La falta de justicia en Honduras por las muertes violentas de mujeres y femicidios quedó expuesta en cifras citadas por la defensora de los derechos de la mujer Cristina Alvarado: entre 2019 y 2025, el Poder Judicial registró 2.278 casos, de los cuales 150 fueron judicializados y 67 terminaron con sentencia condenatoria.
Alvarado cuestionó la capacidad institucional para responder ante estos casos y señaló que la mayoría de los expedientes registrados en los últimos años no alcanzó una resolución judicial.
Para Alvarado, estas cifras reflejan una crisis de acceso a la justicia, en la que muchas familias quedan sin respuestas mientras los responsables de los crímenes permanecen sin sanción.
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El alcance de la impunidad
La defensora sostuvo que el Estado debe analizar las consecuencias de las muertes violentas de mujeres más allá de la víctima directa, por el impacto que dejan en hijos, familiares y comunidades enteras.
Cada mujer asesinada representa también una afectación para niños y niñas que quedan en condición de orfandad, familias que pierden su principal sostén y comunidades que enfrentan un mayor deterioro del tejido social.
Alvarado señaló que Honduras enfrenta una problemática marcada por la presencia del crimen organizado, cuyas estructuras, según explicó, afectan directamente a mujeres, niñas y familias atrapadas en contextos de violencia.
“Hay un gran conflicto en el país por la presencia del crimen organizado. Entre estos quedan atrapadas las familias, mujeres y niñas”, manifestó.
Ante esta realidad, sostuvo que las políticas públicas no deben concentrarse únicamente en el endurecimiento de las penas, sino en la prevención y en la creación de condiciones sociales que reduzcan los factores de riesgo.
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“No solo es el castigo el que va a solucionar la violencia, sino la prevención”, expresó.
El reclamo al Estado
Alvarado cuestionó que las instituciones encargadas de atender la problemática social estén alejadas de la realidad que viven muchas comunidades, donde persisten factores como la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades y la exposición constante a distintas formas de violencia.
A su criterio, el Estado debe impulsar políticas públicas que generen oportunidades para la población y que permitan prevenir escenarios en los que la violencia termina afectando principalmente a los sectores más vulnerables.
“Debe haber respuestas de la institucionalidad que atiende lo social, que pareciera que está muy alejada de la realidad que vive la población”, señaló.
La defensora insistió en que la prevención debe convertirse en un eje central de las estrategias nacionales, con programas dirigidos a fortalecer la protección de mujeres y niñas, mejorar la atención institucional y evitar que la violencia continúe normalizándose.
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Mientras los femicidios y las muertes violentas de mujeres continúan registrándose en el país, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la impunidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para avanzar en la reducción de estos delitos.
La falta de resultados judiciales en los casos de muertes violentas de mujeres mantiene abierta una de las principales demandas de las organizaciones defensoras de derechos humanos: que el Estado no limite su respuesta a reaccionar después de que ocurre un crimen, sino que fortalezca las acciones destinadas a prevenir la violencia desde sus causas.
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