México va por la mayor reforma contra el feminicidio: mayores penas a agresores y cambios para facilitar investigaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso este martes 22 de julio la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio, con la que busca homologar el tipo penal en todo el país, volverlo imprescriptible y fijar reglas nacionales de coordinación, atención a víctimas y reparación del daño.

Esta propuesta se realizan ante un crimen que, según la exposición de motivos de la reforma de feminicidio, no debe tratarse sólo como ilícito penal, sino como una violación grave a los derechos humanos de las mujeres.

De acuerdo con la CEPAL, citado en la reforma, en los últimos cinco años al menos 19 mil 100 mujeres y niñas han sido asesinadas por razones de género en América Latina y el Caribe. Sólo en 2024 se registraron 3 mil 828.

En México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2024 se registraron 855 feminicidios, en 2025 fueron 732 y en enero de 2026 hubo 94 casos. El documento sostiene que, aunque hay una reducción en la incidencia, la violencia letal contra las mujeres persiste y se concentra en entidades como Sinaloa, Estado de México, CDMX, Morelos y Chihuahua, que reúnen aproximadamente una tercera parte de los casos del país.

La iniciativa plantea un tipo penal único y que el feminicidio no prescriba

El eje central de la propuesta es expedir una ley general que armonice los marcos penales de las 32 entidades federativas. La Presidencia argumentó que hoy todas tipifican el feminicidio, pero con diferencias de fondo en las razones de género, las agravantes y las penas, lo que deriva en respuestas desiguales, dificultades para clasificar los delitos y subregistro.

La iniciativa también plantea que el feminicidio sea imprescriptible. La exposición de motivos señaló que este delito reúne rasgos similares a otras conductas que no deben extinguirse por el paso del tiempo, porque se comete en contextos estructurales de subordinación y discriminación, responde a patrones reiterados y su impunidad favorece la repetición.

El documento añadió que 18 estados ya reconocen la imprescriptibilidad del feminicidio en sus códigos penales: Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. Bajo ese argumento, la propuesta sostiene que aplicar prescripción a este delito sería una regresión en los estándares de protección.

Para justificar ese cambio, la iniciativa cita criterios de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellos aparecen los casos González y otras, conocido como Campo Algodonero, Digna Ochoa y otros, García Andrade y otros, y Ascencio Rosario y otros, así como los amparos en revisión 554/2013, directo 69/2015 y directo 30/2025.

Ley obligaría a investigar desde el inicio como feminicidio

La iniciativa responde de forma directa a una de las fallas que identifica en el sistema actual: las investigaciones que descartan de manera prematura la violencia de género. El texto propone fortalecer las responsabilidades de las autoridades investigadoras, los derechos de las víctimas y la aplicación de protocolos especializados homogéneos en todo el país.

Esos protocolos deberán incluir perspectiva de género, debida diligencia reforzada, análisis del contexto de violencia, preservación adecuada de indicios y coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.

La reforma también incorpora datos del INEGI para describir el entorno de violencia previo al feminicidio. Según la ENDIREH 2021, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más, equivalente a 70.1%, han vivido al menos un incidente de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminatoria a lo largo de su vida.

Con esa base, el proyecto entiende la violencia feminicida como la culminación de un continuo de agresiones que atraviesa los ámbitos familiar, comunitario, laboral e institucional. Por eso plantea que la respuesta del Estado no se limite al castigo, sino que combine prevención, investigación eficaz, sanción, atención y reparación integral del daño.

El proyecto crea registros nacionales para víctimas y menores en orfandad

Otro componente de la iniciativa es la consolidación de un registro interinstitucional de feminicidios. Su función sería integrar antecedentes de violencia, relación entre víctima y agresor, contextos de riesgo y circunstancias del delito para identificar patrones y activar intervenciones tempranas.

El documento sostiene que en múltiples casos se han documentado agresiones previas del mismo agresor, como violencia familiar, amenazas, golpes o agresión sexual, pero la información permanece fragmentada entre áreas de seguridad pública, procuración de justicia, salud y atención a víctimas. Esa dispersión, añade, impide detectar a tiempo factores de riesgo y responder de forma preventiva.

La propuesta también crea un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio. La intención es identificar a las víctimas indirectas, generar estadística confiable, dar seguimiento a su situación social y jurídica y garantizar acceso a apoyo psicológico especializado, servicios integrales de salud, continuidad educativa, asistencia jurídica y programas sociales.

Ese registro operaría con criterios estrictos de confidencialidad y protección de datos personales. También busca articular la intervención del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de las autoridades responsables de la protección de la niñez y la atención a víctimas.

En materia de prevención y atención, el proyecto ordena a la Federación, los estados, la CDMX y los municipios promover y fortalecer espacios especializados como los Centros de Justicia para las Mujeres y los Centros LIBRE.

La meta es ampliar la cobertura de servicios, facilitar la denuncia, coordinar a las instituciones y asegurar medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición conforme a la Ley General de Víctimas.