Familiares de desaparecidos y presos políticos en Nicaragua exigen acciones ante el régimen Ortega-Murillo

En un enérgico y desgarrador pronunciamiento emitido este 3 de junio de 2026, familiares de personas desaparecidas y presos políticos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo alzaron la voz para denunciar una política sistemática de incomunicación y abandono deliberado.

El comunicado, respaldado por la Alianza Universitaria Nicaragüense, pone como ejemplo el caso de Brooklyn Rivera, quien permaneció desaparecido casi tres años hasta su reciente muerte en condiciones que las familias describen como resultado de una política sistemática de desaparición, incomunicación y abandono deliberado.

A través de un manifiesto público difundido en redes sociales, los firmantes expresaron que la muerte de Rivera no constituye un hecho aislado, sino el resultado predecible de un patrón estatal que vulnera de manera flagrante el derecho internacional.

Al igual que ocurrió con el líder misquito, los parientes de múltiples prisioneros señalaron que, desde el momento de sus respectivas detenciones, el Estado nicaragüense ha mantenido un hermetismo absoluto sobre sus paraderos y estados de salud.

Por lo que, la denuncia expone que el temor de los familiares está fuertemente fundamentado en hechos recientes. Durante el año 2025, el régimen de Ortega-Murillo entregó los cuerpos sin vida de los presos políticos Mario Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda a sus allegados, sin ofrecer ningún tipo de explicación médica ni legal sobre las causas de sus muertes.

De acuerdo con el comunicado, en ambos casos las familias fueron forzadas a realizar los sepelios de forma inmediata y bajo una estricta vigilancia policial, lo que impidió la realización de auditorías médicas independientes y sepulturas dignas.

Alerta roja por la vida de cinco prisioneros

La urgencia del comunicado radica en el inminente peligro que corren actualmente otros detenidos, varios de ellos adultos mayores que padecen enfermedades crónicas graves y carecen de acceso a atención médica especializada. Los familiares individualizaron cinco casos críticos cuyos días en desaparición forzada o cautiverio prolongado representan un riesgo de fatalidad continuo:

• Víctor Boitano Coleman: 65 años de edad y 781 días desaparecido.
• Steadman Fagoth Muller: 72 años de edad y 624 días desaparecido.
• Salvadora Martínez Aburto: 68 años de edad y 290 días desaparecida.
• Carlos Brenes Sanchez: 71 años de edad y 290 días desaparecido.
• Jaime Enrique Navarrete Blandon: Quien, a pesar de no estar desaparecido, enfrenta una situación de extrema gravedad tras ser arrestado un mes después de su liberación en 2019, sumando 8 años de un cruel y prolongado cautiverio bajo régimen de máxima seguridad.

Los denunciantes enfatizaron que mantener a los prisioneros sin comunicación alguna ni evidencias verificables de su estado de salud constituye una violación directa de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas internacionalmente como las Reglas Nelson Mandela. Ante lo que califican como una “violencia institucionalizada”, los familiares exigen respuestas inmediatas.

Por lo que, las demandas centrales dirigidas al régimen de Nicaragua se resumen en tres puntos fundamentales:

1. La liberación inmediata de sus familiares y de los más de 46 presos políticos verificables.
2. Información oficial e inmediata sobre sus paraderos y condiciones de salud.
3. Acceso médico independiente para los reclusos, sugiriendo la intervención de organismos como la Cruz Roja Internacional.

Asimismo, advirtieron que no aceptarán supuestas “pruebas de vida” manipuladas. El pronunciamiento también saca a la luz lo que consideran una profunda hipocresía diplomática por parte de la administración de Ortega-Murillo. Se denuncia que el pasado 26 de mayo, la delegación nicaragüense exigió ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el fin de las sanciones internacionales invocando el “Derecho Internacional”.

Para los firmantes, un Estado que perpetra de manera continua la desaparición forzada dentro de sus fronteras carece por completo de autoridad moral. Por este motivo, hicieron un llamado enérgico a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para mantener e intensificar las sanciones económicas y políticas contra el Gobierno de Nicaragua.