El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2025, publicado por Transparency International, posicionó a Nicaragua como el segundo país más corrupto de América Latina, solo superado por Venezuela.
El informe asignó a Nicaragua una puntuación de 14 sobre 100, mientras que Venezuela recibió 10 y Haití 16. Estas cifras reflejan una percepción de corrupción pública muy elevada y una situación institucional marcada por la represión y la falta de controles democráticos.
Según Transparency International, la corrupción sigue representando una amenaza global persistente, sin avances generalizados en la mayoría de las regiones. El índice evaluó a 182 países y territorios, utilizando una escala en la que 0 indica el nivel máximo de corrupción y 100 el mínimo. Nicaragua se mantiene en la franja inferior de la tabla latinoamericana, con una tendencia negativa en la lucha contra la corrupción.
En el caso de Nicaragua, la crisis política y social iniciada en abril de 2018 se ha profundizado de manera sostenida. Tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato presidencial y su esposa, Rosario Murillo, reafirmó su posición de vicepresidenta, el país intensificó la represión contra opositores, periodistas, activistas, y organizaciones de la sociedad civil.
Los principales contendientes electorales enfrentaron prisión o exilio, en un proceso ampliamente cuestionado por la comunidad internacional, según reportó Human Rights Watch.
Tanto Ortega y Murillo ha consolidado el control sobre las instituciones estatales a través de reformas constitucionales y el cierre de espacios democráticos. Más de 5,500 organizaciones no gubernamentales fueron clausuradas y cientos de miembros del clero, líderes sociales y periodistas se vieron forzados al exilio o privados de la nacionalidad. El aislamiento internacional se acentuó tras la salida de Nicaragua de organismos como la OEA y de varias agencias de Naciones Unidas.
Economía estancada, dependencia de remesas y crisis social en Nicaragua
En lo económico, la nación se mantiene en una situación precaria y depende cada vez más de las remesas, que en 2024 representaron aproximadamente el 29% de su PIB, según el análisis de la International Trade Administration.
El crecimiento, estimado entre 3 y 4% por el Banco Central, no se traduce en una recuperación del empleo formal. Persisten el aumento de la informalidad y la pobreza, mientras la inflación en alimentos y energía eleva el costo de la canasta básica muy por encima del salario mínimo, de acuerdo con el informe de Coface.
Las políticas fiscales del gobierno priorizan el financiamiento a corto plazo y el incremento de impuestos incluso sobre productos básicos. Las inversiones extranjeras y el turismo permanecen estancados por el clima político y la desconfianza institucional. A esto se suman sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos y la amenaza de exclusión del acuerdo CAFTA-DR.
El impacto social de esta crisis se manifiesta en una migración masiva, con más de 340,000 solicitudes de asilo de nicaragüenses en el extranjero desde 2018, principalmente en Costa Rica y Estados Unidos.
La metodología del CPI, se basa en la percepción de expertos y empresarios, lo que permite comparar la evolución de la corrupción en el sector público a nivel internacional. El informe subraya que la falta de controles democráticos, la represión y la debilidad de las instituciones han permitido que la corrupción se consolide en el país. Las protestas ciudadanas y el descontento social evidencian una demanda de reformas profundas.
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