
En una decisión que impacta directamente en el funcionamiento del comercio exterior argentino, la Dirección General de Aduanas (DGA) anunció el cierre temporal de una terminal portuaria a partir de este miércoles 25 de junio a las 20:00. La medida fue adoptada tras constatarse reiterados incumplimientos por parte de la permisionaria del predio, lo que, según el organismo, derivó en “demoras injustificadas” y “costos fuera de presupuesto” para importadores, exportadores y despachantes de aduana.
La determinación, comunicada por la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, se basa en la falta de cumplimiento de un acta de compromiso firmada a principios de mes. Aunque se trata de una acción de alcance limitado, su aplicación genera tensión en toda la cadena logística por el potencial efecto sobre los tiempos y costos de las operaciones comerciales.
Operaciones permitidas en carácter excepcional
A fin de mitigar el impacto en las cargas sensibles, la DGA estableció un esquema de excepciones que permitirá continuar con determinadas operaciones bajo condiciones específicas. Entre ellas, se autoriza:
- La carga de exportación vinculada a un buque programado con arribo para el 26 de junio a las 23:00, siempre que las cargas cumplan con el horario de corte fijado para el miércoles 25 a las 18:00.
- La continuidad de operaciones de importación y exportación de productos perecederos, medicamentos, explosivos y mercancías refrigeradas.
- La entrega de cargas de importación con turnos previamente asignados para el día del cierre.
Estas excepciones fueron diseñadas para evitar perjuicios a los actores del comercio exterior que operan con mercadería sensible a los tiempos logísticos y que no pueden ser reprogramadas sin incurrir en pérdidas significativas.
El motivo: demoras atribuibles a la permisionaria
El comunicado oficial difundido a los actores del comercio exterior indica que las demoras detectadas en la terminal afectada son atribuibles exclusivamente a su gestión, lo que motivó la intervención directa del organismo aduanero. La Aduana resaltó que esas irregularidades provocan gastos adicionales no contemplados, afectando la competitividad de las operaciones y generando distorsiones en la planificación logística del sector.
La medida se encuadra en una serie de acciones más amplias que viene impulsando el servicio aduanero con el objetivo de promover la facilitación del comercio, mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos indirectos asociados a las demoras portuarias. En ese marco, también se busca reforzar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los operadores logísticos con el Estado.
Impacto en la comunidad portuaria y logística
La resolución generó un movimiento inmediato entre despachantes, operadores logísticos y cámaras del sector, que comenzaron a reorganizar sus operaciones para evitar contratiempos mayores. Si bien se trata de una interrupción puntual, la medida pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema logístico frente a fallas de gestión o incumplimientos contractuales por parte de los operadores.
Diversos actores del ecosistema portuario señalaron que esta situación expone la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control sobre las terminales concesionadas, así como avanzar en mayores niveles de digitalización, interoperabilidad y transparencia que permitan una mejor trazabilidad de las demoras y una distribución más equitativa de responsabilidades.
Un contexto de revisión y exigencias crecientes
La intervención de la DGA se da en un contexto donde los organismos vinculados al comercio exterior vienen impulsando reformas para simplificar procesos, reducir la burocracia y aumentar la previsibilidad del sistema. En ese marco, las demoras injustificadas son vistas no solo como un obstáculo operativo, sino también como una traba para el desarrollo exportador y la competitividad del país.
En este sentido, la DGA remarcó que toda medida que apunte a corregir desvíos operativos y mejorar la eficiencia será respaldada por el servicio aduanero. La decisión de cerrar una terminal portuaria, aunque de forma temporal, refleja un cambio de postura más firme frente a prácticas que generan distorsiones, en un contexto donde se busca mejorar el clima de negocios sin dejar de exigir estándares mínimos de cumplimiento.

Próximos pasos y expectativas
Hasta el momento no se informó oficialmente la duración del cierre ni si se contemplan nuevas auditorías o condiciones para reanudar la operación normal. Sin embargo, se espera que el restablecimiento del funcionamiento esté sujeto al cumplimiento efectivo del acta firmada y la remediación de los incumplimientos señalados.
En paralelo, representantes del sector privado y organismos estatales continúan en diálogo para garantizar que la medida tenga el menor impacto posible en las operaciones comerciales vigentes, especialmente en un contexto regional donde la fluidez logística es clave para mantener niveles aceptables de competitividad.
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