Quién es el diplomático que la ONU señala como coordinador de una red de espionaje contra exiliados nicaragüenses

Un informe del Grupo de Expertos de la ONU identificó a Valdrack Jaentschke como pieza clave en la estrategia de persecución transnacional dirigida por el régimen Ortega-Murillo contra opositores que viven fuera de Nicaragua

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Los expertos de la ONU
Los expertos de la ONU colocan a Rosario Murillo a la cabeza de la red de represión transnacional y al ahora canciller Valdrack Jaentschke, como coordinador de las operaciones de espionaje

El último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GREHN), presentado esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señala directamente al ahora canciller Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker como uno de los funcionarios que dirigió la estrategia de vigilancia y persecución contra los nicaragüenses exiliados.

Según el documento, el diplomático sandinista desempeñó “un papel importante en la dirección de la estrategia de represión transnacional del país y en la coordinación de las actividades de inteligencia, por encima de los componentes político y operacional de la arquitectura de vigilancia e inteligencia”.

El informe describe una compleja estructura estatal diseñada para identificar, vigilar y presionar a opositores que huyeron del país tras la represión iniciada en 2018. De acuerdo con el GREHN, la arquitectura de vigilancia transnacional funciona mediante “una cadena de mando vertical” que integra al ejército, la policía, el servicio diplomático y actores no estatales vinculados al oficialismo.

El sistema se divide en dos niveles. Uno político, encargado de definir los objetivos y prioridades estratégicas, y otro operacional, responsable de ejecutar las decisiones en el exterior. Juntos, ambos componentes permiten que el aparato represivo del Estado nicaragüense se proyecte fuera de sus fronteras para perseguir a quienes considera opositores.

En la cúspide de esa estructura, según el informe, se encuentra Rosario Murillo, la poderosa copresidenta y esposa de Daniel Ortega. Los expertos sostienen que las decisiones sobre quién debe ser vigilado o perseguido se toman en un círculo reducido integrado por la propia Murillo, el asesor presidencial para asuntos de seguridad e inteligencia, el viceministro del Interior y altos dirigentes del Frente Sandinista.

Valdrack Jaentschke ha sido designado
Valdrack Jaentschke ha sido designado en varios cargos diplomáticos en países donde existe mayor concentración de exiliados nicaragüenses (Foto archivo)

Ese núcleo define “categorías de amenaza” y decide las medidas que deben aplicarse contra cada objetivo, que pueden incluir vigilancia, acoso, intimidación digital o presencial, seguimiento mediante consulados y hasta la denegación de documentos oficiales.

Las órdenes emanadas desde ese nivel se transmiten luego a las instituciones estatales, a las embajadas y a las estructuras partidarias del FSLN en el exterior. Según el informe, esta coordinación permite ejecutar acciones simultáneas en distintos países, manteniendo una estrategia centralizada. La red, según la ONU, no se limita al espionaje tradicional. Incluye campañas de intimidación digital, recopilación de información personal y seguimiento de actividades políticas de los exiliados.

Entre 2021 y 2023, el informe identifica a Valdrack Jaentschke como uno de los integrantes del grupo de alto nivel que participaba en la toma de decisiones. En ese período ocupó simultáneamente cargos como asesor presidencial para políticas y asuntos internacionales y diplomático en varias embajadas de la región, lo que le permitió operar directamente en países donde se concentraba el exilio nicaragüense.

La rápida sucesión de sus nombramientos en Guatemala, Honduras y Costa Rica coincidió con el momento en que se disparó la salida de opositores del país. Según los expertos de la ONU, su cercanía con la Presidencia le permitió coordinar actividades de inteligencia que conectaban los niveles político y operativo de la red.

Durante esas misiones diplomáticas, añaden, estableció redes de influencia y coordinó la recopilación de información sobre opositores en los países donde estuvo destinado.

Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker nació el 22 de agosto de 1959 en Corn Island, en el Caribe sur de Nicaragua, y creció en una familia de clase media con ascendencia alemana. Su padre trabajó en la autoridad portuaria de Corinto y en la embajada de Estados Unidos en Managua. Su madre, según él mismo relató en entrevistas, hablaba principalmente inglés criollo en el hogar.

Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y posteriormente Sociología en la Universidad Centroamericana, de donde se graduó en 1991. Más tarde obtuvo una maestría en Administración Pública y Asuntos Internacionales en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos.

Los expertos de la ONU
Los expertos de la ONU también destacan la participación del Ejército de Nicaragua en la red de represión transnacional. En la imagen los dictadores Murillo y Ortega, junto al jefe del Ejército, general Julio César Avilés (Foto 19 Digital)

Su carrera política comenzó tras el triunfo de la revolución sandinista en 1979. En 1983 ingresó como oficial a la Dirección General de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, una estructura de inteligencia que operaba durante el primer gobierno sandinista.

Allí participó en operaciones vinculadas a la llamada “lucha contra bandas” en zonas rurales y posteriormente fue asignado a la embajada de Nicaragua en Honduras, donde realizaba tareas de recopilación de información sobre la contrarrevolución.

Fuentes que conocieron su trabajo en esa etapa lo describen como un funcionario dedicado a labores de inteligencia y espionaje. Durante esos años la seguridad del Estado sandinista mantenía estrecha cooperación con asesores cubanos y desarrollaba operaciones de seguimiento contra opositores y contra la Contra que operaba desde territorio hondureño.

Tras el cambio político de los años noventa, Jaentschke transitó por espacios vinculados a la cooperación internacional y la sociedad civil. A finales de esa década dirigió la organización Nicaraguan for Development Center, una plataforma que canalizaba fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) destinados a fortalecer organizaciones sociales y proyectos de gobernabilidad democrática.

También trabajó en programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo orientados a la formación de líderes en gobernabilidad. Sin embargo, su carrera dio un giro cuando Daniel Ortega regresó al poder en 2007. A partir de entonces fue incorporado al aparato diplomático del nuevo gobierno sandinista.

Durante más de una década se desempeñó como vicecanciller y representante del régimen en distintos foros internacionales. En ese papel defendió sistemáticamente la política exterior del gobierno de Ortega y su postura frente a las críticas internacionales por violaciones de derechos humanos, especialmente después de las protestas de 2018.

En los últimos años su carrera diplomática lo llevó nuevamente a Centroamérica. Fue enviado a Guatemala, Honduras y posteriormente a Costa Rica como ministro consejero y encargado de negocios. Esas designaciones buscaban colocarlo como operador de inteligencia en esos países con fuerte presencia del exilio nicaragüense.

Costa Rica, en particular, se convirtió después de 2018 en el principal destino de quienes huyeron de la represión en Nicaragua. En ese contexto, el informe del GREHN sostiene que Jaentschke estableció redes de influencia y coordinó operaciones de seguimiento e inteligencia dirigidas a opositores que se encontraban en esos países.

En la actualidad, Jaentschke forma parte de la estructura diplomática más alta del régimen. En 2025 fue nombrado co-ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, cargo que comparte con Denis Moncada, dentro del esquema político dominado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El informe de la ONU también detalla cómo funciona el aparato operativo que respalda esta estrategia de vigilancia. Según los expertos, el componente operacional está liderado por la Dirección de Información para la Defensa y la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar. Estas estructuras coordinan actividades de espionaje digital, elaboración de perfiles de opositores, selección de objetivos y operaciones encubiertas en el extranjero.

En varios países, añade el documento, personal de inteligencia ha sido asignado a embajadas nicaragüenses para recopilar información sobre la diáspora. La ONU señala que desde 2020 al menos cinco misiones diplomáticas han contado con personal de inteligencia militar o de defensa que trabaja en coordinación con agregados militares y estructuras partidarias del FSLN.

El financiamiento y funcionamiento de esta red también involucra a diversas instituciones estatales. Entidades como el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos participan en la vigilancia digital mediante monitoreo de redes sociales e interceptación de comunicaciones. Esa información se comparte con organismos de inteligencia que elaboran perfiles de opositores en el exterior.

Las decisiones sobre quién debe
Las decisiones sobre quién debe ser vigilado o perseguido se toman en un círculo reducido integrado el asesor presidencial de seguridad e inteligencia, el viceministro del Interior y altos dirigentes del Frente Sandinista, dirigidos por Rosario Murillo (Foto archivo)

El informe agrega que otras instituciones del Estado, entre ellas la Dirección General de Migración y Extranjería, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Universidades, aportan datos laborales, financieros, académicos y de contacto que alimentan la base de información de esta red.

Las operaciones en terreno, según el GREHN, suelen involucrar a militantes del FSLN, agentes encubiertos e informantes de distintas nacionalidades que recaban información sobre reuniones, vínculos familiares y movimientos de figuras opositoras. Esa información se transmite a los organismos de inteligencia, a la policía y a consulados.

El informe también menciona que en algunos casos se establecen acuerdos informales con personas o grupos en los países donde operan, incluso con individuos vinculados a redes criminales, con el fin de vigilar o intimidar a exiliados sin que esas acciones puedan atribuirse directamente al Estado nicaragüense.

Los expertos concluyen que esta estructura constituye una estrategia deliberada para extender la persecución política más allá de las fronteras del país. Según su evaluación, la combinación de inteligencia estatal, diplomacia y redes partidarias permite al régimen vigilar a la oposición incluso después de que esta haya abandonado Nicaragua.

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