
La sentencia de cadena perpetua impuesta en Estados Unidos a Ismael “El Mayo” Zambada, histórico cofundador del Cártel de Sinaloa, no solo cerró uno de los procesos judiciales más relevantes contra el narcotráfico, sino que volvió a colocar bajo los reflectores la controversia sobre las circunstancias de su captura y las consecuencias que ésta ha tenido para la seguridad en Sinaloa.
A dos años de la detención del capo, el gobierno mexicano continúa exigiendo explicaciones a Washington sobre el posible involucramiento de agencias estadounidenses en una operación que derivó en una profunda fractura dentro del Cártel de Sinaloa y desencadenó una ola de violencia que aún no logra ser contenida.
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La captura que sigue generando cuestionamientos
El 25 de julio de 2024, “El Mayo” Zambada llegó a territorio estadounidense a bordo de una aeronave que aterrizó en Texas. Posteriormente, el propio narcotraficante sostuvo que fue llevado contra su voluntad por uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Desde entonces, el gobierno mexicano cuestionó la versión oficial de Estados Unidos, que aseguró que sus agentes no participaron en la captura del líder criminal.
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Durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se solicitaron informes para esclarecer lo ocurrido; sin embargo, las respuestas no disiparon las dudas sobre el papel de las autoridades estadounidenses.
La polémica volvió a intensificarse recientemente después de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) donara a un museo la aeronave utilizada para trasladar a Zambada a Estados Unidos, hecho que reavivó las sospechas sobre una posible participación directa de agencias federales en la operación.
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Tras conocerse la sentencia de cadena perpetua, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la intervención estadounidense en la captura resulta “obvia”, mientras la Fiscalía General de la República mantiene abiertos requerimientos de información dirigidos a las autoridades de ese país.
La guerra entre Los Chapitos y La Mayiza continúa
Más allá del proceso judicial contra “El Mayo”, especialistas consideran que el mayor impacto de su captura se reflejó en la ruptura interna del Cártel de Sinaloa.
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La detención provocó una confrontación entre las facciones conocidas como Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y La Mayiza, integrada por operadores leales a Ismael Zambada.
Desde entonces, diversas regiones de Sinaloa han registrado una escalada de violencia con enfrentamientos armados, homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados de habitantes.

De acuerdo con estimaciones citadas por especialistas, el conflicto interno ha dejado más de tres mil personas asesinadas, además de miles de desplazados que abandonaron sus comunidades ante los constantes enfrentamientos entre grupos criminales.
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Aunque el gobierno federal reforzó la presencia del Ejército, la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad en la entidad, analistas consideran que las acciones han servido principalmente para contener parcialmente la violencia sin desarticular las estructuras criminales.
Expertos advierten que el conflicto está lejos de terminar
El analista en seguridad David Saucedo sostuvo en una entrevista que el gobierno mexicano no puede dejar de investigar las circunstancias de la captura de Zambada debido a que, de confirmarse la participación de agentes estadounidenses en territorio nacional, se trataría de un precedente de gran relevancia para la soberanía del país.
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En materia de seguridad, el especialista considera que la estrategia actual tiene un efecto principalmente disuasivo y no representa un golpe definitivo contra las organizaciones criminales.
Según su evaluación, los principales liderazgos del Cártel de Sinaloa permanecen operando y conservan intacta buena parte de su capacidad financiera y armada.

Entre los objetivos prioritarios que continúan prófugos se encuentran Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como uno de los líderes de Los Chapitos, e Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, considerado uno de los principales dirigentes de La Mayiza. Ambos son buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que mantienen recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que permita su captura.
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A este panorama se suma la acusación presentada por autoridades estadounidenses contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien señalan de presuntamente haber recibido sobornos para favorecer a integrantes de Los Chapitos, un señalamiento que añade un nuevo componente político a la crisis de seguridad que enfrenta la entidad.
Con la condena definitiva de “El Mayo” Zambada, el histórico liderazgo del narcotraficante llega a su fin en los tribunales estadounidenses, pero las consecuencias de su captura continúan marcando el panorama político, diplomático y de seguridad entre México, Estados Unidos y el estado de Sinaloa.
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