Hombre amenaza a empleada del IMSS en SLP con “matarla y meterla en una bolsa” por darle mal servicio

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí informó que activó sus protocolos de atención y seguridad tras un incidente en la Unidad Médico Familiar No. 7, donde un usuario amenazó de muerte a una trabajadora del instituto.

El altercado fue grabado por empleados y difundido en redes sociales. De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, el hombre, de entre 40 y 50 años de edad, comenzó a agredir verbal y físicamente a una asistente médica que había atendido y registrado el ingreso de su esposa.

Video expone amenazas contra empleada del IMSS

“La próxima vez que venga mi esposa y la trates mal, te meto en una pinche bolsa de basura y te mato, pende..”, grita el sujeto, al tiempo que de un manotazo arroja el teclado violentamente contra la empleada.

Los clips se viralizaron y generaron rechazo generalizado. Mediante un comunicado, el IMSS condenó el incidente e informó que brindó acompañamiento a la empleada agredida.

Hasta el momento, autoridades locales no confirman si la empleada del instituto presentó una denuncia contra su agresor.

¿Cuáles son los cargos por amenazas en SLP?

En San Luis Potosí, el delito de amenazas (incluyendo las de muerte) se castiga con una pena de 6 meses a 2 años de prisión y una sanción pecuniaria.

Esta penalidad está establecida en el Artículo 147 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, el cual define este ilícito como la acción de intimidar a alguien con causarle un mal futuro en su persona, bienes u honor, o de tratar de impedir que ejecute lo que tiene derecho a hacer.

Consideraciones importantes:

• Naturaleza del delito: El delito de amenazas se persigue por querella, lo que significa que la víctima debe presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público para que proceda la investigación.
• Agravantes: Las sanciones pueden aumentar dependiendo del contexto, la relación con el agresor o si las amenazas están vinculadas a otros delitos (como violencia de género, extorsión o cobranza ilegítima), donde además aplican medidas de protección inmediatas para salvaguardar la integridad de la víctima.