El VII Censo de Población y VI de Vivienda, realizado en El Salvador durante 2024, arrojó por primera vez una cifra precisa sobre los pueblos originarios: 68,148 personas se autoidentificaron como miembros de algún pueblo indígena, lo que representa el 1.1% de la población total.
Según datos oficiales difundidos por el Banco Central de Reserva (BCR), este resultado redefine el mapa étnico salvadoreño y proporciona una base inédita para futuras políticas públicas.
La inclusión de la autoidentificación como criterio central permitió captar la percepción que tienen los propios salvadoreños sobre su pertenencia étnica.
El censo, en línea con estándares internacionales, incorporó por primera vez una pregunta específica sobre identidad indígena. De acuerdo con el informe del BCR, la mayoría de quienes se reconocen como indígenas pertenecen al pueblo Nahua Pipil.
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Este grupo suma 29,435 personas, es decir, el 43.2% del total indígena nacional. Le sigue el pueblo Lenca, con 13,888 personas, lo que equivale al 20.4%.
Un segmento considerable, el 12.6% (8,605 personas), declaró no saber o prefirió no responder a qué pueblo se considera perteneciente.
Otros grupos identificados son los Kakawira o Cacaopera con 6,256 personas (9.2%), los Maya Chortí con 4,013 personas (5.9%) y quienes optaron por otra clasificación, que agrupan 3,405 personas (3.2%). Las cifras para otros pueblos resultan menores: 2,187 personas se reconocen como Maya Pocomames (0.3%), 174 como Xinca (0.2%), 117 como Mangue (0.1%), 39 como Mixe y 19 como Alagüilac.
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La distribución territorial de la población indígena muestra presencia en todo el país, aunque con fuertes concentraciones en ciertos departamentos. Según el reporte del Banco Central de Reserva, San Salvador lidera con 18,503 personas indígenas, lo que representa el 27.2% del total nacional. El departamento de Sonsonate reporta 10,322 personas (15.1%), seguido por La Libertad con 7,190 (10.6%) y San Miguel con 7,961 (11.7%). Departamentos como Morazán (7,382 personas, 10.8%), Santa Ana (4,657, 6.8%) y La Unión (2,186, 3.2%) también presentan cifras notables. En contraste, Chalatenango, Cabañas y San Vicente registran menos del 2% cada uno respecto al total indígena.
En relación con la equidad de género, el censo arrojó una distribución prácticamente igual: 34,144 hombres y 34,004 mujeres se identificaron como indígenas en el cuestionario censal. Esta paridad sugiere estabilidad demográfica en la composición de género de los pueblos originarios.
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El mismo censo también contabilizó a los afrodescendientes, otro grupo históricamente invisibilizado. En total, 25,691 personas declararon tener ascendencia africana y reconocieron su pertenencia a esta comunidad. La inclusión de la variable afrodescendiente se considera un avance para la caracterización étnica nacional, según puntualizó el Banco Central de Reserva en su publicación oficial.

El proceso censal de 2024 marca un hito tras décadas de invisibilización estadística de los pueblos indígenas en El Salvador. El reconocimiento cuantitativo y la publicación de estos datos han sido recibidos como un avance por organizaciones internacionales y entidades locales, que reivindican la necesidad de políticas públicas focalizadas.
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El BCR subrayó que la información levantada permitirá diseñar acciones para la protección de los derechos culturales y el desarrollo de los pueblos indígenas, así como iniciativas específicas para los afrodescendientes.
El registro minucioso de la diversidad étnica abre la puerta a nuevas estrategias de inclusión y visibilidad. El censo sienta un precedente para la medición y reconocimiento de la identidad indígena en el país, en un contexto donde estas comunidades han enfrentado históricamente marginación y ausencia en los registros oficiales.
Organizaciones como el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS) y la Defensoría del Pueblo han señalado que la información oficial es un insumo clave para la exigencia de derechos y el fortalecimiento de la identidad. El Banco Central de Reserva concluyó que estos datos serán vitales para la formulación de políticas públicas y la protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los próximos años.
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