Una decisión del Gobierno de Nicaragua dejó fuera de la profesión a un número indeterminado de abogados y notarios en todo el país, según denunció el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU.
En un comunicado difundido este lunes en inglés por la United Nations Human Rights Council (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) se explica que la medida impidió que muchos profesionales ejercieran y redujo el acceso de la ciudadanía a la defensa legal.
Los afectados relataron que no recibieron notificación previa, fundamentos legales ni explicaciones oficiales. Muchos descubrieron la revocación cuando intentaron entrar a juzgados, presentar documentos o buscar su nombre en el registro digital de la Corte Suprema y comprobaron que ya no figuraban allí.
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El presidente del Grupo de Expertos, Jan-Michael Simon, afirmó que los indicios recopilados en la última semana ofrecen motivos razonables para pensar que el Gobierno nicaragüense está despojando de sus licencias a numerosos abogados de manera sistemática. Simon advirtió: "Hemos denunciado reiteradamente la injerencia del Gobierno en el sistema judicial, pero la eliminación de gran parte de la abogacía es una escalada inédita".
Purga judicial y reformas constitucionales
Desde octubre de 2023, Nicaragua atraviesa una purga en el sistema judicial. La policía tomó el control de la Corte Suprema de Justicia. Altos funcionarios fueron desplazados, ocho magistrados dejaron sus cargos, forzados o por renuncia, y más de mil empleados judiciales fueron apartados.
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La reforma constitucional de 2025 consolidó el proceso, quitó al Poder Judicial su independencia y lo redefinió como un órgano coordinado por la Presidencia. Además, redujo el número de magistrados de 16 a 10, todos designados a propuesta de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Grupo de Expertos señaló- según se cita en el comunicado- que la interferencia estatal sobre la abogacía no es nueva. En 2023, al menos 28 abogados fueron suspendidos de manera arbitraria y permanente.
Posteriormente, la Corte Suprema negó la renovación de los permisos notariales requeridos cada cinco años y dejó a muchos imposibilitados de ejercer.
Consecuencias para los derechos humanos y la justicia
El retiro masivo de credenciales representa un golpe al acceso a la justicia y al derecho a la defensa, advirtió la misión de la ONU. La falta de representación legal puede impedir que las personas completen trámites, defiendan sus derechos en tribunales y reciban un juicio justo.
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Entre quienes sufrieron la revocación figuran exmagistrados, abogados en el exilio, antiguos miembros del partido sandinista y personas sin afiliación política clara.
Desde 2018, los abogados han sido blanco de persecución política en Nicaragua, según relató Ariela Peralta, integrante del Grupo. “Han enfrentado amenazas, hostigamiento, detenciones y exilio. Se les ha negado el acceso a sus clientes y, ahora, incluso a ejercer la profesión”, resumió.
El Grupo de Expertos recalcó que, según normas internacionales, nadie puede ser excluido del ejercicio de la abogacía sin una audiencia justa ante un ente independiente. En este caso, no hubo audiencia ni instancia imparcial: bastó eliminar los nombres de los registros, comparó Reed Brody, miembro del Grupo.
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El papel del Grupo de Expertos
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua opera de forma independiente bajo mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde marzo de 2022.
Su función es investigar de manera exhaustiva e imparcial las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país desde abril de 2018, recopilar información y ofrecer análisis independientes sobre la situación.
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