Dictadura de Ortega: exterminio y desplazamiento de pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de Nicaragua

La Costa Caribe de Nicaragua enfrenta una crisis humanitaria y de derechos humanos bajo el gobierno de Daniel Ortega. Entre 2015 y 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró 68 asesinatos de personas indígenas, cifra que, según la organización, podría ser mayor debido a la ausencia de registros oficiales y al contexto de represión y censura.

En su informe “Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua”, presentado en agosto de 2025, la CIDH califica los hechos como parte de una política deliberada de exterminio, impulsada por la impunidad, el desplazamiento forzado y la destrucción de las bases culturales de las comunidades.

De acuerdo con la CIDH, la violencia ha adoptado formas extremas y repetidas. Entre 2020 y 2024, se reportaron tres masacres emblemáticas: el ataque a la comunidad Mayangna de Alal (enero de 2020), la masacre de Kiwakumbaih (agosto de 2021) y el ataque a Wilú (marzo de 2023).

Estas acciones implicaron mutilaciones, torturas, violencia sexual, incluida la violación de niñas y mujeres indígenas, y la destrucción total de varias comunidades.

El informe subraya que los crímenes sucedieron en contextos de ataques premeditados, desplazamientos forzados, secuestros y una campaña sistemática de terror. Tanto la CIDH como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) afirman que los agresores actuaron “con la tolerancia y aquiescencia del Estado”, lo que implica responsabilidad directa del gobierno de Ortega.

La CIDH describe el proceso como un “régimen de colonización interna”, en el que grupos armados, exmilitares y bandas criminales invaden territorios indígenas y afrodescendientes, especialmente zonas protegidas y reservas de biosfera.

Estos grupos buscan apropiarse de recursos naturales como oro, madera y tierras para ganadería y monocultivo. La suspensión desde 2014 del proceso de “saneamiento” territorial permitió la expansión de estos actores, mientras el Estado impuso gobiernos paralelos ilegítimos en las comunidades.

El informe señala la existencia de corrupción estructural: funcionarios, policías y autoridades locales del partido gobernante participan en la venta ilegal de tierras, el otorgamiento fraudulento de concesiones mineras y madereras y la falsificación de títulos de propiedad. Según la CIDH, este entramado favorece intereses económicos y políticos del régimen y de empresas transnacionales.

La impunidad es un rasgo constante. A pesar de las denuncias y pruebas presentadas ante la Policía Nacional y la Fiscalía, no existen procesados ni investigaciones serias sobre los crímenes.

Algunos asesinatos incluso son atribuidos a las propias víctimas, y líderes indígenas sufren prisión o desaparición forzada. Entre los casos recientes destacan el del diputado Brooklyn Rivera (quien falleció este año bajo la custodia del Estado), la lideresa Nancy Elizabeth Henríquez y el exasesor presidencial Steadman Fagoth.

Desplazamiento, represión y eliminación de la autonomía

La violencia sistémica ha generado el desplazamiento forzado de miles de familias indígenas y afrodescendientes. La CIDH advierte que la existencia física y cultural de estos pueblos está en riesgo. La pérdida del acceso a bosques, ríos, tierras cultivables y recursos espirituales ha significado un golpe severo a la identidad colectiva y la supervivencia de las comunidades.

El régimen de Ortega eliminó los últimos contrapesos democráticos en la región caribeña. En 2024, una reforma constitucional suprimió la autonomía y consolidó el control absoluto del Ejecutivo sobre las estructuras locales. Más de 75 organizaciones y medios indígenas fueron clausurados, y todas las candidaturas políticas independientes resultaron anuladas.

Las mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes enfrentan una violencia específica. El informe de la CIDH documenta el uso sistemático de la violencia sexual, amenazas de embarazo forzado y agresiones físicas como herramientas de dominación y despojo territorial. “La brutalidad ejercida sobre las mujeres y niñas busca anular cualquier resistencia y quebrar la cohesión de las comunidades”, se detalla en el reporte.

El análisis del organismo internacional sostiene que la violencia y el despojo se producen “con la tolerancia y aquiescencia del Estado”, lo que asigna una responsabilidad directa al régimen de Daniel Ortega. La CIDH solicita la suspensión total de concesiones extractivas en territorios indígenas y afrodescendientes, la restitución de la autonomía y de los gobiernos comunitarios legítimos, el cese inmediato de la represión y el desplazamiento, e investigaciones con sanciones a los responsables de los crímenes.

El informe llama a la comunidad internacional, a los países y a las empresas que adquieren productos o invierten en tierras invadidas, a emplear salvaguardas para evitar complicidad en la violación de los derechos humanos.

“La desaparición o asimilación forzada de estos pueblos representaría una fractura irreparable en la memoria, el tejido social y el futuro de Nicaragua”, advierte la CIDH.

The Guardian y El País han publicado análisis que coinciden en la gravedad de la situación, subrayando el carácter estructural y deliberado de la violencia estatal contra los pueblos indígenas y afrodescendientes nicaragüenses.

La política de exterminio impulsada por el régimen de Ortega no es un efecto colateral, sino una acción deliberada documentada por la CIDH, que persiste ante la falta de respuesta internacional eficaz.