Las operaciones logísticas de carga de combustibles en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, un tramo clave de la hidrovía Paraguay-Paraná, podrían continuar durante al menos un año más. Así lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, que informó la existencia de un “principio de acuerdo” con Argentina para mantener el uso de ese punto durante los próximos doce meses, en medio de un contexto de tensión por una decisión previa de suspender dichas operaciones a partir del 26 de julio.
El tramo en cuestión, ubicado en el brazo más caudaloso del delta del Paraná, constituye un nodo estratégico para el abastecimiento de combustibles líquidos. Desde allí se realizan maniobras de alijo –la transferencia de carga entre embarcaciones en zonas fluviales sin infraestructura portuaria fija– que permiten reducir tiempos y costos en el transporte. Su eventual reemplazo por otros puntos más alejados o con menor capacidad operativa había generado fuertes reclamos del empresariado paraguayo por el impacto que ello tendría en la eficiencia logística regional.
El impacto de una suspensión: aumento de costos y menor flexibilidad
La decisión previa de suspender las operaciones en el kilómetro 171 había sido informada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina, lo que generó preocupación en las principales cámaras del sector fluvial y energético de Paraguay. Según el sector privado, el traslado de las operaciones a otros puertos podría traducirse en un aumento significativo de los costos logísticos, menor flexibilidad operativa y demoras en el abastecimiento.
En un comunicado oficial, la Cancillería paraguaya señaló que se realizó una reunión encabezada por el canciller Rubén Ramírez con representantes del sector público y privado para abordar la situación. Allí se detallaron las gestiones diplomáticas realizadas por el Gobierno en el marco de los diálogos bilaterales con Argentina, y se informó que existe “un pedido y un principio de acuerdo para mantener las condiciones actuales de las operaciones de alijo en dicha zona por un período de doce meses”.
Además, se acordó la conformación de una mesa de trabajo bilateral, que incluirá representantes tanto del ámbito gubernamental como del empresarial de ambos países, con el objetivo de monitorear y garantizar la continuidad de las operaciones mientras se evalúan soluciones de largo plazo.
Articulación público-privada para resguardar la operatoria
Frente a ese escenario, el Gobierno paraguayo resolvió también la creación de un espacio interinstitucional de coordinación para evaluar posibles cursos de acción a corto, mediano y largo plazo. Esta iniciativa busca anticiparse a eventuales cambios en la normativa o restricciones operativas que puedan afectar la fluidez del comercio fluvial.
Cabe recordar que esta semana las autoridades aduaneras de Paraguay y Argentina habían acordado inicialmente una extensión de diez meses. Sin embargo, el nuevo comunicado oficial eleva ese plazo a un año, lo que otorgaría mayor previsibilidad a las empresas que operan en la hidrovía.
De la reunión participaron representantes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Prefectura General Naval, la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y la Dirección General de Marina Mercante. También estuvieron presentes actores del sector privado, como el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles y otras entidades vinculadas al transporte y la energía.
La hidrovía Paraguay-Paraná constituye una de las principales arterias de comercio de la región. Su mantenimiento operativo y regulatorio resulta clave para asegurar el tránsito eficiente de bienes, insumos y recursos estratégicos. En este contexto, el eventual acuerdo alcanzado entre Paraguay y Argentina representa una señal de cooperación necesaria para evitar disrupciones en una cadena logística fluvial de alta sensibilidad.
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