INE rechaza convertirse en filtro de “narcocandidatos” y advierte riesgos para su imparcialidad

La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, expresó sus reservas sobre la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear un mecanismo que permita detectar posibles vínculos entre candidatos y el crimen organizado antes de las elecciones de 2027.

Durante una conferencia de prensa, Taddei señaló que la reforma podría colocar al INE en una posición que pondría en riesgo su imparcialidad, al asumir funciones que, afirmó, corresponden a instancias de investigación y procuración de justicia.

Reforma electoral busca frenar candidaturas ligadas al crimen organizado

La propuesta enviada por el Gobierno federal plantea modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano integrado por cinco consejeros electorales con periodos de tres años.

El objetivo sería revisar perfiles de aspirantes a cargos públicos y alertar a los partidos políticos sobre posibles riesgos relacionados con delincuencia organizada, corrupción o financiamiento ilícito.

La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la comisión tendría acceso a información proporcionada por organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el planteamiento oficial, el mecanismo operaría bajo criterios de confidencialidad y no implicaría procesos penales ni sentencias judiciales, sino una evaluación preventiva para que los partidos definan si mantienen o no determinadas candidaturas.

Taddei insiste en mantener separación de funciones dentro del INE

Guadalupe Taddei sostuvo que el instituto no cuenta con herramientas legales ni metodologías para determinar si una persona representa un riesgo por presuntos vínculos ilícitos.

La titular del órgano electoral afirmó que el INE debe conservar exclusivamente sus funciones constitucionales relacionadas con la organización de elecciones y la garantía de principios como legalidad, equidad y transparencia.

Entre los puntos que destacó la consejera presidenta se encuentran:

• El INE no es una autoridad ministerial ni judicial.
• El organismo no tiene facultades de investigación criminal.
• La responsabilidad de elegir candidaturas sigue siendo de los partidos políticos.
• El mecanismo propuesto sería opcional para las fuerzas políticas.
• El árbitro electoral debe mantenerse neutral frente a todos los actores políticos.

Taddei subrayó que convertir al instituto en una instancia que “juzgue” o determine la probidad de aspirantes podría colocarlo en el centro de disputas partidistas.

Operación Enjambre detonó propuesta del Gobierno federal

La iniciativa fue presentada luego de diversos casos de alcaldes y funcionarios detenidos por presuntos nexos con grupos criminales, particularmente en municipios del Estado de México y Morelos.

El Gobierno federal ha señalado que la llamada Operación Enjambre reveló posibles esquemas de infiltración del crimen organizado en estructuras municipales mediante financiamiento ilícito de campañas electorales.

Investigaciones federales apuntan a que al menos ocho municipios de Morelos habrían sido afectados por estas redes, lo que derivó en órdenes de aprehensión y en la designación de autoridades interinas en algunas alcaldías.

Ante este contexto, Claudia Sheinbaum argumentó que tanto el INE como los partidos políticos necesitan mecanismos preventivos para identificar perfiles de riesgo antes de que aparezcan en las boletas electorales.

Debate político crecerá rumbo al Congreso y elecciones de 2027

La reforma será discutida durante el próximo periodo extraordinario del Congreso de la Unión y ya abrió un debate sobre los límites entre seguridad, democracia y derechos políticos.

Mientras el Gobierno federal sostiene que el objetivo es impedir la infiltración del crimen organizado en procesos electorales, críticos y especialistas advierten que el mecanismo podría derivar en decisiones discrecionales o presiones políticas si no existen reglas claras y criterios transparentes.

La discusión también ocurre en un momento clave para el sistema electoral mexicano, ya que las elecciones intermedias de 2027 serán las primeras tras la reforma judicial y el proceso electoral federal de 2024.

Por ahora, el INE dejó claro que respalda el análisis de medidas para fortalecer la integridad electoral, pero insiste en que no puede asumir funciones de investigación ni convertirse en una autoridad inquisidora sobre las candidaturas.