CIDH alerta por siete periodistas asesinados en México y considera preocupante que amenazas previas no hayan sido investigadas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, manifestó una alerta ante la cifra de siete periodistas asesinados en México durante 2026 y expresó preocupación por la falta de investigaciones previas sobre amenazas denunciadas por las víctimas. El organismo internacional hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para fortalecer mecanismos de protección y garantizar investigaciones eficaces en torno a estos homicidios.

El organismo internacional de derechos humanos destacó que en México hay una coordinación entre Gobernación, mediante el Mecanismo de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión, para brindar apoyo y acompañamiento a los familiares de las víctimas, según se le informó.

“En México, con los casos de Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el número de periodistas asesinados en 2026 asciende a siete”, subrayó el organismo a través de un comunicado.

CIDH condena asesinato de periodistas

El 16 de julio de 2026, Josué Martínez Contreras fue asesinado en San Martín Texmelucan, Puebla. Según información oficial, dos personas en motocicleta le dispararon y se dieron a la fuga. El periodista había denunciado públicamente amenazas y actos de intimidación en los meses previos, relacionados con su labor informativa. Las autoridades estatales condenaron el hecho y la Secretaría de Gobernación ofreció apoyo a la familia, mientras que el caso se remitió al Gabinete de Seguridad Federal para su investigación.

Además, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de una persona vinculada a un presunto delito de soborno dentro del proceso, aunque la investigación sobre el homicidio continúa abierta en varias líneas.

Días después, el 22 de julio de 2026, Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a tiros en San Pablo Etla, Oaxaca. Leyva Aguilar, además de ejercer funciones públicas, mantuvo una presencia activa como columnista de análisis político. Un año antes, había presentado denuncias ante autoridades por amenazas de muerte que atribuyó a campañas de desprestigio presuntamente organizadas por actores estatales. Pese a ello, no recibió medidas de protección. Tras su homicidio, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión atrajo el caso y, según lo informado por el gobierno, la familia cuenta con asistencia de instancias federales dedicadas a la protección de periodistas y víctimas.

Preocupación ante la falta de respuesta a amenazas previas

La Relatoría Especial de la CIDH subrayó la gravedad de que en ambos casos las víctimas hubieran denunciado amenazas sin que existan evidencias de investigaciones oportunas o efectivas sobre estos antecedentes. El organismo señaló deficiencias en la adopción de medidas adecuadas para prevenir los homicidios, lo que resalta la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo en México.

La CIDH enfatizó que el asesinato, la intimidación y las amenazas contra periodistas constituyen violaciones graves de derechos fundamentales y afectan de manera directa la libertad de expresión. Esta violencia, indicó, no solo silencia a quienes han sido víctimas directas, sino que genera un efecto inhibidor sobre otros periodistas y menoscaba el derecho de la sociedad a acceder a información y a ideas diversas.

La persistencia de la violencia letal contra la prensa en México llevó a la Relatoría a solicitar una revisión urgente de la eficacia de los actuales mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. El organismo reiteró la obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar estos delitos, así como de garantizar la reparación adecuada a las víctimas y sus familias.

El comunicado de la CIDH concluye que la protección efectiva de periodistas es indispensable para el funcionamiento de la democracia, considerando el impacto negativo que la violencia tiene sobre el libre intercambio de información e ideas. Además, urgió a la adopción de medidas inmediatas y adecuadas para salvaguardar a las familias de las víctimas y prevenir futuros ataques contra quienes ejercen el periodismo en México.