La Fundación del Río alertó sobre el incumplimiento de Nicaragua en los acuerdos binacionales con Costa Rica para combatir la minería de oro ilegal en la frontera que comparten ambos países. El informe divulgado este domingo sostiene que las autoridades nicaragüenses no han implementado acciones para frenar el flujo de mineros artesanales y el contrabando de material aurífero a través del río San Juan, frontera natural entre ambos países. Según informó la agencia de noticias EFE, el documento señala que la actividad minera ilícita persiste y se ha expandido en la zona limítrofe.
De acuerdo con la organización, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua y la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura no han desplegado operativos para impedir que los mineros utilicen el río como vía de acceso a los puntos de extracción ilegal, tanto en territorio nicaragüense como costarricense. Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río y activista ambiental desnacionalizado, afirmó a EFE: “no ha habido esfuerzos para detener el paso de mineros ni el traslado de material aurífero a lo largo del río”.
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El pasado 28 de febrero, Costa Rica y Nicaragua firmaron un acuerdo con el objetivo de mejorar la coordinación policial en la frontera, fortalecer el intercambio de información, establecer canales directos de comunicación y celebrar reuniones periódicas entre los altos mandos de seguridad. Según el reporte de EFE, la Fundación del Río ha seguido de cerca el cumplimiento de estos compromisos y constató que la minería ilegal continúa sin restricciones. La organización identificó nuevos sitios de extracción ilícita en el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, a unos 3,2 kilómetros del puesto militar nicaragüense y a tan solo un kilómetro de territorio costarricense.
La Fundación del Río, entidad que fue ilegalizada en Nicaragua y actualmente opera desde Costa Rica, documentó que el transporte de “broza” o material minero sigue a cargo de los llamados “güiriseros” o “coligalleros”, denominación que reciben los mineros artesanales en ambos países. El río San Juan es la principal ruta utilizada para movilizar estos sedimentos auríferos, que son procesados en puntos clandestinos ubicados a ambos lados de la frontera. EFE detalló que los operativos de control han resultado insuficientes ante la magnitud del problema.
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El efecto de las concesiones en la frontera
Otro aspecto que destaca el informe es el impacto de las concesiones mineras otorgadas por Nicaragua a empresas chinas en áreas cercanas a la frontera. Según datos recopilados por la Fundación del Río, entre 2021 y 2026 el gobierno nicaragüense adjudicó 84 lotes a 19 compañías de origen chino, con una extensión total de 1.274.908,33 hectáreas. Esta superficie representa más del 8,5% del territorio nacional e incluye zonas protegidas, comunidades indígenas y afrodescendientes. EFE subraya que estas concesiones han propiciado un aumento de la actividad minera y la adopción de métodos semi-industriales en el procesamiento del oro.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, manifestó el viernes pasado su preocupación ante la posibilidad de una “invasión” de mineros ilegales provenientes de Nicaragua, motivada por el auge de las concesiones a empresas extranjeras en la franja fronteriza. Fernández advirtió sobre el riesgo de que la presión migratoria y el avance de la minería ilegal desborden la capacidad de respuesta de las autoridades costarricenses, que mantienen operativos en zonas como Las Crucitas y Conchudita.
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Según la Fundación del Río, la solución al problema en zonas como Crucitas y Conchudita depende de que exista una voluntad política por parte del régimen nicaragüense para desarticular las redes que facilitan el tránsito de mineros ilegales y el contrabando de oro. La ONG considera necesario que se refuercen los mecanismos de cooperación binacional y que se apliquen controles más estrictos en los puntos críticos de la frontera.
Las respuestas en Costa Rica
El gobierno costarricense impulsa en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la minería de oro legal y otorgar nuevas concesiones en Las Crucitas, con el objetivo de regular una actividad que actualmente se realiza en gran medida fuera del marco legal y que involucra a mineros nicaragüenses y costarricenses. EFE informó que las autoridades de Costa Rica han intensificado la vigilancia y las detenciones en la zona, mientras la presión internacional por el impacto ambiental y social de la minería ilegal sigue en aumento.
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