Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, reveló que poco más del 2% de los funcionarios públicos no han presentado su declaración patrimonial que se establece en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal indicó que este año se alcanzó un récord histórico en la presentación de declaraciones patrimoniales, con un total de 1 millón 532 mil 699.
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Esto último, representa al 97.7% de los servidores públicos a nivel nacional, quienes resgistraron “en tiempo y forma” sus bienes e ingresos, a través de la plataforma DeclaraNet.
Buenrostro explicó que la declaración patrimonial forma parte de las herramientas de transparencia y supervisión interna del gobierno, ya que permite a las autoridades conocer los bienes, ingresos e intereses de quienes desempeñan una función pública y facilita la detección de posibles inconsistencias patrimoniales.
En este sentido, vinculó el resultado con la capacitación obligatoria en ética e integridad que impulsa la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Asimismo, destacó que la dependencia cuenta con una escuela virtual para capacitar a servidores públicos en distintas materias y mencionó que en dos años de administración, se impartieron 1.3 millones de capacitaciones, las cuales son obligatorias para las personas que trabajan en el servicio público federal.
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¿Qué es la declaración patrimonial?
La declaración patrimonial es un documento mediante el cual los servidores públicos reportan su situación económica, sus bienes, ingresos, deudas, inversiones y posibles relaciones que puedan representar un conflicto de interés.
El trámite permite a los órganos internos de control revisar si existe congruencia entre los ingresos que recibe una persona funcionaria y el patrimonio que declara.
La información puede incluir inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, ingresos de la pareja y de dependientes económicos, además de participaciones en empresas o fideicomisos.
La presentación se realiza mediante DeclaraNet y corresponde a quienes ingresan al servicio público, continúan en funciones o terminan su encargo.
La falta de presentación de la declaración patrimonial y de intereses constituye una falta administrativa, por lo que la autoridad puede iniciar el procedimiento con un requerimiento formal para que la persona servidora pública entregue la información pendiente.
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Si el incumplimiento persiste, las sanciones pueden incluir suspensión, destitución o inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
También pueden aplicarse multas económicas, según la naturaleza de la omisión y las disposiciones fiscales vigentes.
Más de 4 mil servidores públicos fueron sancionados
La parte preventiva del trabajo de la Secretaría se complementa con procedimientos administrativos y denuncias ante otras autoridades cuando se detectan faltas.
Buenrostro reportó que 4.193 servidores públicos fueron sancionados durante la actual administración.
Del total, 3.528 casos correspondieron a faltas no graves y 665 a faltas graves.
Entre las conductas sancionadas mencionó pagos indebidos, sustracción de información bajo resguardo, autorización de pagos por bienes o servicios no entregados y compras injustificadas.
También incluyó ocultamiento de bienes e incrementos patrimoniales, falsificación de documentos, hostigamiento y acoso sexual.
La Secretaría envió 1.737 expedientes de servidores públicos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia encargada de resolver las faltas graves.
De esos casos, 87 ya recibieron notificación de sanción y 1.650 permanecen en proceso.
Empresas y particulares enfrentan multas e inhabilitaciones
Buenrostro informó que 286 personas morales fueron sancionadas por irregularidades en sus relaciones contractuales con el gobierno.
Las principales faltas detectadas fueron la presentación de documentación falsa, incumplimientos en la entrega de bienes o servicios y la simulación de experiencia técnica.
También señaló casos en los que empresas ocultaron conflictos de interés durante licitaciones públicas.
La funcionaria describió situaciones en las que varias empresas presentaron cotizaciones altas sin revelar que pertenecían al mismo propietario, lo que impide una competencia real.
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De las 286 personas morales sancionadas, 222 fueron inhabilitadas y recibieron una multa. Otras 64 recibieron únicamente sanciones económicas.
El monto acumulado de las multas impuestas a personas morales asciende a 147,3 millones de pesos.
La Secretaría también remitió 33 expedientes de particulares al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por posibles vínculos con servidores públicos. Todos los casos permanecen en proceso.
En materia de protección de datos personales, la dependencia sancionó a 51 particulares con multas de hasta 118,5 millones de pesos.
Las denuncias penales y los casos expuestos por la Secretaría
Buenrostro informó que la Secretaría presentó 517 denuncias contra servidores públicos ante la Fiscalía General de la República durante los dos años de gobierno, de las cuales 53 personas fueron vinculadas a proceso.
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Los delitos identificados con mayor frecuencia fueron enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
Como ejemplo, la funcionaria recordó un contrato de 2015 para desarrollar un sistema de inteligencia durante la existencia de la Policía Federal.
El contrato tenía un valor de USD 130 millones. De ese total, se gestionaron USD 65 millones como gastos de seguridad nacional, pero el dinero salió sin que se pagara el contrato al que estaba destinado.
La Secretaría impuso inhabilitaciones de 15 y 20 años al extitular de la División de Inteligencia y a la exsecretaria general de la Policía Federal.
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El caso también fue denunciado ante la Fiscalía General de la República y la dependencia busca la reparación del daño por USD 65 millones.
Buenrostro mencionó otro expediente relacionado con un contrato de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, para la producción y envasado de más de 2 mil toneladas de frijol.
El contrato ascendía a 80 millones de pesos y recibió un pago anticipado de 73,6 millones de pesos, aunque el servicio nunca se prestó.
El expediente involucra a nueve servidores públicos y a un particular. El caso fue remitido al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también fue denunciado ante la Fiscalía General de la República.
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La funcionaria también informó sobre una denuncia relacionada con el reetiquetado de medicamentos oncológicos en un almacén rentado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE.
La denuncia penal fue presentada en 2025 contra servidores públicos, un particular y quienes resulten responsables.
En febrero de 2026, la dependencia integró la falta administrativa grave por abuso de funciones y daño patrimonial. El expediente se encuentra ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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