
El gobierno de Donald Trump suspendió, al menos por ahora, los planes para realizar ataques aéreos contra cárteles de la droga en territorio mexicano, de acuerdo con información publicada por The New York Times, en un momento en que Washington y el gobierno de Claudia Sheinbaum avanzan hacia un posible acuerdo comercial.
El diario estadounidense señaló que funcionarios de ambas administraciones han profundizado la cooperación en materia de seguridad durante los últimos meses y que el gobierno de Trump se encuentra más cerca de alcanzar un acuerdo comercial directamente con México.
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La información cita a un funcionario estadounidense, un exfuncionario del Pentágono y dos funcionarios mexicanos, quienes señalaron que los planes para emplear ataques aéreos en suelo mexicano han quedado efectivamente archivados por el momento.
La decisión no significa que Washington haya abandonado su presión contra los grupos criminales mexicanos. De hecho, el gobierno estadounidense ha incrementado durante el segundo mandato de Trump las medidas contra organizaciones del narcotráfico y ha utilizado la designación de grupos criminales como “organizaciones terroristas extranjeras” para ampliar las herramientas con las que pretende combatirlas.
Trump mantiene presión contra México pese a pausa militar
La suspensión de los planes ocurre en contraste con las declaraciones que Trump realizó esta semana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde acusó a México de ser el “epicentro” de la violencia de los cárteles.
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El presidente estadounidense afirmó que era “inaceptable” que Estados Unidos compartiera una frontera de unas 2 mil millas con un territorio que, según él, está controlado por organizaciones criminales, y exigió al gobierno mexicano “recuperar el control” de su territorio. Al mismo tiempo, Trump aseguró que mantiene una buena relación con México y destacó los avances de la cooperación bilateral en seguridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que México mantiene una relación de coordinación con Washington y evitó entrar en una confrontación directa con Trump. Señaló que podría cuestionar a Estados Unidos por su elevado consumo de drogas y por la producción de armas que llegan a México, pero sostuvo que no lo haría debido a la relación que mantienen ambos gobiernos.
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La postura mexicana frente a una eventual intervención militar estadounidense ha sido consistente: Sheinbaum ha rechazado operaciones de Washington en territorio nacional y ha planteado que la cooperación debe realizarse respetando la soberanía mexicana.
La posibilidad de ataques dentro de México había adquirido mayor relevancia después de que la administración Trump intensificara sus operaciones contra presuntos grupos de narcotráfico en aguas internacionales. Una investigación de Los Angeles Times documentó ataques estadounidenses contra embarcaciones vinculadas presuntamente con el tráfico de drogas, incluidos casos en los que murieron ciudadanos mexicanos.
México concentra la mayor cantidad de grupos designados por EU
La presión de Washington también se refleja en la ampliación de su lista de organizaciones criminales consideradas terroristas.

A principios de septiembre, el gobierno de Trump había elevado a 21 los grupos criminales de América Latina y el Caribe designados como “organizaciones terroristas extranjeras”. México concentra ocho organizaciones, la mayor cantidad correspondiente a un solo país.
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Entre las organizaciones mexicanas señaladas se encuentran el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cártel de Juárez, Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Los Viagras.
El Cártel de Sinaloa y el CJNG son considerados por autoridades estadounidenses como organizaciones multinacionales involucradas en el tráfico de distintas drogas, incluido el fentanilo. La designación forma parte de una estrategia de la administración Trump que comenzó en 2025 y que ha ampliado el uso de herramientas militares y antiterroristas contra organizaciones criminales de la región.
La presión sobre México también aumentó después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusara en abril al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios estatales de delitos relacionados con narcotráfico y armas. Entre los acusados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil. Las acusaciones corresponden a una imputación federal y no constituyen por sí mismas una condena.
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De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los 10 acusados fueron señalados de presuntamente conspirar con integrantes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.
En este contexto, la pausa de los planes de ataques aéreos representa, por ahora, un cambio en la presión militar directa sobre territorio mexicano, mientras los gobiernos de Trump y Sheinbaum mantienen abiertas las negociaciones comerciales y una coordinación más estrecha en materia de seguridad.
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