La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a favor de Ricardo José Mendoza Irigoyen, ciudadano nicaragüense de 64 años, quien permanece en condición de desaparición forzada desde su detención, el 23 de enero pasado en Managua. Según informó el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, la decisión responde a la gravedad y urgencia de la situación, ante la falta de información oficial sobre el paradero de Mendoza Irigoyen desde hace más de cinco meses.
El organismo internacional determinó que Mendoza Irigoyen se encuentra en “una situación de gravedad y urgencia, que ponen en riesgo su vida e integridad personal en Nicaragua”. De acuerdo con el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, la solicitud fue presentada ante la CIDH luego de que agentes estatales detuvieran a Mendoza Irigoyen durante un operativo en su domicilio, ubicado en la zona de carretera sur de Managua, el pasado 23 de enero.
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Desde ese momento, la familia de Ricardo José Mendoza Irigoyen no ha recibido información sobre su paradero ni sobre las condiciones de su detención, pese a las gestiones realizadas ante distintas dependencias estatales. El Colectivo destacó que las autoridades nicaragüenses no han brindado respuesta oficial a las solicitudes de búsqueda presentadas por los familiares.
La CIDH, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó formalmente al Estado de Nicaragua determinar el paradero de Mendoza Irigoyen, informar si está bajo custodia estatal y permitir el acceso de sus familiares y representantes legales. Según la declaración del Colectivo, el Estado tampoco respondió a los requerimientos de información formulados por la Comisión durante el proceso de evaluación de las medidas cautelares.
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Entre las exigencias planteadas, la CIDH pidió a la dictadura nicaragüense “adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y paradero del beneficiario, precisar si se encuentra bajo custodia estatal, informar sobre las circunstancias y condiciones de su detención, revelar el lugar donde permanece recluido y garantizar el acceso de sus familiares y representantes legales”.
El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, integrado mayoritariamente por activistas exiliados y con sede en San José, reclamó al régimen de Daniel Ortega información inmediata sobre el caso, una prueba de vida, acceso de la familia y la defensa legal, atención médica y la liberación sin condiciones de Mendoza Irigoyen y de todas las personas consideradas presas políticas.
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Fuentes públicas consultadas por la agencia de noticias EFE señalan que Mendoza Irigoyen no tenía militancia política ni participaba en manifestaciones o actividades partidarias. Durante años, trabajó para una empresa estadounidense dedicada al estudio de la flora nicaragüense. Hasta la fecha, no existen acusaciones formales en su contra ni información sobre los motivos de su detención.
El contexto represivo en Nicaragua
Nicaragua enfrenta una crisis política y social desde abril de 2018. La situación se agravó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega Saavedra, de 80 años, fue reelegido para un quinto mandato consecutivo. Según informó EFE, los principales opositores de Ortega se encontraban en prisión durante los comicios y posteriormente fueron expulsados del país, despojados de su nacionalidad y de sus derechos políticos, bajo acusaciones de “golpismo” y “traición a la patria”.
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El caso de Ricardo José Mendoza Irigoyen se suma a una serie de denuncias internacionales sobre desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en el contexto de la crisis nicaragüense. Organizaciones como la CIDH y el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua insisten en la necesidad de que el Estado proporcione información precisa, garantice la protección de los derechos fundamentales y permita la actuación de organismos internacionales en la supervisión de estos casos.
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