
México participa, por medio de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en tres convenciones internacionales para prevenir y combatir la corrupción, además de mantener cooperación técnica y bilateral con organismos y gobiernos extranjeros. La dependencia busca cumplir los compromisos internacionales del país, fortalecer las capacidades institucionales e intercambiar soluciones con otras naciones.
De acuerdo con el comunicado de Buen Gobierno, difundido este 25 de octubre, la institución ha intervenido en más de 36 foros internacionales y espacios especializados sobre integridad pública y combate a prácticas indebidas desde su creación.
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La agenda mexicana incluye los mecanismos de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
En estos espacios multilaterales, la Secretaría promueve medidas de sanción contra conductas indebidas junto con mecanismos de prevención de riesgos de corrupción. Sus temas prioritarios abarcan la integridad empresarial, los conflictos de interés, la regulación del cabildeo, la protección de datos personales y las contrataciones públicas como instrumento de desarrollo.
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La cooperación técnica abarca organismos de América, Europa y Naciones Unidas
Buen Gobierno colabora con la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la OEA, la ONU, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional.
La cooperación con esos organismos contempla el intercambio de conocimientos, metodologías y herramientas para prevenir riesgos de corrupción, impulsar la innovación gubernamental y profesionalizar el servicio público.
En el plano bilateral, México comparte experiencias con 14 países: Alemania, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, España, Francia, Guatemala, Italia, Portugal, Reino Unido y Ucrania.
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Con Francia, el trabajo se concentra en la formación de personas servidoras públicas, el desarrollo de capacidades directivas, la ética y la modernización administrativa. La cooperación con Chile se enfoca en control gubernamental, contrataciones públicas y uso de nuevas tecnologías para mejorar los mecanismos de supervisión.
La agenda también prevé que personas servidoras públicas participen en capacitaciones, talleres, visitas de estudio y programas de especialización. Estas actividades buscan conocer experiencias de otros países y evaluar su aplicación en las instituciones mexicanas.
Buen Gobierno señaló que estas acciones forman parte de su compromiso para usar la cooperación internacional en la prevención de la corrupción, la protección de los recursos públicos y el fortalecimiento de una administración pública íntegra.
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Anticorrupción revocó las autorizaciones de cinco certificadores fiscales vinculados con factureras

Anticorrupción y Buen Gobierno informó el pasado 18 de octubre que revocó la autorización de cinco Proveedores de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, tras detectar que estaban vinculados con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como factureras.
En total, los siete proveedores investigados validan aproximadamente 20.53% de la facturación nacional. El procedimiento administrativo para retirar la autorización de dos proveedores continúa en curso, según la dependencia.
Las empresas sancionadas son Facturadorelectronico.com, DigiFact, FactureYa, EdiFactMx y Comercio Digital. La Secretaría mantiene la supervisión y los procedimientos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial Federal para prevenir y sancionar operaciones fiscales simuladas.
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Buen Gobierno informa que más de 1 millón de servidores públicos presentaron su declaración patrimonial en 2026

Raquel Buenrostro, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, informó el pasado 22 de septiembre que 1 millón 532 mil 699 servidores públicos presentaron su declaración patrimonial en 2026, una cifra récord que equivale a 97.7% del personal obligado a cumplir con este trámite. Poco más de 2% aún no entrega el documento previsto en el artículo 108 de la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los registros se realizaron “en tiempo y forma” mediante la plataforma DeclaraNet. La declaración permite a las autoridades revisar los bienes, ingresos e intereses de quienes desempeñan una función pública e identificar posibles inconsistencias entre sus percepciones y su patrimonio.
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Buenrostro vinculó el nivel de cumplimiento con las capacitaciones obligatorias sobre ética e integridad que impulsa la dependencia. En dos años de administración, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno impartió 1.3 millones de capacitaciones dirigidas a personas que trabajan en el servicio público federal mediante una escuela virtual.
La declaración patrimonial concentra información sobre la situación económica de las personas servidoras públicas: inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, deudas e ingresos. También puede incorporar los ingresos de la pareja y dependientes económicos, así como participaciones en empresas o fideicomisos.
El trámite aplica para quienes ingresan al servicio público, continúan en funciones o concluyen su encargo. Los órganos internos de control pueden contrastar la información declarada con los ingresos que recibe cada funcionario para determinar si existe congruencia patrimonial. La omisión de la declaración patrimonial y de intereses constituye una falta administrativa.
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