San Luis Potosí deroga ley que regulaba el uso de la IA y amenazaba la libertad de expresión

El Congreso de San Luis Potosí resolvió derogar los delitos vinculados al uso de inteligencia artificial en el estado, conocidos como “Ley Serrano”, tras meses de controversia pública por su efecto sobre la libertad de expresión en el ejercicio periodístico en la entidad.

Esta decisión se tomó después de que organizaciones civiles y periodistas documentaron casos de acoso judicial y detenciones motivadas por estas normas, las cuales consideraron ambiguas, lo que generó un amplio reclamo social. El caso recibió atención nacional, siendo comentado incluso por la presidenta Claudia Sheinbaum por la magnitud de las afectaciones y la presión generada por organismos defensores de derechos humanos.

A través de un comunicado, Artículo 19, una de las organizaciones que dio mayor cobertura a este tema y que encabezó una campaña para la derogación de esta ley, recordó la crisis que actualmente vive el país en cuanto a violencia contra periodistas.

Tan solo en 2025, al menos 69 periodistas y medios de comunicación en México fueron objeto de procesos legales por acoso judicial, una cifra que equivale a un nuevo caso cada seis días. Esta cifra evidencia un uso extendido de marcos legales difusos, que facilitó ataques contra la labor informativa y la censura en distintos estados.

En San Luis Potosí, la aplicación de los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter, implementados mediante la llamada Ley Serrano, permitió la detención de comunicadores y la emisión de órdenes de aprehensión contra al menos ocho personas relacionadas con el ejercicio periodístico.

La derogación ocurrió después de la campaña de presión encabezada por Artículo 19, Perteneces, A.C. y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que impulsaron acciones legales para frenar lo que consideraron un abuso del derecho penal. Estas organizaciones señalaron la falta de criterios claros y la amplitud de los delitos tipificados, lo que propició un entorno de criminalización y restricción de derechos.

La ley Serrano facilitaba el hostigamiento gubernamental y judicial contra periodistas

La Ley Serrano entró en vigor el 14 de noviembre de 2025 tras su aprobación por el Congreso estatal, incluyendo figuras penales como el uso no autorizado de imagen o voz, suplantación de identidad y difusión de desinformación mediante inteligencia artificial. Desde su promulgación, distintas voces advirtieron que la redacción de los delitos era tan amplia y ambigua que abría la puerta a interpretaciones arbitrarias y procesos penales contra personas que ejercían su derecho a la crítica.

En menos de un mes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que colectivos y periodistas impulsaban amparos y cartas públicas dirigidas al Congreso y la Fiscalía estatal. “La Ley Serrano carece de técnica legislativa y viola principios de certeza y taxatividad”, eran las principales exigencias de las organizaciones.

La iniciativa de derogación fue presentada en junio de 2026 por habitantes del estado y activistas, después de que la ley permitiera la detención de periodistas y la emisión de más de una decena de órdenes de aprehensión. La presión social y la documentación de casos concretos de acoso judicial aceleraron la discusión parlamentaria y llevaron a la eliminación de los artículos penales.

Ley Serrano no ha sido la única que pone en riesgo a comunicadores

La Ley Serrano no fue la única legislación que afectó derechos digitales en México. En abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley de Ciberasedio de Puebla, que sancionaba penalmente conductas como “vigilancia”, “hostigamiento” u “ofensa” en redes sociales. Estas normas, al carecer de definiciones precisas, convirtieron el sistema de justicia en un instrumento para restringir la libertad informativa y ciudadana.

Artículo 19 advirtió que el uso de leyes penales ambiguas genera un ambiente de censura y autocontrol en la prensa, como se evidenció en San Luis Potosí, donde al menos 16 periodistas y activistas fueron perseguidos judicialmente durante el último mes de vigencia de la Ley Serrano.

La experiencia potosina llevó a organizaciones y especialistas a exigir que los congresos estatales y el federal se abstengan de aprobar normativas que permitan la censura o la persecución judicial. También demandaron que las personas legisladoras cuenten con formación en derechos digitales y libertad de expresión para evitar la repetición de escenarios como el registrado en San Luis Potosí.