Francia prohíbe las llamadas comerciales sin consentimiento previo y establece fuertes multas

Francia puso en vigor este martes una ley que prohíbe las llamadas de telemarketing no solicitadas sin consentimiento previo del consumidor, en una medida orientada a limitar las ventas intrusivas y a proteger a la población frente a prácticas comerciales fraudulentas. Según informó Associated Press (AP), la norma cuenta con el respaldo del gobierno del presidente Emmanuel Macron.

El cambio marca una diferencia con el sistema anterior, que exigía a los usuarios inscribirse en un registro estatal para evitar contactos comerciales. De acuerdo con la agencia de noticias, grupos de consumidores cuestionaban ese mecanismo porque algunos centros de llamadas ignoraban la lista y seguían llamando tanto a teléfonos fijos como móviles.

Qué cambia con la nueva norma

A partir de ahora, las empresas no pueden contactar a consumidores si no obtuvieron antes su autorización. La jefa de gabinete de la Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude de Francia, Alice Vilcot explicó a AP que, “las empresas tienen prohibido contactar a consumidores sin su consentimiento previo” y precisó que ese permiso puede retirarse en cualquier momento.

Las autoridades francesas sostienen que la ley responde a años de reclamos. Las estimaciones oficiales indican que alrededor de tres cuartas partes de la población francesa recibe al menos una llamada comercial no deseada por semana, mientras que muchas personas soportan más de un contacto de ese tipo en el mismo período.

En 2024, once organizaciones de consumidores lanzaron un pedido conjunto para prohibir estas prácticas. En ese pronunciamiento denunciaron “el acoso incesante a los consumidores mediante innumerables llamadas de telemarketing no deseadas”, una situación que, según esas entidades, pasó a formar parte de la vida cotidiana.

Multas, excepciones y vías de denuncia

Cabe mencionar que el Parlamento francés aprobó la ley el año pasado. El portal de noticias detalló que las sanciones pueden llegar a 75.000 euros (unos USD 86) por llamada para personas físicas y a 375.000 euros (unos USD 433) por llamada para empresas cuando se verifiquen contactos ilegales.

La norma contempla excepciones. Un consumidor puede aceptar recibir ofertas comerciales, por ejemplo, al marcar una casilla de consentimiento en un formulario. También se permite que una empresa contacte a un cliente si ya existe una relación contractual y la comunicación está vinculada con nuevas propuestas comerciales.

Además, quienes reciban llamadas no autorizadas pueden denunciarlas a través de un sitio web del gobierno. Vilcot recordó que una empresa radicada en Irlanda recibió el año pasado una multa de 6 millones de euros (USD 6.924.180) por violar las reglas previas de telemarketing al llamar a personas inscriptas en la lista de exclusión.

Impacto fuera de Francia y comparación internacional

La entrada en vigor de la ley también abrió inquietud en Marruecos, uno de los destinos de subcontratación para centros de llamadas vinculados con el mercado francés. El ministro de Empleo marroquí, Younes Sekkouri, dijo ante legisladores que 50.000 empleos podrían quedar en riesgo en ese sector.

El funcionario señaló que la industria atrajo cerca de USD 100 millones en inversiones y genera más de USD 1.000 millones de ingresos anuales en el país. Los bajos costos laborales, la amplia disponibilidad de trabajadores francófonos y la debilidad sindical relativa consolidaron al país como una plaza atractiva para firmas internacionales, en especial francesas, según el reporte de AP.

Por su parte, Youssef Chraïbi, presidente de la Federación Marroquí de Servicios de Externalización, declaró al diario local Le Matin que el mercado francés representó históricamente más del 80% de los ingresos del sector. También afirmó que el telemarketing puro ya representa entre 15% y 20% de la actividad total, en un contexto de diversificación hacia otros servicios.

El debate en Europa no se limita al caso francés. Alemania mantiene una prohibición similar desde 2009, mientras que Países Bajos endureció sus reglas el mes pasado. En ese país ya existía una restricción a las llamadas comerciales no solicitadas, pero ahora las empresas tampoco pueden ofrecer promociones a sus propios clientes sin autorización previa.

Otros países siguen modelos de exclusión voluntaria. En Estados Unidos funciona el registro nacional Do Not Call, Canadá cuenta con su propia lista y el Reino Unido dispone del Telephone Preference Service. Las multas que enfrentan las compañías por cada llamada realizada a personas que decidieron no recibirlas, pueden llegar a 500.000 libras (USD 675.442,50) en territorio británico.