
La urgencia por atender las necesidades de cuidado en México se ha intensificado en los últimos años, impulsada por una rápida transformación demográfica.
Actualmente, el país experimenta una disminución en los nacimientos, pero registra un crecimiento constante en el número de adultos mayores y personas que viven con enfermedades crónicas, como diabetes, cáncer y afecciones renales. Esta realidad exige una atención prolongada y especializada, frecuentemente fuera del alcance económico de la mayoría de las familias mexicanas, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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La pregunta fundamental “¿Quién cuida al enfermo o a la persona con discapacidad?“ tiene mayor relevancia en estos días, en un contexto donde contratar servicios profesionales, como enfermería, está fuera del presupuesto de muchos hogares.
Tradicionalmente, la responsabilidad recaía en las familias, pero esta dinámica ha cambiado tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2025, que reconoció el cuidado como un derecho autónomo e intransferible. Ahora, el Estado debe asegurar tanto el derecho a cuidar como a ser cuidado, así como el autocuidado.
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La feminización del cuidado en México
Este giro legal y social tiene profundas implicaciones políticas y económicas. El INEGI reporta que 58.3 millones de personas en el país podrían requerir cuidados, mientras que 31.7 millones los ofrecen, siendo el 75.1 % mujeres. Este fenómeno, conocido como “feminización del cuidado”, perpetúa desigualdades y asigna esta labor como una obligación a la población femenina.
El papel de cuidador transforma la vida de quien lo asume. En el mejor de los casos, dignifica, promueve la empatía y la compasión; en otros, genera agotamiento, enojo y soledad cuando no existe apoyo ni reconocimiento, ni compensación económica.
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La doctora Estela Roselló Soberón, coordinadora del proyecto “Cuidados para la Vida y el Bien Común” en la UNAM, resaltó la importancia de crear una red corresponsable que involucre a todos los sectores sociales para mejorar la calidad de vida de quienes necesitan y otorgan cuidado.
Estas labores incluyen supervisar actividades cotidianas como baño, alimentación, vestido y movilidad; dar contención emocional, planificar rutinas, apoyar en tareas del hogar, resolver conflictos y colaborar en el bienestar de la salud, desde la toma de signos vitales hasta la administración de medicamentos y el acompañamiento a consultas médicas.
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Reconocer y legislar sobre el derecho al cuidado implica no solo un avance en derechos humanos, sino un reto político y económico de gran alcance para el país.
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