De la falsa confianza al cautiverio: Rescatan a un menor nicaragüense que fue presuntamente abusado sexualmente

La tranquilidad de la comarca Wiwa, ubicada en la jurisdicción de Santa Rita, municipio de Mulukukú, se fracturó drásticamente el pasado sábado 25 de julio de 2026. Lo que prometía ser una jornada habitual de trabajo y convivencia familiar se transformó en una pesadilla de incertidumbre cuando el menor Elder F V, de tan solo 12 años de edad, desapareció sin dejar rastro aparente del seno de su hogar.

La alarma se encendió de inmediato entre sus familiares, dando inicio a una desesperada búsqueda que movilizó a toda la comunidad y a los cuerpos policiales de la región.

El trasfondo de esta desaparición revela un meticuloso esquema de engaño y manipulación. Días antes del suceso, un comerciante ambulante de productos farmacéuticos, medicamentos y perfumes, de 63 años de edad y conocido en los caminos rurales bajo el alias de “Santos el pastillero”, había comenzado a frecuentar la comarca.

El sujeto, identificado posteriormente como Pablo Roque Martínez Delgado, se labró paulatinamente la confianza de los habitantes locales y, en especial, de los padres de Elder.

Con palabras persuasivas y la promesa de una remuneración económica, Martínez Delgado solicitó el permiso formal de los progenitores para que el niño lo acompañara en sus recorridos diarios.

Argumentó que necesitaba la ayuda del menor para trasladar la mercancía, identificar las viviendas de los clientes en las zonas de difícil acceso y servir como guía local a cambio de un pago justo.

Convencidos por la aparente amabilidad del comerciante, los padres accedieron a la petición. Sin embargo, al caer la tarde de aquel sábado 25 de julio, la angustia se apoderó del hogar: el comerciante y el niño jamás regresaron. En un video que fue difundido en redes sociales se observa al menor y al sujeto en una tienda de la zona.

El operativo policial y la captura en Las Pavas

Tras la denuncia formal interpuesta por el padre del menor ante las autoridades del Triángulo Minero, la Policía Nacional activó un exhaustivo plan de búsqueda y rastreo que se extendió por varios municipios colindantes.

Durante más de 72 horas, los investigadores siguieron pistas clave proporcionadas por pobladores que afirmaban haber visto al mercader desplazándose hacia el departamento de Chontales.

La clave del operativo se consolidó la madrugada del martes 28 de julio de 2026. A través de información brindada por habitantes de la zona, quienes observaban con sospecha que un niño salía continuamente de una vivienda en la comarca Las Pavas para ser obligado a vender productos en las calles, la Policía logró fijar la ubicación exacta del sospechoso.

A las 6:00 de la mañana del 28 de julio, las fuerzas del orden ejecutaron la intervención, logrando rescatar sano y salvo al menor y haciendo efectiva la captura inmediata de Pablo Delgado.

La noticia de la ubicación del niño corrió como pólvora en la comarca Wiwa. Horas después de su liberación en El Ayote, el menor fue trasladado de regreso a su hogar en Mulukukú. El reencuentro estuvo cargado de profundas emociones: entre abrazos conmovedores, lágrimas de alivio, gritos de satisfacción y el sonido festivo de los claxones, familiares, amigos y vecinos salieron a las calles para darle la bienvenida al niño.

El infante volvió a los brazos de sus padres, no obstante, este trágico desenlace rescata una seria controversia sobre la cadena de responsabilidad: aunque la comunidad celebró el retorno del menor, diversos sectores señalan que los padres también comparten un grado de responsabilidad en los hechos, dado que fueron ellos quienes autorizaron inicialmente el permiso para que el niño de 12 años acompañara a un desconocido en actividades laborales ambulantes, exponiéndolo a un evidente riesgo.

Aunque el rescate trajo un respiro a la familia, el caso ha tomado un giro severo en el ámbito penal. Además de las imputaciones por rapto, detención ilegal y explotación laboral infantil, sobre Pablo Roque Martínez Delgado pesará una rigurosa investigación por presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en perjuicio del menor.

El menor está siendo sometido a las evaluaciones médicas, forenses y psicológicas correspondientes para determinar la veracidad y el alcance de los abusos presuntamente sufridos durante los días de su desaparición, elementos que serán incorporados al expediente acusatorio.