La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que amplíe las medidas provisionales en favor de cinco opositores nicaragüenses encarcelados, a quienes considera expuestos a una situación de extrema gravedad y riesgo de daños irreparables.
Esta petición fue respaldada por organismos humanitarios que alertan sobre el peligro para la vida y la integridad de estas personas, actualmente privadas de libertad bajo acusaciones de delitos económicos y persecución política.
Entre los beneficiarios de la solicitud se encuentran el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, quien fue asesor presidencial, y su hijo, el empresario Álvaro Baltodano Monroy.
Ambos fueron señalados por la Procuraduría General de Justicia como responsables de crear una veintena de empresas ficticias para actividades de lavado de dinero y evasión fiscal, según lo divulgado por la CIDH. La petición también abarca al coronel retirado Carlos Brenes, su esposa Salvadora Martínez y el opositor Larry Martínez, todos detenidos en el contexto de la crisis política que atraviesa Nicaragua.
La información recabada por EFE indica que estos cinco forman parte de un grupo protegido bajo el caso identificado como ‘Asunto Juan Sebastián Chamorro y otras personas respecto a Nicaragua’, que recoge la persecución sistemática contra más de un centenar de opositores al gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La CIDH precisó que tres de los beneficiarios son adultos mayores, lo que agrava las preocupaciones sobre su salud y bienestar en el contexto carcelario.
Los Baltodano están recluidos en el centro penitenciario conocido como ‘La Modelo’, tras permanecer más de cinco meses sin que se conociera su paradero. Durante ese tiempo, la CIDH advirtió que no habrían recibido la atención médica adecuada a sus condiciones de salud. En el caso de Brenes, Martínez y Salvadora Martínez, las autoridades no han informado sobre su ubicación desde que fueron arrestados, lo que incrementa la alerta sobre su situación personal.
La CIDH ha señalado que, pese a las gestiones y solicitudes dirigidas al Estado de Nicaragua para esclarecer la situación de los detenidos y adoptar medidas de protección, no ha recibido respuestas que indiquen la existencia de acciones efectivas para mitigar los riesgos identificados ni de investigaciones sobre los hechos denunciados.
Por ese motivo, la Comisión recurrió a la Corte IDH para que ordene la adopción inmediata de medidas que garanticen la vida, la salud, la integridad y la libertad de los cinco opositores, así como la obligación de informar formalmente sobre su paradero o lugar de detención.
Las medidas provisionales que puede emitir la Corte IDH tienen carácter obligatorio para los Estados miembros y están reservadas para situaciones de urgencia y gravedad, en las que existe la posibilidad de daños irreparables para las personas involucradas. El caso de los disidentes nicaragüenses se enmarca en la crisis política y social que vive el país desde 2018, intensificada tras las elecciones generales de noviembre de 2021, cuando Ortega fue reelegido con la mayor parte de sus rivales encarcelados. Luego, muchos de esos opositores fueron privados de su nacionalidad y derechos políticos, tras ser acusados de traición.
La CIDH insiste en la necesidad de que se implementen acciones inmediatas para proteger a los cinco disidentes y que se aporte información sobre su situación real, ante la falta de garantías y el silencio oficial por parte del gobierno nicaragüense.
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