
Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, recurrió al académico Carlos Augusto Jiménez Zárate para fundamentar su denuncia sobre la existencia de una “red de ampliación digital”, con la cual presuntamente se generan “ataques coordinados” en contra de la Cuarta Transformación en redes sociales.
Esto, a una semana de que presentó cuatro listas de más de 500 mil usuarios de la plataforma X, entre los que destacan políticos de oposición, medios de comunicación y periodistas, a los que señaló de generar y difundir noticias en contra del gobierno y el partido Morena.
“La semana pasada estuvimos hablando sobre los ecosistemas digitales, cómo funcionan los bots, más de medio millón de bots, cómo funcionan los trolls y todo este ecosistema en aras de modificar, muchas veces amplificar temas, modificar conversaciones, impulsar de manera artificial narrativas”, dijo en su conferencia Derecho de Réplica, que realiza semanalmente en Palacio Nacional.
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Luisa María Alcalde sostuvo que existe una estructura coordinada para manipular y amplificar temas en X mediante el uso de bots y trolls.
Según su señalamiento, estas acciones no serían espontáneas, sino el resultado de metodologías desarrolladas y aplicadas en distintos países con el objetivo de influir artificialmente en la conversación pública y atacar a figuras del gobierno.
En su intervención, el doctor Carlos Augusto Jiménez Zárate, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, explicó como opera lo que llamó “ecosistemas” de bots y trolls en la misma red social, así como el costo millonario que, según sus afirmaciones, implica la operación de campañas de desinformación digital.
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Afirmó que los bots y trolls actúan de forma organizada para propagar noticias falsas, contenidos manipulados y narrativas negativas a gran escala.
Según el especialista, en el contexto mexicano hasta el 50% de la actividad en ciertas tendencias correspondería a cuentas automatizadas y se pueden generar miles de interacciones en minutos, creando la apariencia de apoyo o rechazo masivo hacia determinados temas o personajes.
Jiménez Zárate también sostuvo que la infraestructura necesaria para operar estos ecosistemas digitales requiere inversiones millonarias, señalando que según sus estimaciones, cada campaña podría costar entre 20 y 30 millones de pesos, considerando servidores, software especializado, líneas telefónicas digitales y personal para el diseño y manejo de los sistemas.
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El objetivo de estas campañas, dijo el expositor, es instalar tendencias y narrativas de forma artificial, recurriendo a la compra y programación de grandes volúmenes de cuentas falsas.
El investigador mencionó que la velocidad de propagación de la desinformación supera ampliamente a la de los contenidos reales: las noticias falsas tendrían 70% más probabilidades de ser compartidas y se difundirían hasta seis veces más rápido que la información verídica.
Indicó que la identificación de estos comportamientos inorgánicos se basa en patrones como la ausencia de contenido original, la repetición de mensajes y el bajo número de seguidores en las cuentas involucradas.
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Tanto Luisa María Alcalde como Carlos Augusto Jiménez Zárate plantearon que la magnitud y el costo de las campañas de desinformación digital constituyen un desafío para la veracidad del debate público y la confianza social en los medios digitales.
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