Madres Buscadoras niegan financiamiento, exigen al Gobierno frenar represión y criminalización por protestar durante el Mundial

Defensores de derechos humanos y de familias buscadoras de desaparecidos exigieron al gobierno de México detener la criminalización y represión en su contra, al denunciar un patrón de estigmatización y la obstaculización de las protestas que realizaron esta semana, en el marco de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026.

En un comunicado en conjunto, organizaciones como DATACIVICA, Fundar, Red TDT y Luz de Esperanza, entre otras, indicaron que entre el 4 y el 11 de junio, familias buscadoras de distintos estados participaron en protestas pacíficas para visibilizar la crisis de más de 134 mil personas desaparecidas en México.

Sin embargo, en vez de responder a las demandas de búsqueda, las autoridades respondieron con una “presencia desproporcionada de elementos policiales”, encapsulamientos y citatorios judiciales.

A esto se sumó que en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum el 11 de junio pasado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, cuestionó la legitimidad de las movilizaciones y señaló que presuntamente algunos colectivos de Jalico recibieron apoyos económicos de opositores al gobierno para participar en las marchas de la Ciudad de México.

En el mismo documento, los colectivos destacaron que en una manifestación simbólica en Toluca, previa al partido entre México y Serbia en el Estadio Nemesio Diez, los integrantes del colectivo Flores en el Corazón realizaron una “cascarita antimundial” con fotografías y fichas de búsqueda de sus familiares.

En esta ocasión, las autoridades rodearon a las familias buscadoras con policías, algunos montados a caballo, para impedir su paso.

En Puebla, el colectivo Voz de los Desaparecidos fue encapsulado por aproximadamente 300 elementos antimotines cerca del Estadio Cuauhtémoc. Varias integrantes sufrieron empujones y despojo de pertenencias.

Los colectivos denunciaron que tras esto último, la Fiscalía General del Estado de Puebla citó a integrantes del colectivo para el día exacto de la inauguración del Mundial, lo que consideraron una maniobra para impedir su participación.

Posteriormente, 17 autobuses con madres, padres y normalistas de Ayotzinapa fueron retenidos en la caseta de Tlalpan, en la Ciudad de México, bajo el argumento de “seguridad nacional”.

Los familiares señalaron irregularidades en el procedimiento, afirmando que los artefactos hallados no estaban presentes en la primera revisión y denunciaron la presencia de un infiltrado. La acción provocó la cancelación de su mitin en el Hemiciclo a Juárez.

El miércoles pasado, también en la Ciudad de México, colectivos de madres buscadoras que se manifestaban sobre Calzada de Tlalpan pocas horas antes de la inauguración del Mundial también fueron encapsulados por decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Rechazo a la estigmatización y exigencias al gobierno federal

Las familias y organizaciones rechazan las declaraciones de la Secretaría de Gobernación sobre el financiamiento de las movilizaciones y acusaron que insinuar “intenciones ajenas” constituye un acto de estigmatización pública y aumenta los riesgos de seguridad para las familias.

En este sentido, exigieron al gobierno federal:

• El cese inmediato de declaraciones y acciones que criminalicen la protesta de familias buscadoras.
• La garantía de su derecho a manifestarse.
• El esclarecimiento de la retención del contingente de Ayotzinapa.
• La seguridad de los colectivos de Jalisco, además de una respuesta institucional sustantiva a las demandas de localización, verdad y justicia.

Las familias adviertieron que “desviar el debate hacia el financiamiento” y no reconocer la crisis de desapariciones es una estrategia de deslegitimación.

“La soberania y la grandeza de un Estado no se miden por la capacidad de organizar un Mundial, sino por su capacidad de garantizar justicia y su voluntad de responder a quienes buscan a sus seres queridos con sus propias manos.

“Las familias buscadoras no son un problema de seguridad publica ni un asunto de financiamiento politico. Son victimas que exigen lo que el Estado les debe: verdad y justicia”, concluyen.