Hija de Ernesto Ruffo Appel solicita protección de Estados Unidos, insiste en que su padre es “preso político”

La tarde de este 22 de julio, Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien es acusado por delincuencia organizada y huachicol fiscal, acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para solicitar “ayuda y protección” por parte del gobierno de Donald Trump, tras el proceso penal que enfrenta su padre.

La mujer afirmó que tras las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de su padre, ha sido víctima de hostigamiento, tras la defensa pública que ha emprendido en los últimos días.

Acusó que Ruffo Appel es “preso político” del Gobierno de Claudia Sheinbaum, a quien responsabilizó “de la salud y la integridad” del hombre que un día hizo historia en las filas del Partido Acción Nacional (PAN), convirtiéndose en el primer gobernador de oposición.

Situación legal de Ruffo Appel se podría definir la madrugada del jueves

Ernesto Ruffo se encuentra en audiencia desde la tarde del viernes, donde se define si será vinculado a proceso penal o será puesto en libertad, lo que dependerá de las pruebas aportadas por la Fiscalía, este proceso se ha alargado hasta este miércoles y se prevé que por la noche o la madrugada del jueves se conozca la decisión del juez.

La audiencia para determinar la situación legal de Ruffo Appel, y de siete personas más, se lleva a cabo por videoconferencia, en la sala 1 de diligencias del Centro de Justicia del Altiplano. El encuentro es privado, por lo que el Ministerio Público y la defensa de los acusados intervienen a distancia, dejando sin acceso a la prensa que cubre el caso del político.

El exgobernador de Baja California es acusado por formar parte de “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”, operación que realizaba a través de su empresa Ingemar.

PAN y Somos MX acusan persecución política

Partidos de oposición como el PAN y Somos MX se han posicionado al respecto de la detención de Ruffo Appel, señalando que se trata de un acto de persecución política. El dirigente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero, ha enfatizado que la ley debe aplicarse de manera pareja, sin importar filiación partidista. Advirtió que resulta curioso que, en medio de investigaciones que vinculan a políticos de Morena con el crimen organizado, el gobierno federal inicie una “cacería de brujas” contra figuras de la oposición.

Romero señaló que corresponde a Ruffo Appel aclarar los señalamientos en su contra conforme al debido proceso, aunque advirtió que hay preocupación porque el rigor judicial no se aplica de la misma forma en casos donde existen acusaciones graves contra funcionarios oficialistas. Agregó que el PAN presentará denuncias y exigirá la comparecencia de los funcionarios responsables ante el Congreso, pues considera inadmisible que la soberanía nacional se negocie a cambio de impunidad para aliados del poder.

Somos México, por su parte, exigió la liberación inmediata de Ruffo Appel y ha calificado la detención como un atropello en contra de su integrante y consejero consultivo. Sostiene que las acusaciones contra el ex gobernador son inconsistentes, ya que la empresa de la que es socio cuenta con aval de aduanas, SAT y la Secretaría de Energía.

Han destacado que la relación directa de la empresa es con la Agencia Nacional de Aduanas de México, responsable de certificar los productos que ingresan al país, y acusan a la Fiscalía de actuar de manera selectiva mientras ignora las evidencias de tráfico ilegal de combustible por parte de autoridades federales y gobernadores de Morena.

Ambos partidos coinciden en que el caso de Ruffo Appel es una cortina de humo para desviar la atención pública de los escándalos que involucran a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a otros funcionarios ligados a hechos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Sostienen que los responsables del mayor desfalco fiscal en la historia del país siguen operando con impunidad bajo la protección del actual régimen y que las acciones judiciales recientes buscan intimidar y debilitar a la oposición.