno porque jamás he cometido un delito”, agregó ante el medio.

Víctor Carranza, de 42 años, relató que su caso tuvo un resultado similar. La acusación que recibió en Nicaragua fue por tráfico de drogas.

Carranza indicó que, cuando conoció la resolución de agencias internacionales sobre su solicitud de viaje, el antecedente penal atribuido por el régimen apareció como la causa principal del rechazo. Según su versión, ese registro fue determinante para que no pudiera continuar el proceso.

El caso de “Jairo”, seudónimo utilizado para resguardar la identidad de otro exreo político, presenta una dificultad adicional. El hombre pasó más de un año encarcelado bajo una acusación de lavado de dinero.

Durante las entrevistas relacionadas con su eventual reasentamiento, un tatuaje que se realizó a los 14 años fue interpretado como un posible vínculo con la cultura de pandillas. Según contó, esa lectura se sumó a los reparos que enfrenta en su situación migratoria.

La falta de documentos limita el acceso al empleo formal

La ausencia de reasentamiento también condiciona la vida cotidiana del grupo en Guatemala. Sin documentos de identidad guatemaltecos ni autorización laboral, los afectados deben recurrir a actividades informales para obtener ingresos.

Varios trabajan en la construcción o como guardas de seguridad. La falta de una situación migratoria regular reduce sus posibilidades de acceder a empleos estables y a mejores condiciones laborales.

La mayoría reside en cuartos compartidos de zonas periféricas de Ciudad de Guatemala. Los alquileres que pagan oscilan entre USD 26 y USD 300 al mes, según los testimonios reunidos por la publicación.

Los ingresos mensuales pueden llegar también a USD 300. Esa relación entre el costo de la vivienda y el dinero disponible deja poco margen para alimentos, transporte, medicamentos o apoyo a familiares que permanecen en Nicaragua.

“Si pagamos casa, no comemos. Si comemos, no pagamos casa”, expresó Carranza ante el diario. El expreso añadió que no ha podido enviar ayuda económica a su hija en Nicaragua.

Las limitaciones económicas también tienen consecuencias en la atención médica. Carranza padece hipertensión y explicó que, por falta de recursos, interrumpe con frecuencia el tratamiento que requiere.

“Jairo” vive con diabetes. Una infección grave puso en riesgo su pie derecho y necesitó una cirugía que pudo pagar con el respaldo de una comunidad religiosa local.

ACNUR señaló que los Estados fijan sus criterios de admisión

Los afectados señalaron que esperan mayor acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) durante sus procesos de reasentamiento. También plantearon que las sentencias emitidas por tribunales nicaragüenses podrían haber influido en la evaluación de sus solicitudes.

Consultado por Confidencial.digital, ACNUR indicó que no realiza comentarios sobre casos individuales. El organismo recordó que cada Estado establece sus propios criterios y condiciones para admitir a personas refugiadas mediante programas de reasentamiento.

La agencia explicó que puede identificar y presentar casos para que sean considerados en esos programas. La decisión final, de acuerdo con su respuesta, corresponde a los países que reciben a las personas refugiadas.

“Si bien ACNUR puede identificar y presentar casos para consideración de reasentamiento cuando corresponde, la decisión final sobre la admisión de personas refugiadas, así como los criterios de elegibilidad, cupos disponibles y perfiles priorizados, son establecidos soberanamente por los Estados de reasentamiento”, indicó el organismo en un correo electrónico citado por el medio.

Los nicaragüenses que permanecen en Guatemala siguen separados de parte de sus familias. También denuncian que sus parientes en Nicaragua continúan bajo asedio.

El grupo busca una alternativa de reasentamiento que le permita regularizar su situación, acceder a condiciones de trabajo más estables y cuestionar los antecedentes judiciales que, según sostienen, fueron elaborados en un contexto de persecución política.