La población carcelaria de México alcanzó su cifra más alta al cierre de un año en diciembre de 2025, con más de 256,000 personas privadas de libertad, según el Índice de Paz México 2026 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP). El aumento equivalió a casi 21 mil nuevos reclusos en un solo año, un 8.9 por ciento más que en 2024 y el mayor incremento registrado en términos absolutos y relativos.
El dato contrasta con la otra gran cifra del mismo informe: los homicidios bajaron 22.7 por ciento ese año, lo que representó cerca de siete mil muertes menos que en 2024 y la caída anual más pronunciada de la que se tiene registro en el país.
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La estrategia de Sheinbaum y el papel de la inteligencia
La reducción de la violencia no llegó sola. El IEP atribuyó el avance, al menos en parte, a una postura de mayor aplicación de la ley bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que desde octubre de 2024 puso el énfasis en el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la inteligencia y la coordinación institucional.
El nombramiento de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad colocó la capacidad investigativa en el centro de esa estrategia. Eso permitió al gobierno federal identificar objetivos con mayor rapidez y coordinar arrestos entre dependencias de forma más eficaz, según el mismo reporte.
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La presión de Washington y la Operación Frontera Norte
La presión externa también incidió en el alza de detenciones. La administración del presidente Donald Trump exigió a México actuar con mayor velocidad contra personas con presuntos vínculos con los cárteles, bajo amenaza de ampliar los aranceles a las importaciones mexicanas.
Esa presión tuvo una expresión concreta: el 5 de febrero de 2025, días después de que Trump amenazara con un arancel del 25 por ciento, México lanzó la Operación Frontera Norte. Para finales de diciembre, el Gabinete de Seguridad informó que la operación derivó en la detención de 10 mil 379 personas y la confiscación de miles de armas.
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La reforma judicial y el sistema penitenciario
Las dinámicas del sistema de justicia también contribuyeron al fenómeno. Tras la reforma judicial de 2024, que introdujo la elección directa de jueces, los ingresos a los centros penitenciarios superaron con creces a las liberaciones.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron que esa reforma podría debilitar la independencia judicial y erosionar garantías del debido proceso. Su contribución exacta al incremento en los encarcelamientos, señaló el IEP, resulta difícil de aislar con precisión.
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Un sistema al límite de su capacidad
Para febrero de 2026, los registros oficiales ya contabilizaban más de 260 mil personas recluidas en las 276 prisiones del país, con una tasa de ocupación del 115 por ciento. El IEP indicó que México tiene la novena mayor población penitenciaria del mundo en términos absolutos.
En términos per cápita, el país registró aproximadamente 192 internos por cada 100 mil habitantes, cifra que supera el promedio global de alrededor de 140, según datos del World Prison Brief citados en el informe. El 42.4 por ciento de esa población se encontraba en prisión preventiva, sin sentencia firme.
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El costo económico del encarcelamiento masivo
El crecimiento del sistema penitenciario tuvo un precio medible. El IEP calculó que el costo indirecto del encarcelamiento —medido como ingreso laboral perdido valuado al salario mínimo— ascendió a aproximadamente 13 mil millones de pesos anuales.
Alojar a los 21 mil internos adicionales implicó al menos mil millones de pesos más en producción económica perdida, sin contar los costos directos de procesar e internar a los infractores. El impacto total del encarcelamiento sobre el presupuesto público, advirtió el instituto, se reflejará de manera más completa en estimaciones futuras.
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El déficit judicial que alimenta la impunidad
El IEP advirtió que suprimir la violencia mediante la fuerza puede generar avances en el corto plazo, pero no resuelve las condiciones estructurales que dan origen al crimen organizado. México contaba con apenas dos jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, una séptima parte del promedio mundial, lo que alimentó acumulaciones de casos y altos niveles de impunidad.
Si el país podrá consolidar las mejoras recientes, concluyó el instituto, dependerá no solo de la eficacia policial y militar, sino de la capacidad de su arquitectura judicial para procesar casos, adjudicar responsabilidades y reducir los factores que subyacen a la violencia.
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