En México, ser periodista significa enfrentar un contexto de incertidumbre en materia de seguridad, el miedo permea sobre todo en los estados, donde la violencia se ha apoderado de la vida cotidiana y limita el ejercicio de la libertad de expresión para no poner en riesgo la propia vida. Sin embargo, distintas organizaciones han documentado que los profesionistas que abordan temas de crimen o política estarían expuestos a un mayor número de amenazas, situación que puede escalar hasta su asesinato.
Veracruz encabeza el registro de periodistas asesinados
Este 22 de julio de 2026, los medios nacionales han registrado el asesinato en vía pública del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien se encontraba en un puesto de comida al momento de ser atacado a balazos por dos sujetos en el municipio de San Pablo Etla, en la región de los Valles Centrales en Oaxaca.
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El caso ha conmocionado una vez más al gremio, debido a que el trabajo de Leyva Aguilar se centraba en críticas al gobierno de Salomón Jara Cruz, además, abordaba temas políticos de interés público en el estado, su labor periodística era registrada a través de la columna digital “El Zumbido del Moscardón”.
Apenas hace unos días (16 de julio), la prensa mexicana daba cuenta de otro ataque armado en contra del director de “Noticias San Martín Texmelucan”, Josué Martínez Contreras. El crimen habría ocurrido en la calle Leona Vicario, ubicada en la colonia San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
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El también activista, ejercía como reportero y publicaba el acontecer diario de la comunidad, reportes indican que habría recibido amenazas de muerte desde seis meses atrás. El hijo de Martínez Contreras, un adolescente de 13 años, denunció lo ocurrido.
El 3 de julio, el periodista ambiental independiente, Manuel Alejandro Moreno Serna, fue localizado sin vida en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Su labor giraba en torno a la documentación y denuncia de disputas territoriales, así como posibles actos de corrupción de grandes proyectos inmobiliarios.
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Junio también se vio marcado por la violencia contra quienes ejercen la libertad de expresión, la periodista Roxana Berenice Guzmán, fue encontrada sin vida un mes después de que su secuestro acaparara los reflectores, tras haber sido grabado al interior de su casa, donde se encontraba con su familia; el crimen ocurrió en Nanchital, Veracruz.
La entidad gobernada por Rocío Nahle acapara las cifras de crímenes mortales en contra de periodistas; en Poza Rica, dos periodistas fueron asesinados, Luis Ángel López Valdez y Carlos Castro, el 11 de junio y el 8 de enero, respectivamente.
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En Nuevo León, los diarios registraron el asesinato de Juan David Gámez, director del portal Táctica SS, ocurrido el pasado 18 de marzo, quien perdió la vida cuando manejaba su motocicleta, previamente habría recibido amenazas de muerte relacionadas con el ejercicio de su labor, donde daba cobertura a temas de seguridad y delincuencia.
Los posicionamientos de gobierno sin efectos en políticas públicas
Ante los múltiples asesinatos registrados en contra de la prensa mexicana, quienes encabezan los gobiernos estatales salen a dar posicionamientos públicos condenando los crímenes, sin embargo, las autoridades siguen presentando dilación en las investigaciones para esclarecer cada uno de los casos.
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Organizaciones como Article 19 ha exhibido la inacción de las autoridades ante la denuncia de amenazas en contra de los comunicadores, incluso, han realizado distintos llamamientos al para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para “brindar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de su familia y colegas periodistas”.
La violencia contra periodistas se incrementó a partir del sexenio de Felipe Calderón, quien al dejar el cargo en 2012 fueron registrados 48 asesinatos; tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como en el de Andrés Manuel López Obrador, la violencia cobró la vida de 47 comunicadores en cada sexenio.
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